En plena irrupción de Saudí Telecom en el accionariado con la compra del 9,9% de las acciones y a apenas tres meses del arranque del centenario, Telefónica España tiene una cuenta atrás: la renovación del convenio colectivo que afecta a las tres principales filiales de la operadora en el país y suman más de 13.000 empleados. Tiene vigencia hasta el próximo 31 de diciembre. El actual texto fue prorrogado durante un año más. La compañía llegó a un último acuerdo para la revisión salarial que implicó una subida de hasta el 7,8% ante la fuerte subida de la inflación. La alargada sombra de un plan de bajas sigue sobrevolando.
Antes del verano todo estaba pendiente de lo que sucediera en las elecciones sindicales. Estos comicios habían frenado las conversaciones. Lo último que quedaba era una última votación para configurar el comité intercentros a nivel nacional. Pero en septiembre un terremoto ha trastoocado los cimientos en la sede de Las Tablas, en Madrid. El anuncio de STC de su inversión en la compañía ha dejado todo pendiente. Desde los sindicatos no han movido ficha y, precisamente, esperan a que desde la dirección se aporte información sobre estsa sacudida accionarial y la influencia en materia laboral.
Ante este movimiento, CCOO suponía que esta inversión “fortalecerá a Telefónica en los mercados” pero insistió en que estarán atentos a las decisiones que se vayan tomando. “Emplazamos a la empresa a que dé la debida información sobre los pasos que se vayan produciendo y de su incidencia en las plantillas”, apuntaba. Por su parte, UGT, sindicato mayoritario, insistió en la que la incorporación de nuevos accionistas “aporta confianza y valor” al proyecto. Pero advirtió a la cúpula que debía “confirmar la vigencia de nuestro modelo de interlocución, diálogo y consenso”.
El convenio es la primera prueba de fuego. Y el aterrizaje de STC, que se ha interesado por el nuevo plan estratégico que se presentará en el mes de noviembre en un Investor Day, sí que podría retrasar los plazos de la negociación colectiva. Hay que tener en cuenta que el consejo de administración aún no ha sido informado formalmente del movimiento y de las potenciales consecuencias futuras. El presidente de la operadora, José María Álvarez-Pallete, ha convocado una reunión ordinaria el próximo 27 de septiembre, cuando se trasladará toda la información. Será a partir de ahí cuando se puedan mover otras piezas.
En el texto prorrogado actual se incluye una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. El documento será denunciado automáticamente el 1 de enero de 2024, en caso de que ninguna de las partes tome partido. Hay quien vería con buenos ojos una prórroga, con alguna modificación o acuerdo pero que no requiera una negociación larga. Hay que tener en cuenta que desde principios del próximo ejercicio tendrá lugar la celebración del centenario. La operadora buscará, obviamente, mantener la ‘pax social’ durante ese periodo.
Este convenio laboral es muy relevante. Comprende las tres principales filiales con las que la operadora trabaja en España: Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones. Entre las tres suman, después de todos los ajustes vividos en los diferentes planes de bajas, más 13.000 empleados en todo el país. Al margen de las plantillas de estas firmas están las del resto. Tras el último Plan de Suspensión Individual (PSI) el equipo total en España se sitúa en el entorno de los 20.000 empleados, una cifra históricamente baja.
Más allá de las prórrogas lo que sí que se tendrá que poner sobre la mesa es la revisión salarial. La prórroga que llega hasta el 31 de diciembre de este año fijaba un incremento de la masa salarial teórica global del 1,5% con carácter consolidaba. A esto se sumaban los 300 euros ‘extra’ que se abonarán en octubre. A partir de 2024 se tendrá que analizar el IPC real del ejercicio actual. En caso de que fuera superior al incremento pactado, ambas partes se comprometen a analizarla para compensarlo “y garantizar que no se produzca pérdida del poder adquisitivo”. La tasa de variación anual del IPC en agosto se situaba en el 2,6%.
El roce por los call centers
El antecedente más inmediato en la negociación colectiva no es muy halagüeño. La semana pasada los dos principales sindicatos alertaron sobre una medida de externalización que llevó a cabo la dirección de la teleco en España. En concreto, se trata del canal de atención telefónica de Gran Público. Es decir, el cierre de los centros propios de atención al 1004, que pasan a ser gestionados totalmente por los proveedores externos como Atento. Implica el cambio de entre 250 y 300 empleados al Canal Telefónico para pymes.
Ambas organizaciones sociales han sido críticas con esta medida. UGT entiende que la empresa debe apostar por procesos de “internalización” de la actividad, de forma que garantice el empleo. “Ante la postura inmovilista de la empresa, UGT exige que toda la plantilla afectada pueda elegir voluntariamente su acoplamiento de destino”, apuntan. Por su parte, CCOO desaprueba este “empeño en mover a las personas forzosamente de su actividad”. Insiste en que desde la empresa defienden el cambio como “necesario”, pero se abre a establecer un espacio de negociación “con vistas hacia enero de 2024”. La primera reunión se ha fijado para el próximo 27 de septiembre.
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