La de las redes ultrarrápidas 5G y los posibles vetos a proveedores asiáticos de infraestructura como Huawei ha sido toda una patata caliente para la mayoría de los gobiernos, después de la batalla geopolítica desatada entre Estados Unidos y China. También lo ha sido para el español. Prueba de ello es el año que ha transcurrido desde el primer trámite hasta la elaboración de un primer borrador de anteproyecto. Ahora, el documento que acaba de poner sobre la mesa no despeja todas las dudas. La lista definitiva de suministradores, en la que se desvelarán los riesgos asociados que justificarían un posible veto futuro por poner en peligro la seguridad nacional, verá la luz meses después de aprobar la ley en el Congreso de los Diputados. La consecuencia: pone en un brete a las operadoras de telecomunicaciones, que tienen ahora la necesidad de completar las primeras contrataciones.
El anteproyecto fue expuesto a audiencia pública este lunes. Así estará hasta mediados del próximo mes de enero. El objetivo del Ejecutivo es que pase todos los trámites parlamentarios durante los siguientes meses para que vea la luz verde definitiva en verano. A partir de ahí, las operadoras deberán remitir en un plazo máximo de cuatro meses un análisis de los riesgos de sus redes y un informe de las medidas técnicas y organizativas. En caso de que ya presten servicios 5G, que sucede en la mayoría de las compañías, deberán dar luz y taquígrafos sobre los suministradores que trabajan con ellos y sobre las prácticas de seguridad de los mismos. A partir de ahí, el Ministerio de Asuntos Económicos asumirá todo el protagonismo y será el que elabore esa 'lista caliente' -en colaboración con el Consejo de Seguridad Nacional- y el que se encargue de todo el control y vigilancia de que tanto los suministradores como los operadores cumplen con sus obligaciones de transparencia.
La consecuencia es que no habrá decisión final ni una lista definitiva de proveedores con los que poder contratar hasta finales de 2021 o principios de 2022. En el caso de países como Reino Unido o Dinamarca ha habido un veto expreso. En otros mercados como el alemán, también se encuentran en una fase inicial de la legislación y no está claro que vaya a haber una exclusión definitiva. En España, las operadoras contarán a partir de marzo con el espectro radioeléctrico de 700MhZ que se subastará por parte del Ejecutivo y, por tanto, podrán iniciar los primeros despliegues. Según confirman fuentes del mercado, en los próximos meses se tendrán que completar las primeras contrataciones de proveedores que aporten los componentes y el software para poner en marcha esas redes. Y esos primeros acuerdos comerciales se tendrán que cerrar sin una lista formal y definitiva.
Estas primeras contrataciones no implicarán atarse para los próximos años y, por tanto, se podrá dar marcha atrás. Pero, según explican las mismas fuentes del mercado, esta ausencia de una lista precisa y una legislación completamente aprobada implicará que las operadoras tomen decisiones comerciales "más conservadoras", sin arriesgarse a contratar a proveedores de red más susceptibles de ser señalados a posteriori por el Ministerio de Asuntos Económicos, especialmente para lo que se conoce en el argot como 'core', la parte más delicada y sensible de la red y donde se concentra buena parte de los datos de los usuarios y la inteligencia.
Hoy por hoy, tanto en España como en otros mercados cercanos, Huawei es el líder indiscutible y con mayor cuota de mercado entre los operadores de telecomunicaciones, frente a otros europeos como Nokia o Ericsson. Su tecnología es una de las más avanzadas. Pero las dudas y la batalla comercial desatada en los últimos tiempos ha llevado a que haya perdido algo de terreno respecto al resto. El caso de Telefónica es el más paradigmático de estas dudas. En diciembre, la operadora anunció la contratación de la china una parte del 'core' de su 5G en España. Sin embargo, una semana más tarde rectificó para insistir en que eliminaría de manera progresiva a la compañía del 'corazón' de la red para incorporar a otros actores.
Pese a que no habrá claridad sobre los proveedores y sus riesgos hasta bien avanzado el año 2021, fuentes de los operadores aplauden que el Gobierno haya creado un 'armazón' legal amplio preparado para los próximos años en los que se deja todo muy abierto ante posibles cambios que puedan suceder en el mercado. Hay quien ve esto como una opción de no mojarse por ahora, pero según afirman esas fuentes, también permite afrontar el proceso sin demasiados 'apriorismos' como sí que han hecho otros mercados como Reino Unido. En el caso británico, las operadoras deberán paralizar la instalación de equipamientos de Huawei en sus redes 5G desde el próximo mes de septiembre de 2021.
Hasta 20 millones de sanción
Más allá de los plazos, el anteproyecto de ley también plantea un régimen sancionador en el que sí pone negro sobre blanco. En concreto la multa más alta, por una infracción muy grave, ascendería a los 20 millones de euros y la prohibición de contratar prevista en la Ley de Contratos del Sector Público. Para los fallos graves, el pago sería de hasta 2 millones y para los leves, amonestación o el 50.000 euros. "En caso de que se acredite que el perjuicio causado o el beneficio obtenido supera estas cuantías, la sanción se incrementará", apunta el borrador. Entre las infracciones que se tipifican están el incumplimiento de las obligaciones de transparencia o de las resoluciones dictadas por los órganos competentes.
Con el anteproyecto sobre la mesa, se inicia la cuenta atrás de las dos subastas de espectro radioeléctrico para las redes 5G. Por un lado están los 40 MHz de la banda de 3,5GHz que no se sacaron en la subasta de 2018 y que hasta ahora eran usados por el Ministerio de Defensa. La licitación se hará, si no hay cambios de última hora, en enero. Por otro lado se encuentran los de la banda de 700Mhz, clave para el 5G. Las pujas se iniciarán en marzo. El Gobierno ya planteó en los Presupuestos Generales del Estado una recaudación prevista de más de 2.000 millones de euros.
