La crisis económica ya empieza a notarse en el sector agroalimentario, que durante los últimos tres meses ha visto afectadas sus exportaciones, pero que ha sido capaz de absorber parte del empleo perdido en ese tiempo. El problema es que, pasada la alerta sanitaria, los centros de producción se enfrentarán a una caída de la demanda interna y externa sin precedentes y ningún mercado saldrá impune: el Gobierno estima que la industria de alimentación y bebidas perderá entre 4.000 y 11.000 empleos directos, que alrededor de 800 empresas están condenadas al cierre y que se perderán en torno a 10.000 millones en producción durante 2020. Y todo ello, con los jornaleros en pie de guerra, el acuerdo comercial con el Reino Unido en el aire y la asfixia del veto arancelario de EEUU.
Y eso que los últimos datos son realmente positivos: según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2019 se alcanzaron los 436.700 afiliados (un 2,5% más que el año anterior), la producción creció hasta los 119.224 millones de euros, aportando el 2% del PIB, y las exportaciones se dispararon hasta los 32.363 millones de euros, el mejor dato desde la crisis de 2008. De hecho, desde que se declarara el estado de alarma en marzo, los niveles de producción han mantenido el ritmo para poder abastecer a españoles confinados, que prácticamente lo único que podían hacer era comprar en las tiendas de alimentación. De ahí el espectacular crecimiento de ventas de los supermercados en este tiempo.
Diríase incluso que el problema endémico del campo ha sido relegado a un segundo lugar, ante emergencias más acuciantes como la de los hosteleros, que en muchos casos han llegado a pasarse temporalmente a jornaleros o peones de almacén del sector agrícola y ganadero. Un buen ejemplo de este trasvase es el de la Asociación de Productores de Espárragos de Guadalajara: habitualmente, el 70% de la mano de obra que utiliza para la recogida del espárrago verde es extranjera; sin embargo, este año, el cierre de fronteras y el alto desempleo generado por la crisis del coronavirus, ha absorbido a una parte de los trabajadores más afectados (y con cualificación para el tratamiento de alimentos), como camareros o cocineros.
Esta falta de mano de obra extranjera, que tradicionalmente aprovechaba la temporada de cosecha para venir a nuestro país, ha abierto las puertas del campo durante estos meses a miles de españoles, entre ellos universitarios que han perdido su trabajo parcial, opositores o, incluso, atletas de élite. Paralelamente, la situación de emergencia sanitaria ha provocado que las autoridades hayan estrechado el cerco contra las potenciales irregularidades en el campo, donde el riesgo de contagio de la Covid-19 ha demostrado ser más elevado que en otras zonas.
Un nuevo escenario geopolítico
Por ejemplo, este mismo jueves siete jornaleros murcianos que volvían de trabajar en Francia dieron positivo por coronavirus y han provocado que centenares de trabajadores del campo de la Región hayan tenido que ponerse en cuarentena. Algo que evidencia no solo la fragilidad de las medidas de desescalada, sino también que el empleo en el sector agroalimentario parece haber tocado techo en España y muchos jornaleros empiezan a buscar en el extranjero, donde países como Alemania acaban de reabrir el campo a la mano de obra foránea, y otros como el Reino Unido, donde Boris Johnson prácticamente para que vuelva, tras cuatro años de menosprecio continuo por parte del ala más extremista proBrexit... entre ellos el actual primer ministro británico.
Sea como fuere, la relación comercial de España con el Reino Unido tras el Brexit es uno de esos flecos que han quedado aplazados por la crisis mundial del coronavirus. De hecho, el secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fernando Miranda, advertía este miércoles de que la posibilidad de alcanzar un acuerdo sin aranceles "pinta bastante mal", lo que se traduce en un escollo aún mayor a las exportaciones del sector y, por ende, a la producción. El Reino Unido representa actualmente el 8% del total, lo que supone unos 4.000 millones de euros anuales para la alimentación, según los datos del ICEX.
A ello hay que sumar la tensa relación con EEUU y su dura política arancelaria hacia el sector agroalimentario español, con el aceite, el vino o el queso como principales damnificados. La guerra comercial con la UE, si bien se ha congelado por la crisis del coronavirus, promete nuevas batallas a partir de este verano. Y, por ello, las perspectivas del Gobierno no son positivas: Miranda también advierte de que esta situación tendrá un grave impacto en las exportaciones del sector, al tiempo que señala que la caída de producción de estos artículos puede ser realmente acusada. No en vano, EEUU importa anualmente desde España por valor de 12.800 millones de euros.
En suma, un nuevo escenario geopolítico condicionado por el coronavirus que Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, resume así: "El mundo entero ha cambiado en unos meses y la industria de alimentación y bebidas también ha comenzado a sufrir la crisis del coronavirus. Este año tendremos un gran impacto en empleo, producción y exportaciones y esperamos empezar a recuperarnos el año que viene. Confiamos que en 2022 volvamos a cifras similares a las de 2019". Todo ello, si no hay rebrote.
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