La secretaría de Estado de Energía ha aprobado una orden por la que concede a la multinacional minera Berkeley y su proyecto para extraer uranio en Retortillo (Salamanca) la renovación de la autorización previa como instalación radiactiva de primera categoría que le concedió el Gobierno del PP en 2015 por cinco años y que había expirado. La orden, firmada por la secretaria de Estado Sara Aagesen, se publicará la semana próxima en el BOE. Fuentes ministeriales confirman que la autorización es sólo temporal, hasta que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) resuelva el expediente relativo a la construcción de la planta de procesado de uranio prevista por la multinacional. El CSN no decidirá sobre la solicitud de Berkeley hasta al menos febrero de 2021.
La orden ministerial se ha aprobado al mismo tiempo que se ha dado a conocer una carta de la asociación de técnicos nucleares del CSN en la que solicitaban al ministerio que rechazara la renovación del proyecto minero. Entre otros argumentos, los técnicos de ASTECSN se oponen a la renovación porque consideran que no están "debidamente analizados todos los parámetros que van a afectar a la gestión responsable de los residuos a largo plazo". En esta situación asegura la misiva "sería inadecuado, por no decir irresponsable" renovar los permisos.
La orden recién aprobada ssignifica que Transición Ecológica esperará al informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la construcción de la planta de concentrados de uranio del grupo australiano para tomar la decisión de si autoriza o corta definitivamente el proyecto tras una década de polémicas. El compás de espera supone, en la práctica, dejar la patata caliente del posible cierre en la mesa del Consejo.
La posición del ministerio que dirige Ribera no es cómoda. El plan de Berkeley es una prueba más para la coalición de PSOE y Unidas Podemos (UP). La formación de Pablo Iglesias presiona para que el Ejecutivo acabe de una vez por todas con un proyecto que considera meramente especulativo y al que se oponen la mayoría de los partidos, según se puso de manifiesto en junio de 2018 en la ponencia del Congreso para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). PSOE y Unidas Podemos han pactado una enmienda al proyecto de Ley de Cambio Climático para prohibir la minería del uranio en España.
Berkeley publicó hoy un comunicado en el informa de que el Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad de la autorización previa a la planta de concentrados. Según la empresa, el Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso de casación planteado por Foro de Izquierdas-Los verdes y Adeco Ecologistas en Acción contra la autorización.
De este modo, el Tribunal Supremo ha confirmado, en un auto firmado el pasado 3 de diciembre, todos los extremos de la sentencia de la Audiencia Nacional, un paso que "confirma la legalidad de la autorización previa de la empresa minera, que es ya firme", según ha explicado Berkeley.
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