Las grandes eléctricas del país dejan atrás días convulsos. La última semana ha estado protagonizada por Naturgy y la posible llegada de un segundo para Francisco Reynés que finalmente ha quedado en nada (al menos por ahora). También se vio alterado recientemente el día a día de Endesa cuando sonó un posible interés de compra por parte de Repsol. No obstante, las compañías energéticas aparcan ahora sus planes a la espera de quién gobernará tras las elecciones generales del 23-J.
Es de sobra conocida la mala relación entre el Ministerio para la Transición Ecológica y las principales empresas españolas del sector energético. El tira y afloja durante los últimos años ha sido constante y el enfrentamiento más sonado se produjo por el el Real Decreto-ley (RDL) 17/2021, de 14 de septiembre, que introdujo una minoración del exceso de retribución que determinadas instalaciones estaban percibiendo como consecuencia de la internalización en el precio de la electricidad del alza del gas. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reunió con los presidentes de Endesa, Naturgy e Iberdrola. El máximo ejecutivo de la última, Ignacio Sánchez Galán, llegó incluso a amenazar con paralizar inversiones en España si el Gobierno no daba marcha atrás.
Asimismo, desde el sector se echaron la mano a la cabeza con las subastas obligatorias de energía 'barata'. El Ejecutivo pretendía que las eléctricas dominantes subastaran electricidad entre comercializadoras independientes y grandes consumidores industriales. Las empresas alegaron que la medida suponía "quitar energía a unos para vendérsela a otros". Mientras desde las eléctricas cargaban con las pretensiones del Gobierno, Ribera se hacía fuerte en Bruselas y consiguió dar un giro histórico a la postura de la Comisión Europea. Nunca antes se había logrado algo como la 'excepción ibérica'.
"Inseguridad jurídica"
Las grandes eléctricas también se rebelaron contra el mecanismo calificándolo de "intervencionismo", pero, según cálculos de Transición Ecológica, ha proporcionado un ahorro de 5.106 millones de euros a los consumidores españoles, además de estabilizar los precios de los mercados de futuros de la electricidad y ayudar a contener la inflación. El impuesto energético ha sido el último escollo que han librado. Lo recurrieron en tromba e incluso Repsol llegó a pedir cautelares.
En este contexto, directivos de las energéticas han repetido por activa que desde el Gobierno se han mandado mensajes de que en el país hay "inseguridad jurídica". Sánchez Galán dijo públicamente que España tiene "el honor" de ser reconocido "sistemáticamente" como el país con más riesgo regulatorio de Europa. "El señor Galán, lo ha hecho siempre, defiende los intereses y beneficios de sus accionistas. Al Gobierno lo que le corresponde es defender los intereses de los consumidores españoles", le contestó Ribera en el Congreso de los Diputados.
Tras años de 'lucha', las eléctricas están expectantes al resultado de las elecciones y aguardan al nuevo Gobierno para continuar con su reordenación. No es oculto que los directivos prefieren tener a un gobernante más moderado y cercano al Ibex. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ya ha dicho que si llega a La Moncloa acabará "con las medidas excepcionales de intervención del mercado mayorista de la electricidad", haciendo alusión a la 'excepción ibérica' y al límite de los ingresos extra que obtienen las eléctricas por la generación nuclear, hidroeléctrica y parte de las renovables. También ha planteado alargar la vida útil de las centrales nucleares.
"España tiene que estar en el centro del debate energético de la UE y no en la política energética que nos ha aislado regulatoriamente de las propuestas por la UE, provocando inseguridad regulatoria y restando atractivo a nuestro país como receptor de inversiones en el sector energético", señala el programa electoral de los populares. Pese a que desde la oposición y el sector privado se ha denunciando inseguridad jurídica, el último informe Renewable Energy Country Attractiveness Index (Recai), elaborado por la consultora EY, mantiene a España como el octavo país del mundo más atractivo para invertir en renovables, por detrás de Estados Unidos, Alemania, China, Reino Unido, Francia, India y Australia.
Géminis
En el lado más corporativo, el Gobierno actual tampoco es muy partidario de la escisión en dos de Naturgy. En una entrevista con Cinco Días, Ribera aseguró que pone en riesgo objetivos estratégicos que el Consejo de Ministros impuso al aprobar la entrada del fondo australiano IFM en la gasista. En su opinión, no encaja con el cumplimiento de los compromisos de reinversión y de "contención" en la distribución de beneficios. Tras quedar parado por la invasión de Rusa a Ucrania, el proyecto Géminis, que nunca ha llegado a estar sentenciado como se ha llegado decir, vuelve a cobrar protagonismo casi un año y medio después de su presentación. El consejo de administración de la compañía ha informado de que se está trabajando en una actualización. El equipo de la gasista analiza ya "posibles alternativas de ejecución y sus calendarios asociados".
Otro movimiento que ha puesto nervioso al mercado ha sido una posible operación protagonizada por Endesa y Repsol. La propia Enel, matriz de la española con el 70% del capital, ha negado la venta de una participación a la petrolera. "Enel rechaza los rumores sobre Endesa como totalmente infundados. Enel no tiene intención de vender sus participaciones en Endesa, ni ahora ni en el futuro, ya que la compañía es un activo clave para su estrategia, e informa de que no existe discusión alguna sobre este tema. Nunca ha habido ninguna reunión entre los directivos de Enel y Repsol, ni con Borja Prado. Estas noticias falsas corren el riesgo de tener efectos distorsionadores sobre la evolución del mercado bursátil", aseguró la eléctrica transalpina tras una información de El Confidencial.
Endesa y el negocio del gas
Aunque el consejero delegado de Repsol, Josu Jonz Imaz, se ha definido en varias ocasiones como unos de los CEO "más aburridos", la petrolera está llamada a ser protagonista dentro del sector. Repsol dispone de músculo financiero y tiene mucho que hacer todavía para no quedarse atrás ante Iberdrola, Endesa y compañía en la lucha por las energías 'verdes'. Por su parte, en Endesa también están estudiando una desinversión de la parte 'B2B' del negocio del gas, es decir, del suministro a grandes clientes industriales y empresariales. La operación fue anunciada por Enel en noviembre del año pasado, pero ahora queda esperar a ver si la nueva cúpula decide continuar con el actual plan de desinversiones.
En este sentido, al nuevo Gobierno le tocará lidiar con una más que previsible reordenación del sector, con operaciones entre grandes empresas que están en ciernes a nivel europeo y que pueden afectar a alguna de las compañías españolas, según llevan tiempo advirtiendo desde el propio sector. En ese contexto de las operaciones entre compañías tanto dentro de España como a nivel europeo entra en juego, además, la normativa española antiopas, recientemente renovada por el Ejecutivo, que permite un veto público a determinadas inversiones en empresas que se consideren estratégicas para el sector en el que operan, y en el energético, casi todas las grandes los son.
Más allá de las promesas en campaña electoral, el reto más importante del sector en la actualidad, que tendrá que afrontar quien lidere el área energética del Gobierno tras el 23-J, es la reforma del mercado eléctrico que se está gestando a nivel europeo. El Consejo todavía tiene que adoptar un posición común ('general approach') para poder negociar la reforma eléctrica en trílogo con el Parlamento. En los trílogos, el ponente en nombre del Parlamento y la presidencia de turno (en este caso España) en nombre del Consejo, negocian sobre el texto legislativo para llegar a un terreno común con la Comisión Europea ejerciendo como árbitro. La Eurocámara pretende votar su texto el 19 de julio en la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) tras alcanzar un acuerdo el jueves pasado.
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