Es el gran temor de las principales operadoras de telecomunicaciones en España. Y el primer precio fijado por el Gobierno para arrancar la subasta de espectro para las redes ultrarrápidas 5G los ha puesto en alerta. Entienden que es demasiado elevado y puede llevar a que, tras el fragor de las pujas, incluso se pueda superar la barrera de los 2.100 millones de ingresos previstos por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. En la retina está el proceso de licitación que se vivió el pasado año en Alemania y en el que se disparó la inversión de las compañías por un fuerte calentamiento de la competencia.
Durante los últimos años los principales ejecutivos de operadoras presionaron al Gobierno con el objetivo de reducir al máximo la factura, insistiendo en que vendrían años de mucha inversión por delante. El propio presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, pidió en noviembre que no hubiera "afán recaudatorio" en la subasta y así no mermar la capacidad de despliegue. El hoy presidente de Vodafone España, Antonio Coimbra, advirtió en las mismas fechas que disparar los objetivos de ingresos por parte del Estado con estas pujas sería "un error tremendo". Incluso se movilizaron sindicatos como UGT, que reclamaron mesura al Ejecutivo.
La primera pista ya se enseñó en los Presupuestos: 2.100 millones de ingresos previstos vinculados al 5G. El propio Coimbra esperaba que esa cantidad fuera el objetivo "máximo". Esta semana se ha puesto un primer precio de salida en las pujas: 1.170 millones. Y en el seno de los operadores lamentan que es demasiado alto para arrancar. Varias fuentes del mercado consultadas coinciden en criticar esta decisión y entienden que podría encarecerla de manera significativa después de las diferentes rondas. De hecho, según las diferentes estimaciones de mercado, en un escenario ideal se esperaba desembolsar entre 1.000 y 1.500 millones de euros por estas concesiones para explotar el espectro de la banda de 700MHz.
El mecanismo elegido, como ya sucediera en otros procesos en el pasado, es el de la subasta simultánea ascendente de múltiples rondas, en las que los interesados deben formular sus ofertas y concluirá cuando en una de ellas no se reciban nuevas pujas. En principio, sólo puede haber tres actores que se queden con los mejores bloques, pues ya hace meses el Gobierno exigió que cada uno de ellos sólo pueda acaparar 2x10 megahercios (MHz). Esta medida, sobre el papel, debe despertar la competencia en un mercado como el español, donde hoy existen cinco compañías que operan a nivel nacional y que tienen una parte (o toda) su red propia: Telefónica, Orange, Vodafone, Másmóvil y Euskaltel. La realidad es que los dos últimos ya tienen asegurada su cobertura nacional con los acuerdos mayoristas firmados con Orange, al que pagan por el alquiler de su infraestructura por un precio ya negociado.
El papel de Másmóvil va a ser una de las claves ante un posible encarecimiento. Si cumple con lo que dijo a principios de este año, no pujará, pues la subasta no incluye una reserva para los que no cuentan con espectro en bandas de frecuencias bajas, como es su caso. La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también reclamó un trato preferencial. Su consejero delegado, Meinrad Spenger, pidió "condiciones razonables". Pero en ningún caso se ha borrado de las pujas. Podría participar, como ya hiciera en el año 2018 con la subasta de la banda de frecuencias de 3,6-3,8 gigahercios (GHz), sin finalmente sacar la chequera. En esa ocasión, había una salvedad: ya tenía 80MHz que compró a Eurona por 30 millones de euros. Estaba relativamente cubierto.
El antecedente más preocupante para las españolas está en Alemania hace ahora más de un año. En marzo de 2019, el Gobierno del país iniciaba una subasta con un nivel de precios de salida similar al español. Sin embargo, tras una fuerte competencia entre todas ellas, el precio a pagar se disparó hasta los 6.500 millones de euros. Estaba muy por encima de los 5.000 millones que se había planteado inicialmente el Ejecutivo En este caso, hubo muchas quejas por parte de los tres grandes grupos -Vodafone, Deutsche Telekom y Telefónica- ante la actitud del 'Másmóvil alemán', Drillisch. "Su oferta continua causó daños de 4.000 millones en la industria", se quejó una fuente de uno de sus oponentes a Reuters.
Todos los niveles al máximo
Antes de que se lanzara esta consulta pública de las condiciones de la subasta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, las operadoras reclamaron rebajar el precio exigido por el Ejecutivo pero a cambio de algunas garantías de inversión y de cobertura mínima. Según explican varias fuentes del mercado, no ha habido ningún tipo de modulación y se han planteado unos "ambiciosos" objetivos de despliegue para los próximos años, sin plantear a cambio una rebaja del peaje inicial a pagar. En concreto, se pide que las conexiones ultrarrápidas de 5G lleguen al 100% para las ciudades de más de 50.000 habitantes en los primeros tres años.
La otra obligación que se exige tiene que ver con la oferta mayorista. Las concesionarias tendrán que alquilar su red durante los primeros cuatro años desde la entrega de las frecuencias a terceros que quieran utilizarlas. Esto facilita las cosas para firmas como Digi. Y, además, esta obligatoriedad reduce la posibilidad de negociar precios al alza. A partir del quinto año, se elimina esta exigencia. El mayor perjudicado aquí es Vodafone, pues es el único que ha decidido prácticamente abandonar este negocio de alquiler de redes frente a Orange, que ha ido firmando acuerdos y ampliaciones con Másmóvil y Euskaltel. Telefónica, al ser el antiguo monopolio, está obligado a prestar su infraestructura a un precio regulado.
Aún queda un mes de consulta pública y las telecos no perderán la ocasión para tratar de rebajar algunas de las exigencias impuestas por el Gobierno. Desde el Ministerio de Asuntos Económicos, se defiende que como contrapartida habrá financiación pública de 2.000 millones hasta 2025 para la Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G, de los que apenas 300 millones figuran ya en los Presupuestos de 2021. Pero eso no contenta a las compañías. Lo que ahora tienen sobre la mesa no les gusta.
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