Abengoa se tienta la ropa con el concurso de acreedores y retrasa la formulación de sus cuentas. La compañía que preside Gonzalo Urquijo se da de plazo hasta el próximo día 14 de julio para intentar sacar adelante el plan de reestructuración que presentó a la banca hace más de un mes y para el que aún no hay acuerdo antes de poner sobre la mesa los resultados de 2019. Así lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la tarde de este mismo martes, último día del plazo para llevar a cabo este trámite.
Pero el retraso es más que una ampliación en un trámite administrativo. En el momento que formulen las cuentas, el consejo es consciente de las pérdidas en las que habría incurrido la compañía, lo que le aboca directamente al concurso de acreedores, confirman fuentes legales. Cabe recordar que Abengoa no tiene la posibilidad de acudir al preconcurso, fórmula que da un balón de oxígeno a la compañía, pues cuenta con un patrimonio negativo por valor de 388 millones, con lo que formalmente está en causa de disolución.
En este sentido, Abengoa señala en su comunicación a inversores que la reevaluación del principio de empresa en funcionamiento al que se hacía referencia en los estados financieros resumidos correspondientes al segundo semestre de 2019, últimos que se conocen, requiere tener mayor grado de certidumbre sobre la probabilidad de éxito o fracaso del plan de reestructuración que se propuso ante la banca. En él se solicitaba a las entidades financieras nueva financiación por un total de 250 millones con el respaldo del ICO, a la que habría que sumar hasta 300 millones en avales. Además, debido a la situación de endeudamiento, se pedían importantes quitas o capitalizaciones de deuda.
La compañía señala que si llegado el 14 de julio, fecha máxima que se han marcado para la formulación de cuentas, no se ha concretado con grado suficiente la probabilidad de éxito de la citada reestructuración, "adoptará las medidas que legalmente procedan".
Cabe recorar que de forma paralela a la negociación con la banca la multinacional sevillana optó por contratar al despacho de abogados Ramón y Cajal para preparar el hipotético concurso de acreedores al que podría verse abocado. Pero antes de llegar al extremo y ante la posibilidad de que la búsqueda de nueva financiación pueda fracasar, la compañía ya busca una nueva posibilidad: la venta de unidades productivas, o lo que es lo mismo, un troceo de algunas partes concretas.
El presidente de la compañía, Gonzalo Urquijo, ya subrayó que para conseguir que el grupo vuelva a esquivar el concurso de acreedores será necesario que se "ejecuten" todas las medidas del plan de rescate, ya que están "condicionadas" entre ellas generando "un efecto dominó". La mayor parte de la banca aboga por salvar a la compañía pero piden la participación activa del Estado, no solo a través de las líneas de avales, también con la inyección de dinero con la nueva financiación.
El Estado ya posee poco más de un 2,3% de los títulos de la compañía que compró a los bancos en la reestructuración de 2017, una de las tres que ha tenido que hacer la compañía en apenas cinco años, a través de lo que entonces se llamaron 'cesiones' y que se estructuraron a través del Fondo de Riesgos para la Internacionalización (FRRI). Una participación que ha perdido más del 70% de su valor por el devenir en bolsa de la compañía.
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