La negociación para la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos encara su recta final y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aún no ha logrado alcanzar un acuerdo con la patronal, los sindicatos y las principales organizaciones representativas del colectivo. Las próximas cuatro semanas serán clave. Mientras ATA, asociada a la patronal, continúa anclada en el 'no', UPTA y UATAE (vinculadas a UGT y CCOO, respectivamente) empiezan a preparar el terreno para un eventual acuerdo bipartito con el Gobierno y a poner sobre la mesa sus exigencias. ¿La principal? Que el pacto que salga del diálogo social no sea modificado en el Congreso de los Diputados.
Los sindicatos temen giros de última hora de Escrivá en sede parlamentaria. El ministro ya modificó en el último momento y por la puerta de atrás el bautizado como Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que pactó únicamente con los sindicatos y modificó en el trámite de enmiendas para lograr el voto favorable Esquerra Republicana. Y esta misma semana ha vuelto a negociar entre bambalinas con una formación política para sacar adelante un proyecto de ley en el Congreso. En concreto, con Bildu, para conseguir su abstención en la ley de planes de pensiones a cambio de subir las pensiones no contributivas un 15% en la próxima prórroga del escudo social contra el impacto económico de la guerra en Ucrania.
Según ha podido saber La Información, UPTA y UATAE, en connivencia con las dos grandes organizaciones sindicales del país, ya han advertido al ministro de que lo que se acuerde en la mesa del diálogo social no puede modificarse en el trámite parlamentario. "Carta en la mesa, presa", enfatizan. Esta exigencia coloca en una situación extremadamente delicada a Escrivá, toda vez que los grupos parlamentarios llevan meses recriminando al responsable de la reforma de las pensiones que se está saltando al poder legislativo al llevar reformas cerradas a votación y cerrar acuerdos sobre la bocina de manera bilateral con distintos socios políticos para sacar adelante sus proyectos. Y la queja no viene solo de los partidos de la oposición, sino que es generalizada entre los grupos.
Fuentes parlamentarias presentes en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, donde se votan las reformas de las pensiones, transmiten esta sensación y denuncian que Escrivá "no está siendo capaz de transmitir a los grupos en tiempo y forma las ideas y los proyectos que quiere desarrollar". En particular, entre los grupos de la derecha, especialmente en el Partido Popular y en Ciudadanos, se está generando un gran enfado con el ministro por este asunto. "Le falta experiencia política, porque no es un político", resumen desde el ámbito parlamentario otras fuentes que critican el modus operandi del titular de la Seguridad Social por llevar reformas clave a votación "aparentemente ya cerradas y, muchas veces, con sorpresas de última hora".
Pacta sunt servanda. Desde el flanco sindical insisten en que no van a aceptar ninguna modificación sobre el texto que salga de la negociación que finalizará a finales de este mes de junio. El temor es real porque tanto UPTA como UATAE empiezan a visualizar la posibilidad de que el acuerdo salga adelante solo con su apoyo y sin el respaldo de la patronal, que sigue rechazando todas y cada una de las propuestas del Ministerio. Y en ese caso, temen que las organizaciones empresariales puedan mover hilos los con los grupos parlamentarios para modificar la reforma durante la tramitación. En todo caso, todavía quedan cuatro semanas de negociaciones por delante y tanto CEOE como ATA aún pueden sumarse al acuerdo si Escrivá modifica los tramos planteados y los aproxima a su terreno.
Recordemos que este mismo escenario se dio con la reforma laboral y acabó provocando la carambola del Caserazo. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió con los agentes sociales a no tocar ni una coma del acuerdo durante la tramitación parlamentaria del texto. Y tanto fue así que la reforma casi decae en una votación muy ajustada, que acabó prosperando por el error de un diputado del PP, ante la negativa de los socios de ERC a sumarse a una reforma cerrada sin lugar a introducir modificaciones como un incremento en las indemnizaciones por despido. Los republicanos acusaron al Gobierno de hurtar el poder legislativo al Congreso de los Diputados en favor del diálogo social, pero Díaz no cedió y la reforma se aprobó tal cual había sido pactada.
Y ese es el mismo enfoque con el que afrontan los sindicatos ahora la recta final de la negociación de la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos para que empiecen a aportar a la Seguridad Social en función de sus ingresos reales. Las organizaciones sindicales observan cómo Escrivá empieza a maniobrar para poner en marcha una reforma de mínimos que cumpla con el hito comprometido con Bruselas y que aúne el apoyo de la patronal, a cambio de renunciar a cambios de calado para mejorar las condiciones de los autónomos. "Hay que cerrar los tramos ya y abordar el cese de actividad y la protección social", advierten desde una de las asociaciones de autónomos.
Hay que recordar que la última propuesta del Ministerio contempla cuotas de entre 250 y 550 euros mensuales para los próximos tres años, en función de los rendimientos netos de los autónomos. Para UPTA y UATAE este planteamiento es aceptable porque, según sus cálculos, beneficia a más de dos millones de autónomos que pagarán menos que en la actualidad. Sin embargo, ATA rechaza este esquema porque, a su juicio, reduce las bases de cotización a 1,3 millones de autónomos a cambio de bajar las cuotas, lo que en la práctica implica una reducción de las prestaciones futuras. A falta de cerrar los tramos, Escrivá ya está avanzando en los aspectos técnicos para adaptar el sistema de cotización antes del 30 de junio, que es cuando vence el plazo pactado con la UE. Quedan cuatro semanas de intensas negociaciones.
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