El Ministerio de Trabajo ha tenido que recurrir de urgencia a Indra ante el riesgo de perder 2.500 millones de euros de los fondos europeos del programa Next Generation EU. Como adelantó La Información, el departamento que dirige Yolanda Díaz empezó a buscar el pasado mes de junio empresas privadas capaces de suministrar el apoyo informático indispensable para poder ejecutar a tiempo los proyectos del Plan de Recuperación comprometidos con la Comisión Europea. Y finalmente, la tecnológica -propiedad del Estado en más de un 25% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)- se ha adjudicado el contrato valorado en 11,6 millones de euros (9,7 millones sin impuestos).
El contrato, según consta en la documentación consultada por este medio, tiene como objeto "el desarrollo de componentes de software para la puesta en marcha de los proyectos relacionados con los Sistemas Informáticos del Ministerio de Trabajo y Economía Social y demás actividades vinculadas a este fin, gestionados por la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia". Y en la memoria justificativa del mismo, el Ministerio asegura que la citada Subdirección General dispone de "escaso personal propio" y no cuenta con "los medios suficientes", por lo que precisa de la contratación de servicios externos para dar cobertura a las necesidades de los servicios del departamento.
Desde el departamento que dirige Yolanda Díaz justifican la tramitación de urgencia porque las "restricciones de plazo" impuestas en el marco del Plan de Recuperación, en el que el Ministerio de Trabajo participa en cinco componentes, con unas inversiones para los tres próximos años por importe de más de 2.500 millones de euros, "hacen que sea necesario ejecutar las presentes actuaciones sin dilación". Concretamente, para el cumplimiento del hito 165 de la inversión 2 del componente 11, sobre proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado, se requiere haber finalizado las licitaciones en diciembre de 2023 y, para el cumplimiento del hito 166, haber finalizado los proyectos en junio de 2025.
Si bien fuentes del Ministerio al tanto del procedimiento aseguran que la tramitación urgente es habitual en este tipo de contratos, dado que el departamento requiere de los servicios informáticos necesarios para desplegar las reformas del Plan de Recuperación en tiempo y forma. Además, la decisión de optar por el procedimiento acelerado no la toma Trabajo unilateralmente, sino que es adoptada por un órgano colegiado compuesto por la Intervención Delegada del Ministerio de Hacienda y la Abogacía del Estado. Las mismas fuentes aseguran, además, que la ejecución de los fondos europeos va "a buen ritmo", ya que en julio había superado el 50%, por lo que "no hay ningún riesgo" de perder el dinero del Next Generation.
El Ministerio asegura que la ejecución va a buen ritmo, superando el 50% en julio, y no hay riesgo de perder los fondos
El contrato, con un valor estimado de 11,6 millones de euros y un presupuesto base de licitación sin impuestos de 9,7 millones, tiene un plazo de ejecución de 30 meses que arranca el próximo 1 de octubre y está dividido en dos lotes, ambos adjudicados a Indra. El primero persigue "nuevos desarrollos y modernización de aplicaciones" en la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, como una aplicación informática para la tramitación electrónica integral de los expedientes de regulación de empleo o la modernización completa del Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo e incorporación de un módulo estadístico para los planes de igualdad de las empresas. El segundo busca lo mismo, pero para la Subsecretaría de Trabajo y Economía Social, incluido un plan integral de modernización y mejora de los sistemas de atención a los ciudadanos o la adaptación de los servicios digitales del Ministerio a las nuevas tecnologías.
Nueva Sede Electrónica
No es la única externalización que tiene en marcha la vicepresidenta Díaz. También en el marco del Plan de Recuperación, Trabajo está buscando una empresa que lleve a cabo el servicio de desarrollo para la creación e integración de una nueva Sede Electrónica del Ministerio. Por un valor estimado de casi 1,4 millones de euros, esta licitación persigue "mejorar e innovar la presentación y la gestión telemática" de los servicios hacia el ciudadano y las empresas, "desarrollando y ampliando nuevas formas y canales de acceso a la gestión de la información y que ésta sea homogénea y esté unificada". Se busca "incrementar la eficacia y eficiencia" en la gestión de los trámites administrativos, "incorporando tecnologías actuales con los más modernos estándares de seguridad y accesibilidad". "Para conseguir una buena implantación de la Administración electrónica se hace necesario adecuar los procedimientos administrativos, dotar de los medios adecuados y revisar la organización y las funciones de las distintas unidades que prestan servicio al ciudadano y empresas", justifica el contrato.
El Ministerio explica en la memoria justificativa del contrato que la transformación digital es "una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad y el aprovechamiento de todas las oportunidades, por el conjunto de la sociedad, que brindan las nuevas tecnologías", y este es un objetivo tanto de la Agenda España Digital 2025 como del Plan de Recuperación, que persigue automatizar procesos, utilizar herramientas de Inteligencia Artificial para las políticas públicas y proporcionar un servicio eficiente y personalizado a cada colectivo (ciudadanos, empresas y empleados públicos). Siendo este un "objetivo estratégico" del Ministerio.
En todo caso, el Ministerio de Trabajo no es el único que ha recurrido a empresas privadas y públicas desde la puesta en marcha del Plan de Recuperación. Desde que recibieron luz verde los fondos Next Generation EU, son varios los ministerios que han visto sus capacidades sobrepasadas y han tenido que recurrir a la subcontratación. Industria, por ejemplo, externalizó su equipo de ayuda a emprendedores ante la escasez de medios. Un escenario que también se vivió en el Ministerio de Hacienda, que subcontrató el control de los fondos de cohesión (donde se encuentran las ayudas a la Federación Española de Municipios y Provincias, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional o el Fondo Social Europeo) por falta de personal.
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