Fomentar la aceptación de las energías renovables ante la animadversión que levanta en algunas regiones la instalación de plantas solares fotovoltaicas o parques eólicos es uno de los hitos fundamentales de los partidos de izquierdas de cara a las elecciones generales del 23-J. PSOE y Sumar coinciden en su hoja de ruta en buscar una mayor participación de las comunidades locales en el despliegue de proyectos, como ya se aplica en Cataluña.
El partido socialista plantea la creación de una ley para identificar, junto a las comunidades autónomas y las entidades locales, las áreas idóneas para el desarrollo de las renovables. El objetivo es proporcionar el acceso de los beneficios a las comunidades locales, garantizando el respeto al medio ambiente. Por su parte, Sumar va un paso más allá y plantea una cuota específica en las futuras subastas de energías 'verdes' para instalaciones promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad.
No hay día que no se hable de las energías renovables y este año se han colado hasta en la gala de los Premios Goya. "Renovables sí, pero así no", protestó Rodrigo Sorogoyen contra la instalación de cuatro parques eólicos en los montes de Sabucedo al recoger el premio al mejor director por 'As Bestas'. Las palabras suscitaron un gran revuelo en el sector. Las empresas defienden que realizan estrictos estudios medioambientales y que se les obliga a obtener una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva. Aunque la DIA resulte favorable, el Gobierno o la comunidad autónoma puede imponer condiciones de obligado cumplimiento (sin ellas no se conseguirían el resto de las autorizaciones administrativas de la tramitación), como pueden ser la reducción de superficie de ocupación o del volumen de equipos a instalar.
Prórroga a proyectos en trámite
El Ministerio para la Transición Ecológica gestiona el trámite para proyectos de más de 50 MW o afecta a dos o más comunidades autónomas, mientras que esta últimas se encargan cuando la capacidad es inferior. Según el Ejecutivo, en la actualidad, en todo el territorio nacional hay proyectos renovables que suman 43 GW de potencia (el 80% fotovoltaica y el 20% eólica) que deben obtener la autorización de construcción o decaer y volver a iniciar toda la tramitación administrativa tras obtener nuevamente los permisos de acceso y conexión a la red. La fecha límite para obtener este permiso era el 25 de julio, pero Transición Ecológica ha dado una prórroga de seis meses ante el atasco burocrático.
Bajo tal cantidad de proyectos, desde el Ejecutivo vienen insistiendo en la necesidad de que los promotores seduzcan a las comunidades locales para evitar el rechazo a la instalación de nuevas plantas. Por ejemplo, la principal oposición que encuentra la tecnología fotovoltaica entre la sociedad es el factor emocional. "La gente que va a pasear al campo quiere verlo como estaba hace 10 o 30 años, pero no con placa solares. El motivo emocional es legítimo y no lo podemos combatir con razones. Tenemos que buscar la manera de gestionar esta percepción emocional negativa para entender que es esto o no existir, es esto o no tener energía, es esto o perder población", argumentan fuentes del sector.
En Cataluña, la normativa obliga a que los promotores de proyectos (ya sean solares o eólicos) con potencia superior a 5 megavatios (MW) y situados en suelo no urbanizable, deben demostrar la disponibilidad, o compromiso de disponibilidad, de más del 50% de los terrenos agrícolas privados sobre los que se proyecta la instalación. Además, para solicitar la declaración de utilidad pública junto con la autorización administrativa previa y de construcción, y la declaración de impacto ambiental, tienen que acreditar que disponen, como mínimo, de acuerdos con los propietarios del 85% de la superficie privada que se pretenda ocupar con el proyecto.
También se obliga a que las empresas presenten una oferta de participación local del 20% de la instalación. En este sentido, el 'crowfunding' en renovables está cogiendo fuerza como una forma de democratizar el acceso a la inversión y han empezado a proliferar en España las plataformas 'fintech' que ayudan a inversores y promotores a desarrollar instalaciones con el objetivo de que la ciudadanía también participe en el 'boom' verde en el país.
Desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) siempre han sido partidarios de que una instalación renovable deje el mayor impacto socioeconómico sobre el municipio donde se desarrolle. No obstante, prefieren que las reglas del juego las fijen entre el promotor y el propio municipio, sin que haya una norma de mínimos. El director general de la asociación, José Donoso, explica que una buena forma para que se beneficie la gente local sería que las empresas promotoras emitan bonos de unos 500 euros con rentabilidades superiores a la inflación.
Conocer la realidad
"Que estos bonos sean asegurados, sin riesgo para el inversor y que sean líquidos para poder recuperarlos en cualquier momento. Es la forma más democrática para que los beneficios lleguen a más gente", explica Donoso en conversación con La Información. En la misma línea, desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE) instan a conocer cuál es la realidad de la aceptación de la eólica por parte de los ciudadanos para diferenciar entre lo ruidoso y lo real.
"Recientemente hemos llevado a cabo un estudio de opinión pública sobre la eólica en España y ocho de cada diez españoles se muestran favorables a la construcción de nuevos parques eólicos en nuestro país y consideran que la eólica ayuda a reducir el precio de la electricidad. Además, el 84% de los españoles cree que incrementar el peso de las energías renovables, como la eólica, contribuiría a conseguir la independencia energética como país", añaden desde la patronal. Para el sector eólico también es crucial que, aunque se dé el caso de que la aceptación social sea mayoritaria, el promotor "respete en todo momento las sensibilidades de las personas, de los municipios, el valor que le otorgan a aspectos como su paisaje, y entender claramente las reticencias ante los cambios en el entorno".
'Tasa por hito'
Por otro lado, el Partido Popular promete que desbloqueará el proceso de concesión de permisos para la instalación de proyectos renovables. Para ello impondrá una 'tasa por hito' que, con cargo al promotor del proyecto, financie el coste extra que produce el atasco burocrático en la Administración y que así esta pueda agilizar la gestión de los expedientes. Además, la formación de Alberto Núñez Feijóo afirma que mapeará todo el territorio nacional para determinar las mayores o menores necesidades de evaluación ambiental que se requiera en cada zona.
En una entrevista con este medio, el jefe económico de Feijóo, Juan Bravo, explica que "no es una tasa sobre las renovables", sino una tasa a la tramitación que busca compensar el sobrecoste que supone para las administraciones el enorme papeleo. "El sector está de acuerdo, dividirlo por hitos permite que proyectos que se caen por un tema técnico o medioambiental, no paguen por todo el proyecto. Se ha generado una cierta confusión, queremos apoyar las renovables y esto va a dotar de recursos a las comunidades autónomas para acelerar su tramitación", subraya.
De su lado, Vox asegura que reforzará los informes de afección medioambiental y de usos del suelo para que, "previa instalación de los macroproyectos de energías renovables", valoren su impacto en el patrimonio natural y su compatibilidad e impacto en las actividades humanas del entorno. "Protegeremos el suelo, en especial el agrario, para evitar que se especule con él en la implantación de infraestructuras de energías renovables", apuntan desde la formación de Santiago Abascal.
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