En una reunión con la Agencia Tributaria

Santander alentó un frente de las grandes empresas para suavizar la reforma fiscal

Las mayores compañías del país pidieron a Hacienda que se contara con ellas y criticaron el uso de datos falsos para justificar la subida de impuestos

Ana Botín, presidenta del Santander / EFE
El Santander encabezó las protestas de las grandes empresas en su Foro con la AEAT por la forma en la que el Gobierno enfocó su reforma fiscal / EFE

Sucedió el pasado 11 de julio. En un ambiente de alto voltaje marcado por los ataques gubernamentales al escaso compromiso fiscal de las grandes empresas y por la ofensiva regulatoria del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez para obligar a las grandes corporaciones del país y a la banca a incrementar su contribución vía impuestos al bienestar general se celebraba la tradicional reunión de verano - hay dos encuentros a lo largo del año - del Foro de Grandes Empresas que reúne a los representantes fiscales de las principales corporaciones empresariales del país con la plana mayor de la Agencia Tributaria. 

Tras una primera intervención del por entonces recién nombrado director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, y de los miembros de su nuevo equipo, y antes incluso del turno de ruegos y preguntas, solicita la palabra la asesora fiscal del Santander, Carmen Alonso. No se anda con rodeos. Primero afea a la Agencia Tributaria por enfocar todo su interés en los llamados 'informes de transparencia', en los que las grandes empresas detallan de forma voluntaria su contribución fiscal, en perjuicio del impulso de las relaciones cooperativas entre la Agencia Tributaria y las grandes empresas que constituyen el objeto del Foro; después se sale del orden del día  para enviar lo que parece un mensaje a la ministra de Hacienda: que dada la incertidumbre generada por las medidas fiscales planteadas por el Gobierno se tenga en cuenta a las empresas y se puedan debatir esas reformas en los grupos de trabajo bilaterales ya existentes.

Pongamos la situación en contexto. El Gobierno de Pedro Sánchez había comprometido nada más aterrizar en Moncloa una dura reforma del Impuesto de Sociedades para garantizar que los grandes grupos empresariales pagaran en impuestos al menos un 15% sobre su resultado contable, una reforma sin precedentes en el mundo que amenazaba con disparar la factura fiscal de las principales empresas españolas y que algunos asesores advirtieron de que provocaría fugas de empresas; la implantación de un nuevo impuesto sobre la banca; y otro rosario de medidas para acabar con lo que consideraban una especie de 'paraíso fiscal' para las grandes empresas.

El paso de los meses normalizaría las propuestas fiscales de Sánchez - con la aplicación del suelo del 15% sobre la base imponible, no sobre el resultado contable que incluía beneficios obtenidos y ya gravados en otros países, y la renuncia al impuesto específico sobre la banca para financiar las pensiones - pero en aquel momento el planteamiento gubernamental hizo saltar todas las señales de alarma.

La intervención de la representante del Santander significó un toque a rebato. Los fiscalistas de Mapfre, BBVA, Seat y Amadeus pidieron la palabra para verbalizar ante Jesús Gascón - un alto funcionario de la Agencia Tributaria con buenas relaciones y gran ascendente dentro del mundo empresarial - sus preocupaciones en relación al nuevo contexto político y al relato del Gobierno en materia fiscal, que por aquellos días no se preocupaban por ocultar en el ámbito privado.

El mito de que las grandes empresas solo pagan un 7% en impuestos

El detalle de las intervenciones se puede consultar en el acta de la reunión disponible en la web de la Agencia Tributaria pero en esencia giraron en torno a dos temas fundamentales: los anuncios de reforma fiscal del Gobierno y la consolidación de un discurso político que atacaba a las grandes empresas por pagar pocos impuestos.

El vicesecretario del Consejo de Administración de Amadeus, Jacinto Esclapés, reivindicó el principio de relación cooperativa que justificó la creación en su día del Foro de Grandes Empresas para solicitar al Gobierno un "desarme normativo", que permita a las empresas conocer de antemano los proyectos de reforma del marco fiscal del Gobierno para poder expresar su opinión antes de encontrárselos encima. Y puso como ejemplo el proyecto de impuesto tecnológico, que se supone tendría como objetivo perseguir determinadas actuaciones elusivas de determinadas compañías pero que "de manera colateral afectará en mayor o menor medida a todas las empresas", lamentó, según el acta del encuentro.

Otro motivo de queja fue la controvertida estadística de la Agencia Tributaria que señala que las empresas solo pagan un 7% de impuestos sobre los beneficios totales que obtienen y a la que se ha enganchado tanto el Gobierno actual como el anterior para justificar las exigencias de más impuestos a las grandes empresas.

El más explícito en este asunto fue el representante fiscal de Mapfre, Antonio Lafuente, que recalcó que el dato pone en relación los impuestos que se pagan en España con el beneficio que se obtiene en todo el mundo, que no ofrece una imagen fiel del cumplimiento de sus obligaciones fiscales por parte de las grandes empresas y que "nos está haciendo mucho daño de cara a la opinión pública".

Lafuente solicitó su eliminación - algo que las grandes empresas ya han solicitado sin éxito en el mismo foro en el pasado, como publicó La Información - o como mínimo que no se utilice en el debate público para no generar una imagen distorsionada sobre el cumplimiento fiscal de las empresas. Un asunto en el que también incidió el representante de BBVA, José María Vallejo, que subrayó que su utilización genera "un coste reputacional inmerecido" a las grandes empresas

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