El Congreso ha ampliado por segunda vez el plazo de presentación de emiendas a la futura ley de Cambio Climático y Transición Energética enviada por el Gobierno a la Cámara el 19 de mayo. El nuevo plazo acaba el próximo día 14 de octubre y es un termómetro del interés de las empresas y los partidos políticos por modificar el proyecto elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, que afecta a sectores clave de la economía, como el automovilístico o el de la energía y que debe guiar el proceso de descarbonización y la neutralidad en emisiones de carbono en 2050.
El nuevo plazo para presentar enmiendas ha sido pactado por los grupos políticos en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso. En la práctica, facilita la presentación de enmiendas por parte de los partidos y da tiempo para que cale en la tramitación de la norma la lluvia fina en forma de argumentario de los sectores más afectados por los cambios previstos en la nueva ley. Hay otra consecuencia: da más tiempo para que asuntos espinosos, como la iniciativa de Unidas Podemos para prohibir la minería del uranio en España -un disparo a la línea de flotación del proyecto del grupo Berkeley en Salamanca- sean debatidas en el seno del Gobierno, donde Ministerios como el de Economía quieren introducir más que matices.
La avalancha de enmiendas prevista afectan al menos a tres frentes: la industria del automóvil -y las petroleras-por la prohibición de vender nuevos coches con motor de combustión a partir de 2040;las comunidades autónomas por sus competencias en edificación y transporte, los sectores clave para reducir emisiones; y las empresas que transportan y distribuyen electricidad y gas porque la norma estrecha el control sobre sus operaciones. La ronda de comparecencias en la Comisión de Transición Ecológica que finalizó el 29 de septiembre dejó muy claro que hay empresas dispuestas a dar la batalla hasta el final.
El artículo de la polémica
Es el caso de Repsol. Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, que compareció en la Comisión del Congreso, cuestiona al artículo 12 del proyecto de ley -"Promoción de movilidad sin emisiones"-. El artículo contempla la adopción de medidas para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km". Imaz -Repsol- no está de acuerdo. Su propuesta es que se prohíban las emisiones "netas" de los vehículos -las que miden el ciclo de vida completo de un producto- en lugar de las "directas", las que se miden en el tubo de escape.
Las propuestas de la industria del automóvil sobre el coche eléctrico generarán un buen número de enmiendas al proyecto de ley. La disyuntiva es: ¿subvenciones para todos o ayudas que faciliten el objetivo final de la ley? Ningún coche contaminante debe circular a partir de 2050 y todos los nuevos que se vendan a partir de 2040 deberán ser eléctricos. El objetivo, en números adelantados por el presidente Pedro Sánchez: 250.000 vehículos eléctricos en circulación en 2023 y cinco millones en 2030.
Los frentes de polémica no se agotan en el área de las empresas. Para lograr los objetivos de reducción de emisiones previstos -23% de recorte respecto al nivel de 1990- hay que actuar en los llamados sectores difusos, el transporte y la edificación. Son los que generan la mayor parte de las emisiones y sin control. El proyecto prevé zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes.
Cuestión de competencias
Hay un problema. España es un país descentralizado en el que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen competencias amplias en urbanismo y transportes. En el pasado, el País Vasco, Cataluña y Baleares legislaron sobre cuestiones medioambientales y de energía. Fueron incluso más allá que el Gobierno central, entonces en manos del PP. Hubo roces con algunas comunidades autónomas y la historia puede repetirse con Gobiernos de comunidades de distinto signo político. El PNV, junto con el Grupo Plural -Junts, Más País-EQUO, Compromís y el Bloque Nacionalista Galego- han trabajado para ampliar los plazos de tramitación de la ley.
La tramitación del proyecto, que fue redactado hasta tres veces, será complejo. Más si se tiene en cuenta que el Ministerio de Transición Ecológica ha desarrollado en los últimos meses una intensa actividad normativa que, según algunos colectivos, condiciona la tramitación de la nueva ley y dificulta su mejora vía enmiendas. El ministerio que dirige Ribera ha aprobado en las últimas semanas una larga lista de medidas: Real Decreto Ley 23/2020 para impulsar las energías renovables; proyecto de ley de subastas; metodología de peajes eléctricos; estrategia de autoconsumo; estrategia de descarbonización a largo plazo (ELP); decreto de acceso y conexión y la hoja de ruta del hidrógeno.
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