Tremendo enfado en los cuarteles generales de las organizaciones sindicales y empresariales. El Gobierno aprueba este martes en Consejo de Ministros el plan de respuesta al impacto socioeconómico de la guerra en Ucrania, que incorpora un paquete de medidas laborales para hacer frente a la crisis derivada del conflicto bélico. Pero ese apartado no ha sido negociado con los agentes sociales, lo que ha provocado un gran malestar en la patronal y en los sindicatos. Fuentes de ambos flancos del diálogo social expresan a La Información su rechazo al modus operandi de Pedro Sánchez y advierten de que no firmarán un futuro pacto de rentas que no incorpore sus demandas.
Tanto desde la CEOE como desde CCOO y UGT aseguran que ninguna de las medidas que ven la luz este martes en Consejo de Ministros han sido abordadas en la mesa de diálogo social. "Ni formal ni informalmente, no nos han comentado nada", afirman desde Comisiones Obreras. "Este plan se aprueba sin diálogo social porque Sánchez lo ha orillado", critican fuentes de la cúpula de la patronal. "No tenemos conocimiento de las medidas", denuncian en UGT. La indignación es generalizada, porque en las reuniones que han mantenido con el Gobierno no se ha concretado ninguna media y ahora se aprueba un paquete laboral que no cuenta con el visto bueno de los agentes sociales y del que ni siquiera han sido informados previamente.
El presidente del Gobierno anunció a primera hora de este lunes algunas de las medidas que incorpora el bautizado como plan nacional de respuesta al impacto socioeconómico de la guerra en Ucrania. Entre otras, medidas dirigidas a proteger el empleo, "evitando el despido", en palabras de Sánchez. Un veto promovido por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que, tras intensas negociaciones, ha sido rebajado por la vicepresidenta primera y titular de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y finalmente solo afectará a las empresas que reciban ayudas públicas. Ni la patronal ni los sindicatos comparten las formas en que los socios de la coalición han negociado este plan, ignorando el diálogo social.
El PSOE y Unidas Podemos han estado negociando internamente durante dos semanas y han acordado un plan de choque dividido en cinco ejes, donde también se incluyen medidas dirigidas a apoyar el tejido económico y empresarial y a rebajar la factura energética a familias y trabajadores, pero ninguna de ellas ha sido consultada con los agentes sociales. En el ámbito laboral, el presidente del Gobierno solo ha anticipado que evitarán los despidos y que las empresas podrán acudir a los mecanismos de flexibilidad interna, pero no se han facilitado los detalles ni a la patronal ni a los sindicatos. Fuentes gubernamentales justifican que se trata de "medidas laborales en línea con las que fueron pactadas en la pandemia".
El pacto de rentas, en peligro
El problema que destacan tanto desde CEOE como desde los sindicatos es que el veto al despido fue anunciado inicialmente por Yolanda Díaz, confirmado después por Pedro Sánchez y matizado a posteriori por Nadia Calviño. "Lanzan anuncios a la prensa que no han sido consensuados en el diálogo social", denuncian. En este contexto, los interlocutores del Gobierno en el ámbito tripartito amenazan con no apoyar un pacto de rentas si no se incorporan sus demandas. En el marco bipartito, patronal y sindicatos están negociando el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que incluye la recomendación de subida salarial, pero Sánchez está intentando promover un gran acuerdo a nivel nacional que incorpore otros aspectos para blindar la rentas frente a la inflación... y en estos momentos peligra.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido públicamente al Gobierno que no actúe como mero espectador que demande a patronales y sindicatos alcanzar un pacto salarial y que ponga medidas sobre la mesa para facilitarlo, incluyendo una reducción drástica de los precios y recursos para que los salarios más bajos puedan afrontar este 2022 en mejores condiciones. En este sentido, el líder sindical exigido al Ejecutivo una solución para los más de 9 millones de personas que cobran menos de 1.000 euros, entre trabajadores, parados y beneficiarios de pensiones no contributivas. Podría ser una prestación o un pago único, pero el propio Sordo ha reconocido que el Gobierno va a quedarse corto en este punto, por eso pide a Sánchez que se siente a negociar un paquete de medidas más ambicioso para poner en marcha en las próximas semanas.
CCOO exige al Gobierno una ayuda para los más de 9 millones de ciudadanos que cobran menos de 1.000 euros
Las cúpulas de las organizaciones patronales y sindicales rechazan la presión gubernamental a la que están sometidas. "Negociaremos lo que las partes consideremos, no lo que diga el Gobierno", avisan desde uno de los grandes sindicatos en referencia a la intención de Yolanda Díaz de que la posibilidad de prohibir las rebajas de sueldos durante esta crisis se aborde en la mesa del AENC. La vicepresidenta quería incorporar esa medida al plan de choque se aprueba este martes, pero el área económica del Ejecutivo vinculada al PSOE la ha frenado. "Si quieren hacer algo que lo hagan, a ser posible con consulta a los agentes sociales, cosa que no están haciendo, pero que no anuncien cosas que luego les cargan a otros", concluyen fuentes sindicales.
La indignación también crece en la patronal. La organización que preside Antonio Garamendi ya cargó duramente contra el Gobierno la semana pasada en un comunicado en el que urgió al Ejecutivo a tomar medidas ante la crisis desatada en el sector de los transportes y clarificar y detallar "con la máxima urgencia las medidas que prevé adoptar para poner freno a la elevación de los costes energéticos y a la espiral inflacionista", que "amenaza con una gran crisis económica y social". "El clamor de las empresas y de la sociedad amenaza con desbordarse ante la inacción política", advertían los empresarios en la nota remitida a los medios. Garamendi, por cierto, no estuvo en el acto de presentación del plan de choque este lunes, aunque sí acudió a la llamada de Sánchez su número dos, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. A la espera de conocer la letra pequeña del BOE, desde la CEOE anticipan que las medidas adoptadas no son suficientes y exigen contundencia al Gobierno en un plan de choque más ambicioso que debe negociarse en el diálogo social.
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