La Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no transponer y aplicar correctamente la Directiva 2012/34/UE por la que se establece un espacio ferroviario europeo único, según publicó Bruselas este miércoles en una nota de prensa. La Comisión considera que el marco regulador ferroviario de España infringe varias disposiciones de la Directiva relativas a la independencia de gestión del administrador de infraestructuras, en particular la determinación de los cánones por la utilización de infraestructuras, la gestión de las empresas ferroviarias, según principios comerciales y la correcta redacción de los acuerdos contractuales.
La Comisión especifica que, ya en mayo de 2018, envió una carta de emplazamiento, a la que España respondió en enero de 2019, informando a la Comisión de que algunas de las objeciones planteadas se habían resuelto mediante la adopción de nueva legislación, mientras que otras requerían un trabajo adicional. Sin embargo, la Comisión consideró que España no había garantizado la correcta transposición de varios artículos de la Directiva y, en consecuencia, envió un dictamen motivado en octubre de 2019. En diciembre de 2022, España notificó a la Comisión que había transpuesto nuevas medidas, pero el análisis de la Comisión concluyó que no se habían abordado todos los puntos señalados. En consecuencia, Bruselas elevará el asunto ante la justicia europea.
Considera que los cánones están de facto impuestos
España modificó su legislación relativa a la determinación de los cánones por la utilización de infraestructuras en un sentido que podría cumplir los requisitos establecidos en la Directiva, aunque Bruselas destaca que el nuevo sistema "parece no estar aún operativo".
La Comisión denuncia que Adif goza ahora de un nivel adecuado de independencia para establecer el sistema de cánones, pero la legislación española incluye una disposición transitoria que suspende la aplicabilidad de las nuevas normas hasta que el administrador de infraestructuras apruebe y publique las nuevas disposiciones, sin haber un plazo determinado que obligue al administrador de la infraestructura.
Bruselas ha advertido de que a menos que se adopten medidas rápidamente, los cánones de acceso por vía férrea se considerarán impuestos de facto y se incluirán en las próximas leyes de presupuestos de 2024 y 2025, por lo que "existe el riesgo de que el antiguo sistema siga aplicándose hasta 2025".
Bruselas argumenta que, además, es necesario elevar el caso al máximo tribunal comunitario dado que al estar incluidos en la ley, tales cánones no pueden impugnarse ante los tribunales españoles.
Por otro lado, la Comisión pone también en duda la transparencia del Ministerio de Transportes. Desde el Ejecutivo comunitario aseguran que no está garantizada la independencia de los consejos de administración de Adif y de la empresa ferroviaria correspondiente. Teniendo en cuenta la composición del consejo de administración que es nombrado por Transportes, prosigue el comunicado, y que también tiene la capacidad de poner fin al mandato de sus miembros y las normas relativas a la toma de decisiones. Por lo tanto, "cabe concluir que el Estado es capaz en efecto de ejercer una influencia decisiva en los acuerdos del consejo de administración, incluidos los que afectan a los precios de los billetes", concreta.
Por último, desde Bruselas destacan la falta de elementos clave en el acuerdo contractual entre el Gobierno y los administradores de infraestructuras e indica que, por ejemplo, no existen indicadores clave de rendimiento relacionados con la eficiencia y con una disminución de los costes de acceso.
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