Sánchez perfila un alza fiscal silenciosa frente al alud de impuestos de Iglesias

"Lo de la reforma laboral fue más ruido que otra cosa. Todos tenemos claro que donde seguro va a haber batalla es en la orientación de la política fiscal". En el Gobierno no ocultan la distancia sideral que separa las posiciones en materia fiscal de Pablo Iglesias y los suyos con las que defiende el área económica del Ejecutivo, con Nadia Calviño y María Jesús Montero como representantes más relevantes. La facción de Unidas Podemos tampoco se ha ocupado demasiado en maquillarlas y bien al contrario maniobró de forma decidida en cuanto la Comisión parlamentaria para la Reconstrucción Económica y Social echó a andar para poner en el escaparate alguna de sus medidas más emblemáticas y audaces, como ese Impuesto sobre las Grandes Fortunas con el que aspiran a recaudar nada menos que 11.000 millones de euros extra de una sola tacada - ni siquiera la célebre subida de IRPF de Montoro en 2012 lo consiguió-. 

El Impuesto a las Grandes Fortunas no es más que el mascarón de proa del ambicioso replanteamiento del sistema fiscal que propugna Unidas Podemos,  que está plasmado en el documento 'Horizonte País' presentado en la Comisión de Reconstrucción, que sitúa como horizonte cerrar la brecha de ingresos de alrededor de 80.000 millones de euros que nos separa de la media de la UE y que prevé la creación de un ramillete de nuevos impuestos sobre la banca - para recuperar las ayudas públicas del rescate bancario -, sobre las sociedades patrimoniales, sobre los salarios más altos - en el IRPF y en las cotizaciones a la Seguridad Social -, sobre el automóvil, sobre la vivienda, sobre el juego, sobre las emisiones contaminantes....

Un esquema tributario que haría entrar en 'estado de shock' a cualquier liberal y que en el Gobierno se observa como completamente inviable. Fuentes de Moncloa aseguran que pese a la presión de Podemos el Ejecutivo no tiene intención alguna de separarse de la 'hoja de ruta' ya marcada en el proyecto de Presupuestos de 2019 y reafirmada con posterioridad tanto en el acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos como en la documentación que se ha ido remitiendo durante estos meses a la Comisión Europea.

El plan es conocido. Creación de dos nuevas figuras impositivas, el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto a las Transacciones Financieras, que ya están en tramitación parlamentaria; implantación de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades; subida del IRPF a las rentas más altas, con la creación de un nuevo tramo a partir de los 120.000 euros; penalización fiscal a determinados 'instrumentos para ricos' como las socimi y las sicav; y si las circunstancias lo permiten introducción de una cierta armonización en el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones principalmente para desactivar el oasis fiscal madrileño.

Las claves de la subida de impuestos 'silenciosa' que viene

Fuentes conocedoras de los trabajos dentro del área fiscal del Gobierno advierten, no obstante, de que los devastadores efectos de la Covid-19 sobre las cuentas públicas han persuadido al Ejecutivo de que ese pack fiscal podría llegar a quedarse corto dada la magnitud del proceso de consolidación fiscal que España tiene por delante - no se debe olvidar que se espera que el déficit público finalice el año por encima del 10% del PIB -. Sin embargo, la solución al problema no se está buscando en la implantación de nuevos impuestos, sino en la 'optimización' de los ya existentes.

Mira también

Hacienda ordena una purga de beneficios fiscales para sacar 5.000 millones extra

Algo de trabajo ya está adelantado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, puso ya en enero a trabajar a la Dirección General de Tributos y al Instituto de Estudios Fiscales para disponer de un listado lo más amplio posible de medidas para mejorar el rendimiento fiscal que Hacienda obtiene de las rentas más altas. Según fuentes de Tributos, el objetivo no era buscar nuevas figuras fiscales o calcular el impacto recaudatorio de una subida de tipos, sino detectar los ángulos muertos de la regulación fiscal para bloquear mediante ajustes de naturaleza técnica las posibles grietas del sistema y garantizar el adecuado funcionamiento de los impuestos.

Otro de los vectores de actuación está siendo la detección de realidades que operan al margen del radar del sistema fiscal español, es decir, que generando beneficios no están gravadas de manera específica. Aquí afloran toda una serie de medidas de fiscalidad verde, donde España está mucho más retrasada que otros países europeos, y también de posibles gravámenes a nuevos nichos de actividad todavía no sometidos a imposición, como por ejemplo las ganancias obtenidas a través de la economía colaborativa de pequeña intensidad: viajes de bla bla car, ventas en 'market places'... 

Un ejercicio de cirugía fiscal de pequeña escala que complementará la intervención de gran escala que el Gobierno va a ejecutar en la principal vía de agua del sistema fiscal: los beneficios fiscales en los grandes impuestos. La incapacidad del Ejecutivo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado ha retrasado la aplicación de una medida con la que ya hace un año pretendían obtener entre 4.000 y 5.000 millones de euros extra sin necesidad de enfangarse en ningún debate sobre subidas de impuestos. Está previsto que este mes la Autoridad Fiscal haga público su informe de evaluación sobre una docena de beneficios fiscales en el IRPF, el Impuesto de Sociedad y el IVA - los más importantes desde el punto de vista cuantitativo - en el que el Ejecutivo prevé apoyarse para garantizarse de forma limpia e indolora con recursos equivalentes al 0,4% - 0,5% del PIB. 

"Probablemente desaparecerán tantos beneficios fiscales como recursos necesite el Gobierno", desliza uno de los expertos de cabecera en materia fiscal del Ejecutivo socialista.  El de los beneficios fiscales es un campo abonado para la 'estrategia silenciosa' de Hacienda. El Ministerio de Hacienda confesó al Tribunal de Cuentas hace ahora cautro años que no realizaba evaluación alguna sobre la eficacia real de más de 30.000 millones de euros en incentivos fiscales; 30.000 millones que se restan año tras año a la recaudación y cuya eficacia para el interés común es como mínimo cuestionable. Según las fuentes consultadas, el plan A del Gobierno pasa por aplicar las medidas de reforma fiscal previstas y ajustar las mayores o menores necesidades recaudatorias por el cauce de recortar beneficios.

La posición es más decidida a la hora de podar el IRPF, especialmente en aquellos incentivos que se sabe positivamente que benefician a las rentas más altas como los de planes de pensiones; y el Impuesto de Sociedades...pero más cauta con el IVA. Es curioso porque el IVA ha sido señalado repetidamente desde Europa como la mayor vía de pérdida de recursos fiscales de España, pero el 'barniz social' del que se ha revestido la aplicación de tipos reducidos y superreducidos hace costoso desde el punto de vista política actuar en ese impuesto.