La mala situación económica que atraviesa RTVE a causa de la pandemia no va a impedir que sus gestores se atrevan con inversiones mucho más ambiciosas para reforzar su programación. La decisión de adelantar el horario de máximo audiencia ('prime time') a las 22h y la supresión de programas previos a ese horario en La 1 es la que va a provocar que la dirección que lidera Rosa María Mateo adquiera programas para llenar el hueco que provoca esa medida en las horas posteriores. Y que, según la propia administradora provisional, tendrán que ser espacios con un coste superior al que tenían aquellas emisiones previas al horario estrella. Una medida que en apariencia contrasta con el esfuerzo de austeridad para la sociedad que anunció a bombo y platillo la propia Mateo apenas meses atrás.
Esta intención ha sido desvelada por Mateo en respuesta parlamentaria a varios diputados del PP, que le plantearon directamente cuál iba a ser el efecto económico de suprimir programas justo antes de las mayores horas de consumo. La administradora provisional les expone en su texto que esta medida buscaba "adelantar la emisión de la programación del 'prime time'" para "adecuar el horario de esa programación, haciéndolo más acorde con la conciliación". Algo que se le venía reclamando a RTVE desde hace tiempo, ya que con el anterior equipo directivo sí se adelantó la máxima audiencia durante unos meses.
Desde ahí, avisa a los parlamentarios: el 'prime time' es el que acumula la "programación de mayor coste" por su singularidad. Por lo que advierte de que "puede implicar que tengamos que introducir un segundo programa" para cubrir ese tiempo "cuando la duración del primero no cubra suficientemente este espacio horario". "El coste de estos segundos programas de 'prime time' es previsiblemente superior al de los programas que se emitían anteriormente", señala Mateo. Que justo después, avisa de que "el efecto económico será tendente a elevar el coste de la programación".
Ese encarecimiento de la parrilla de TVE en su apuesta por la conciliación va a contrastar con los recortes que anunció la administradora. Unos ajustes que llegarán a la corporación pública por los efectos que ha tenido sobre esta el coronavirus. A finales de mayo, las pérdidas oscilaban entre los 20 y los 30 millones, lo que podía igualar al déficit de 29,6 millones que declararon en 2019. Entonces, Mateo anunció una "moderación en los costes generales" en viajes, transportes o suministros. Pero en aquel momento, dejó claro que todo dependía de la evolución de la pandemia. Por lo que con toda seguridad tendrán que revisar sus planes de ajuste.
La situación económica que vive RTVE en la actualidad se desconoce. Sus cuentas del próximo año son una incógnita, pero serán claves para conocer cómo ha afectado el virus a su estructura. Lo que sí pueden celebrar en la empresa pública es el respaldo del Gobierno central a través de los Presupuestos Generales del Estado. El anteproyecto para 2021 contempla que la empresa pública perciba del Estado hasta 473 millones de euros. Una inyección que supone un incremento del 25% y que evidencia una gran generosidad con la corporación, ya que en el anterior ejercicio percibió 346 millones. Los mismos que le dejó en caja el exministro Cristóbal Montoro, que diseñó los últimos PGE en vigor. Por lo que si se aprueban las cuentas, la radio y tele públicas manejarán más de 1.000 millones.
Esta apuesta de ir a programas que sean más caros incluso en una delicada situación económica también se explica con las audiencias. TVE vive en la actualidad una grave crisis por la falta de confianza de los espectadores en su programación. Sus informativos dejaron hace mucho de ser los primeros que sintonizaban los ciudadanos, y son pocas las series y espacios de entretenimiento que han contado un respaldo claro. Por lo que Mateo y su equipo necesitan un aliciente para atraer más público. Pero aunque esto llegue a solucionarse, lo que continuará vigente es la crisis institucional. Rosa María Mateo lleva más de dos años en un puesto que tiene carácter provisional. Y el Gobierno continúa sin activar el concurso público para elegir al nuevo Consejo de Administración, que saldrá de un listado elaborado por un comité de expertos.
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