El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha enviado un escrito al juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Villarejo, para dejar constancia del supuesto trato discriminatorio que está sufriendo en la causa frente a “casos similares”, tras ser “objeto de pesquisas y seguimientos como los investigados en esta sede”. Aunque la alegación presentada este miércoles no incluye ningún nombre concreto, fuentes jurídicas cercanas al caso aseguran que solo puede referirse a la condición de “perjudicado” que se reconoce a su eterno rival Florentino Pérez, presidente de ACS, por los supuestos trabajos de espionaje que ha sufrido, mientras que del espionaje que se ha hecho sobre Galán y que se demuestra ahora en las nuevas agendas del comisario, el juzgado de Manuel García Castellón no colige un trato similar.
El escrito, de siete puntos, recuerda como en las anotaciones que se han conocido sobre la actividad de Villarejo en su última etapa antes de estallar todo el caso, hay una que se refiere directamente a Sánchez Galán, y señala que “estaba comiendo con 2 sujetos. Uno con bigote y pelo canoso. Hablaron de problemas en Puerto Marítimo en Islas (puede ser Fuerteventura, Lanzarote …)”. Ese dato, a juicio de los representantes legales de Galán, “evidencian que el Sr. Sánchez Galán fue objeto de pesquisas, indagaciones o vigilancias, que alcanzaron, incluso, a una toma de conocimiento del contenido de conversaciones mantenidas por aquél en el transcurso de un almuerzo privado”. Insisten incluso en cómo se describe a una de las personas “a través de rasgos físicos que faciliten su ulterior identificación”, e incluso “se consigna la temática tratada durante el encuentro y se incluyen hipótesis a las que aquélla podría estar referida”.
Como colofón, el séptimo punto del documento advierte que “al margen de las consideraciones que podrían hacerse acerca de lo contradictorio -y chocante- que resulta la llamada de mi mandante a la causa y, a la vez, su condición de objeto de pesquisas o seguimientos como los investigados en esta sede, es lo cierto que el dato descubierto nos obliga a demandar la tutela del Instructor en los derechos que a mi representado asisten, en la misma forma seguida para casos similares”.
Como forma de justificar desde el punto de vista técnico legal la queja que se presenta, el escrito recuerda uno de los principios básicos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal consigna en su segundo artículo -muy utilizado en la vía penal- y que obliga a todas las investigaciones que se hacen en los procesos de instrucción: la obligación de indagar, consignar y apreciar las circunstancias tanto adversas como favorables para el investigado.
Guerra abierta entre empresarios
Este nuevo escrito de alegaciones contra el juez se une a la serie que desde la defensa de Sánchez Galán se ha enviado al juzgado sobre la investigación de los contratos de Iberdrola con el comisario jubilado. La última de ellas ha sido el "error" de atribuir a Ignacio Sánchez Galán la Presidencia de Iberdrola Renovables Energía, imputada por requerir los servicios de espionaje del agente encubierto. Después de que García Castellón se negara a corregir dicha afirmación, la defensa del presidente de Iberdrola ha llevado ante la Sala de lo Penal el asunto para que obligue al magistrado instructor a eliminar de sus resoluciones cualquier hecho que le vincule con la empresa filial.
En ese enfrentamiento particular en los juzgados de Florentino Pérez y Sánchez Galán, el presidente de ACS, que está personado en la pieza 17 del cao Tándem como perjudicado, tampoco se ha quedado atrás: el mismo día que se imputaba a la filial de Iberdrola como personal jurídica, se posicionó a favor de que el juez instructor impute a todo el grupo e incluso que se le atribuya la responsabilidad por los encargos realizados a Villarejo anteriores al año 2010, cuando se reguló la imputación de las personas jurídicas.
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