Tras más de 200 días en el cargo como presidenta de la SEPI, Belén Gualda dará explicaciones por primera vez este miércoles en el Congreso de los Diputados. La cita, que ha sido frenada en varias ocasiones en las comisiones de investigación del Ministerio de Hacienda por parte de los partidos del Gobierno, será ineludible con motivo de los Próximos Presupuestos Generales del Estado para 2022. La oposición espera respuestas para conocer con detalle la hoja de ruta del fondo estratégico de solvencia que se armó con 10.000 millones de euros para rescatar a las empresas españolas estratégicas, y que hasta ahora apenas ha cumplido con su propósito.
El recorrido de este instrumento habilitado por la Comisión Europea ha sido muy corto hasta el momento. Con más de un año para poder inyectar ayudas en préstamos participativos y ordinarios, la SEPI únicamente ha agotado un 15% de este presupuesto, con siete expedientes con el visto bueno del consejo gestor del propio organismo y del Consejo de Ministros. Se trata de las ayudas a Air Europa, Plus Ultra, Rugui Steel, Ávoris, Duro Felguera y Tubos Reunidos. La próxima en conseguir el visto bueno definitivo será la hotelera Hotusa.
Pero quedan muchas incógnitas por resolver. Principalmente qué sucede con otro medio centenar de empresas que, al igual que las mencionadas anteriormente, han solicitado la ayuda vital para su continuidad. Algunas de ellas, como la hotelera Room Mate y la agencia de viajes Nautalia, realizaron su solicitud hace más de seis meses, sin que SEPI haya tomado una decisión al respecto. El propio Real Decreto que habilita el fondo de rescate marca que “transcurrido ese plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”. No obstante, fuentes de la corporación se parapetan que la Ley de Procedimiento Administrativo les permite parar este reloj cuando SEPI pide información adicional a las empresas.
Ayuda a empresas “estratégicas”
El punto que acapara la atención de los partidos de la oposición es el expediente de la aerolínea Plus Ultra, que se benefició de las primeras ayudas de la SEPI (52 millones de euros), ofreciendo muchas dudas sobre su capacidad para ser considerada como una empresa "estratégica" por su débil cuota de mercado. La decisión de la SEPI ha sido tan controvertida que ha terminado en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid. Dichas actuaciones se encuentran actualmente en curso, lo que sirve al Gobierno para excusarse para no tener que dar información.
A ello se unen las comparecencias de Gualda, propuestas por partidos como el PP, pero frenadas por PSOE y Unidas Podemos. El pasado mes de septiembre, las formaciones del Ejecutivo volvieron a votar en contra de esta iniciativa. La diputada popular Carolina España denunció en la comisión de Hacienda en el propio Congreso esta situación, que se extiende también a la ministra Maria Jesús Montero, a la postre máxima responsable de la SEPI.
La incertidumbre sobre el futuro del fondo de solvencia es máxima. Europa ha dado a España hasta el 31 de diciembre como fecha última para agotar los 10.000 millones. Con 20 empresas todavía bajo análisis y muchas otras en un estado todavía más prematuro, los plazos de actuación invitan a pensar que será imposible desbloquear el resto de ayudas pendientes. Para conseguirlo, España debería pedir una prórroga a Bruselas y ampararse a su buena voluntad. Pero, de momento, no ha trascendido ninguna novedad al respecto.
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