La ofensiva árabe esquiva a telecos con capital estatal: Deutsche y Orange se zafan

“Preservar la autonomía estratégica”. Este ha sido el mantra repetido una y otra vez por los principales ministros del Ejecutivo español desde que el pasado martes los saudíes STC sacudieran los cimientos de Telefónica con la compra de hasta el 9,9%. Para alcanzar esa posición, que le permitiría acariciar dos puestos en el consejo y mucho poder, la operación deberá ser validada por el Consejo de Ministros. Pero se produce casi un cuarto de siglo después de la privatización completa de la operadora española. Ahora esta expansión empresarial desde Oriente en las telecos llega con tan sólo dos de las grandes con capital estatal relevante: Orange y Deutsche Telekom. Ambas han esquivado por ahora esta llegada.

El primer objetivo de las operadoras árabes fue ‘caza mayor’ por el tamaño de compañía, pero ‘menor’ por las implicaciones políticas. Etisalat aterrizaba hace más de un año en Vodafone, que no es el antiguo monopolio de aquel país y no suponía un problema relevante con Reino Unido. Aprovechaban el río revuelto en la compañía, con fondos activistas sacudiendo la gestión y la debilidad del ex consejero delegado, Nick Read -que acabó dimitiendo a finales de diciembre-. No hubo problemas para alcanzar el 15% e iniciar el periodo de exigencias: desde puestos en el consejo hasta alianzas operativas entre ambas empresas.

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El segundo de esos objetivos, Telefónica, sí que ha sido de ‘caza mayor’ en ambos terrenos. Primero por el tamaño de compañía y después por ser el antiguo monopolio del país. Hasta la década de los 90 era una empresa pública. El proceso de privatización que arrancó el Gobierno de Felipe González y culminó el de José María Aznar no permitió al Estado mantener una posición minoritaria pero relevante en el accionariado. Sucedió algo similar en otras compañías como Indra -en esta última se pudo recobrar el 20% a Bankia hace ahora una década-. Pese a esa ‘ascendencia estatal’ que se ha mantenido hasta hoy, sólo existe el llamado ‘escudo antiopas’ y el límite de derechos de voto del 10% como protecciones.

El resto de antiguos monopolios han mantenido posiciones estatales relevantes en su accionariado que, al menos por ahora, han servido para esquivar operaciones como la de la española. Deutsche Telekom la ejecutó en varias tandas. Posteriormente redujo su posición en varias colocaciones más pequeñas y en la emisiones de bonos convertibles. Desde mediados de los 2000 se ha mantenido en torno al 30% -una posición directa del 14% y del 17,7% con el banco estatal KfW que hoy está valorada en más de 30.000 millones de euros-.

Los dos casos

Ha preservado ese porcentaje también en contra de muchas voces que alertaban de potenciales conflictos de interés frente al resto de operadoras de telecomunicaciones -reguladas en parte por el Ejecutivo del país- o de la necesidad de esos ingresos para mejorar las redes o para reinvertirlos en otros sectores. A mediados de la década pasada, los sindicatos alertaron de una posible OPA o entrada de socio no esperado. Hoy la germana llega con un accionariado sólo con el propio Estado como accionista de referencia, a través de esas dos participaciones. El gigante tecnológico japonés Softbank cuenta con el 4,51% procedente de la fusión de T-Mobile con Sprint en EEUU  y de la recompra de parte de la fusionada por parte de los germanos.

El otro caso es el de Orange. La antigua France Telecom llevó a cabo su privatización en tiempos similares a sus homólogos europeos. Poco a poco el Estado francés fue reduciendo progresivamente su posición. Hoy se sitúa en torno al 23% de todos los títulos. Y esa desinversión, al igual que en Deutsche Telekom, también ha estado en alguna ocasión sobre la mesa. A finales de 2017, el antiguo consejero delegado, Stephane Richard, advirtió que el grupo estaba preparado para examinar una recompra de acciones ‘estatales’. Lo dijo meses después de que el propio ministro de Economía, Emmanuel Macron, sugiriera que no se mantendría esta posición ‘sine die’ -algo que fue corregido por el holding estatal francés APE-.

En ambos casos se trata de posiciones accionariales relevantes, que no impiden la llegada de un inversor no solicitado, pero que las complica de manera significativa. Todas las fuentes del sector consultadas coinciden en que esa posición es útil para ahuyentar ‘visitas’ no previstas. Tanto Orange como Deutsche Telekom no han vivido en primera persona irrupciones como las vividas por Vodafone, Telefónica o la propia British Telecom, aunque en este último caso se trata de un operador europeo (el magnate francés propietario del operador SFR en aquel país). Hay quien señala también la ‘acción de oro’ de Francia como otro factor ha tener en cuenta.

BT y Telecom Italia

Otros antiguos monopolios han vivido situaciones diferentes. En el caso de la antigua Telecom Italia (TIM), la posición del estado es más reducida. Hoy la Casa Depositi e Prestiti cuenta con algo menos del 10%. Pero en los últimos tiempos ha vivido toda una guerra accionarial -Vivendi es el socio principal con casi el 24% de los títulos-. Esa pugna abrió la puerta, pese a la presencia estatal, a la llegada del fondo KKR para plantear una oferta pública de adquisición (OPA) hace varios años. Finalmente, ésta fue perdiendo fuelle ante el rechazo del Estado y también de la propia Vivendi. Ahora, el Estado ha anunciado su intención de renacionalizar la red de telefonía fija de la operadora. En agosto aprobó dos decretos que permiten adquirir hasta un 20% de participación en la red de telefonía fija.

En British Telecom, la situación también es muy diferente. La privatización llevada a cabo hace más de dos décadas acabó por una salida total del Estado a mediados de los 90. La compañía ha vivido varias sacudidas en los últimos años. Pero desde la pandemia, su accionariado no ha dejado de moverse. Poco a poco, el magnate francés Patrick Drahi (Altice) ha ido incrementando su posición hasta superar el 24% a finales del pasado mes de abril, lo que le ha obligado a reiterar al Gobierno que no tiene intención de hacer una oferta pública de adquisición (OPA) por el operador valorado en apenas 11.000 millones de libras. No es el único movimiento. El grupo está, según publicó en julio la prensa británica, en alerta máxima ante una potencial adquisición por parte de Deutsche Telekom, que cuenta con un 12%.

La veda se ha abierto en las operadoras de telecomunicaciones tras años de debilidad en un mercado ‘hipercompetitivo’. La ofensiva saudí, que arrancó con Vodafone y ha continuado en Telefónica, es el primer paso. Todo apunta a que dependiendo del resultado habrá más acercamientos de otras operadoras ante un potencial baile de consolidación. Hasta ahora los grandes exmonopolios que siguen contando con fuerte capital público esquivan la ola. Lo que no queda claro es cuánto se mantendrá.