Los tentáculos de Villarejo

Recta final en Iberdrola: el juez ultima el análisis de las nuevas pruebas del caso

La Audiencia lleva más de cinco meses revisando los 44 documentos aflorados con los que se pretende aclarar si hay indicios suficientes para imputar en la causa a más altos directivos o cerrar la instrucción.

José Ignacio Sánchez Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola, durante su intervención en el Foro Económico de Davos 2021.
Recta final en Iberdrola: las nuevas pruebas marcan las implicaciones de la cúpula.
LAURENT GILLIERON

La pieza del caso Villarejo que investiga las contrataciones que la eléctrica Iberdrola hizo a la empresa del comisario jubilado afronta su recta final tras el análisis que el juez y los fiscales están terminando sobre los últimos documentos aflorados en noviembre pasado, con el objetivo de determinar quién dio las órdenes para realizar ese tipo de trabajos y el grado de implicación que en ello llegó a tener la cúpula directiva de la compañía. Hasta el momento solo tres de los altos directivos de la eléctrica están investigados en la causa, dos de ellos en activo -Pablo Insuza y Juan Carlos Rebollo- y otro que ya no lo está -José Luis San Pedro-, a raíz de las pesquisas iniciadas con un informe del exresponsable de control contable, José Antonio Del Olmo, a la espera de la información que surja de los 44 documentos que se descubrieron en noviembre del año pasado y cuyo análisis está a punto de finalizar, según señalan fuentes jurídicas cercanas al caso.

Hasta el momento, el juez del caso Villarejo no ha tenido dudas a la hora de imputar a los altos directivos del Ibex con pruebas que apuntaban a su participación o conocimiento de las órdenes que se daban a Cenyt para que realizara trabajos de espionaje, por un presunto delito de cohecho activo dada la condición de funcionario del comisario, si bien en el caso de la eléctrica se está aún lejos de demostrar la participación directa de José Ignacio Sánchez Galán en hechos de ese tipo. Si bien Del Olmo declaró en varias ocasiones que el número uno de la empresa debía estar al tanto de lo que se hacía y, supuestamente, se 'tapaba' con facturas falsas, el exdirector de seguridad, Antonio Asenjo, y los directivos investigados han separado en todo momento la figura del presidente de esa trama y han aludido a una conspiración urdida entre Del Olmo y el anterior jefe de Seguridad, Marcos Peña, que salió de la empresa tras la llegada de Asenjo.

Una de las claves que está por aclarar en el caso y que fuentes de la investigación buscan en los nuevos documentos analizados es la implicación real que en todos los encargos pudo tener el exdirector corporativo de Iberdrola España, Fernando Becker, al que todavía no ha llamado a declarar el juez pero sobre el que tiene puesto el foco la Fiscalía, según advierten las fuentes consultadas. Becker estuvo más de 18 años en la compañía -que abandonó hace tres ejercicios- y era una de las personas más allegadas al presidente Sánchez Galán, de forma que su hipotética imputación en la causa sería una carga más sobre la figura del líder de la eléctrica.

Desde la compañía han defendido en todo momento la legalidad de las contrataciones que se hicieron con Cenyt para trabajos de investigación tanto sobre proyectos concretos, como el que se realizó sobre la nuclear de Cofrentes, como de otro tipo, y alertan que entre las pruebas que han surgido del forensic interno realizado en la empresa y que hasta el momento hay en el sumario, no hay ninguna que demuestre la implicación de Sánchez Galán en la causa. Al menos no de forma tan clara como en otras de las piezas abiertas en el caso Villarejo por la contratación que hicieron varias empresas del Ibex.

Incluso si en los documentos expurgados ahora aparecieran conversaciones de terceros con Villarejo o con el exresponsable de seguridad de la empresa que apunten a que el presidente estaba al tanto, fuentes jurídicas consultadas advierten que no serían suficientes como prueba para justificar una imputación ante la negativa que de ello hacen todos los altos directivos de la empresa y el propio exdirector de seguridad. Se advierte, además, que tanto el juez como los fiscales llevan más de cinco meses analizando esos nuevos 44 documentos, en los que, presuntamente, hay audios e informes que afectan a varias de las piezas separadas del caso, un lapso de tiempo largo que hace dudar de la existencia de evidencias graves para la situación de la eléctrica.

A la espera de que avance el caso en su línea principal de investigación, las últimas actuaciones de Iberdrola se han centrado en intentar que se retire la condición de perjudicado de su ‘enemigo’ histórico Florentino Pérez, con poco éxito por el momento, dado que la Fiscalía considera que hay indicios de que se llegaron a realizar trabajos de espionaje sobre el presidente de ACS, pese a que la eléctrica siempre lo ha desmentido de forma tajante. De hecho, en los nuevos documentos que se terminan ahora de analizar puede haber algún tipo de información que pueda esclarecer también el caso de Iberdrola y Florentino. 

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