Hasta el arranque de esta década, el organismo que se encarga de vigilar la competencia apenas presionó a los gigantes tecnológicos que ganaban más y más poder en la economía. Mientras EEUU, la cuna de muchas de estas multinacionales, abría diversos fuentes y la UE hacía lo propio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se había mantenido con un papel testimonial. Ahora el organismo presidido por Cani Fernández no deja de incrementar la presión sobre este sector. La ‘megamulta’ histórica a Booking de 469 millones de euros es sólo el último paso que se suma a los 194 millones exigidos a Apple y Amazon, que ya están judicializados en la Audiencia Nacional, y el expediente abierto contra Google.
Antes del año de la pandemia, en el que aterrizó Fernández en la presidencia, los casos se contaban con los dedos de una mano y su importancia era prácticamente nula. Desde el principio de la pasada década se acumulaban expedientes vinculados a pequeñas denuncias contra Google o a Apple, Microsoft y Oracle, que finalmente quedaban en nada. Esto contrastaba con la posición de otros organismos homólogos en mercados como el alemán, el francés o el italiano donde se habían abierto diversos frentes por prácticas anticompetitivas con sanciones de cientos de millones y duros castigos.
El punto de inflexión fue en el verano de 2021. Como ya hicieran otros países, la CNMC abría el expediente sancionador contra Apple y Amazon por haber acordado restricciones en la web del gigante del comercio electrónico a la distribución del iPhone y otros productos tecnológicos. Dos años después llegó el golpe: 194 millones y la prohibición de contratar con la administración pública para un puñado de filiales de ambas multinacionales -ninguna vinculada al pujante negocio en la nube-. A partir de ese primer frente han llegado todos los demás.
Un año después de ese primer gran caso, a mediados de 2022, abrieron el de Booking. Como pasara con el anterior, este movimiento ya se había dado en otros países. El gigante de los viajes online, que controla dos tercios de cuota de mercado en el territorio europeo, recibía la visita de la CNMC. El origen: dos denuncias de la Asociación Española de Directores de Hotel y de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. El movimiento apenas despertó interés ni generó especial ruido. Nada hacía presagiar que el castigo iba a ser mucho mayor que el sufrido por la dupla Amazon-Apple. Más del doble hasta los 468 millones de euros. La decisión no está aprobada definitivamente. Se espera que haya una resolución definitiva en verano. Por lo pronto, la empresa ya ha provisionado el dinero.
En 2023, la Comisión ponía todo el foco sobre Google. No lo hacía por la publicidad digital, ni por el uso de su tecnología en este sector de los anuncios online, como hicieran los organismos europeos. Lo hacía en base a unos indicios sobre la imposición de “condiciones inequitativas” a las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias en el mercado español. El caso arrancaba con una denuncia de Cedro, la entidad de derechos de autor que se encargaba de cobrar la antigua ‘Tasa Google’. Si las infracciones son leves la multa puede ser de hasta el 1% del volumen de negocios total mundial de la empresa infractora. Si son graves graves esa proporción puede ascender hasta un tope del 5%. Si se trata de incumplimientos muy graves llega hasta el 10%. En este caso, los indicios que señala la CNMC apuntan a infracciones graves o muy graves.
No son expedientes sancionadores como tal pero en este tiempo se ha tratado de arrojar luz sobre mercados en los que estos gigantes tienen una posición muy relevante. Es lo que sucedió con el estudio sobre la publicidad digital, que se alargó durante varios años y que se publicó en 2021. En él se constataba que el 70% de los anuncios en internet se concentraban en Google y Facebook (hoy Meta). El otro caso es el de los servicios de almacenamiento y computación en la nube, esencial para la digitalización y controlado por un puñado de operadores. El pasado mes de noviembre se anunció el inicio de un análisis a fondo sobre este sector y la competencia real.
El reto: ganar en los tribunales
Abrir estas batallas con los gigantes tecnológicos también implica verse las caras con sus equipos legales. Uno de los casos más paradigmáticos es el de la decisión de la CNMC de imponer la condición de operador logístico a Amazon. Esto significó un antes y un después para la regulación del sector postal y de paquetería. Sin embargo, el primer asalto en los tribunales dio como vencedor al grupo fundado por Jeff Bezos, pues la Audiencia Nacional concluyó, como adelantó La Información, que la resolución de 2020 no era ajustada a derecho pues no quedaba acreditado que la filial del gigante haga formalmente trabajos de paquetería. Aún queda la puerta del Tribunal Supremo, por lo que este año podría haber decisión definitiva. Mientras tanto, esas exigencias no están en vigor.
El caso de Apple-Amazon también ha llegado a la Audiencia Nacional. Y aquí, como sucediera con el de otras sanciones históricas como la del ‘cártel de las constructoras’, se ha logrado el freno cautelar tanto a la sanción de 194 millones como a una medida que preocupaba mucho a las dos protagonistas: la prohibición de contratar con la administración pública. Los magistrados no han entrado en el fondo de la cuestión, pero sí que han dado oxígeno a ambas con este movimiento. Como se esperaba, esta pugna se va a alargar durante años. En otros mercados ha habido anulaciones definitivas por parte de los tribunales.
Los frenos a las compras
El otro frente que las autoridades de la competencia han abierto en este tiempo es el de las adquisiciones. Apple, Google o Facebook han construido sus imperios con la ayuda de las compras de otras compañías más pequeñas que, en la mayoría de las ocasiones, pasaron el filtro de los reguladores. En los últimos años se han frenado varias de ellas. La última relevante fue la de Figma por parte de Adobe (más de 20.000 millones). En este territorio, el ‘vigilante’ español tiene poco que decir pues las competencias para decidir sobre estas transacciones residen principalmente en la Comisión Europea.
En junio de 1998, hace casi 28 años, el Tribunal de Defensa de la Competencia decidía sobre una demanda de una empresa llamada Apple Computer -actual Apple- contra la administración española por haber excluido por la vía de exigencias técnicas sus ordenadores. Desestimó la demanda. Ahora, casi 28 años después, su heredera, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, aprieta más las tuercas a las compañías de este sector tecnológico con el reto de mantener el pulso en unos tribunales que en no pocas ocasiones acaban tumbando las resoluciones.
