Calviño mirará por el "interés público"

La venta de Bankia se aleja: el Estado no recuperaría ni un cuarto de lo invertido

El plazo para la desinversión en la entidad financiera finaliza en diciembre de 2021. La situación actual del banco en bolsa debilitaría la opción de vender la participación, ya que conseguiría solo 5.400 millones.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri (i) junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (c) y el ministro de Ciencia, Pedro Duque (2d) antes del comienzo de la conferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Casa América, en Madrid, este lunes. EFE/ Mariscal POOL
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri (i) junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (c) y el ministro de Ciencia, Pedro Duque (2d) antes del comienzo de la conferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Casa América, en Madrid, este lunes. 
EFE

La venta de la participación pública en Bankia parece estar cada vez más lejos. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, señaló el lunes que, en lo que concierne a esta "herencia" que se arrastra desde la anterior crisis, el Gobierno está decidido a priorizar "la defensa del interés público". Interés público que pasaría por recuperar el mayor porcentaje posible con respecto a la inversión realizada. Fuentes conocedoras señalan que esta desinversión estaría ahora más lejos que hace unos meses, pues la situación de los mercados ha empujado a la entidad financiera a niveles de cotización que dejan la participación del Estado con un valor de poco más de de 3.200 millones de euros, ni una cuarta parte de lo invertido. Todo ello, con la sentencia de la salida a bolsa a punto de hacerse pública. 

Hasta ahora se han desinvertido dos paquetes accionariales de la participación pública original que llegaron a manos privadas en 2014 y 2017, respectivamente. La primera de estas operaciones fue la venta de un 7,5% del capital del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri a un precio de 6,04 euros por cada uno de los títulos. El entonces Gobierno de Mariano Rajoy ingresó en las arcas públicas 1.304 millones de euros. Pero el tiempo para desinvertir el resto de la participación se acababa y las condiciones del mercado no eran las mejores para hacerlo. 

En diciembre de 2016, el Ejecutivo popular decidió autorizar la primera prórroga al plazo de desinversión que se había fijado en el inicio del proceso durante dos años. En este periodo se llevó a cabo una segunda venta de otra pequeña parte del paquete de acciones que gestiona el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB). En concreto, fue un 7% de los títulos a un precio de 4,06 euros por acción, lo que supuso un ingreso de 818 millones de euros. Ante la caída de los mercados, en diciembre de 2018 se volvió a prorrogar el plazo para desinvertir la participación pública hasta finales de 2021. Desde entonces no ha habido movimientos. 

La situación actual en bolsa de la entidad financiera -y del conjunto de los bancos españoles- merma, cada vez más, las posibilidades de que antes de esa fecha se efectúe una salida del Estado del capital. Pese a que en las últimas semanas, los títulos del banco han aumetado su valor levemente, a cierre de la sesión de este lunes, cotizaban a 1,056 euros. Esta cifra supone otorgar a la participación un valor de 3.241 millones de euros, lo que hace que en el sector ya se empiece a hablar de una nueva prórroga. 

Si se suman las tres cantidades, los dos paquetes ya vendidos y la cifra que se podría obtener de ser ejecutada la venta ahora, se obtiene la hipotética recaudación. Apenas 5.400 millones de euros que el Estado podría recuperar de lo invertido. Esta cifra es a la postre insuficiente para cubrir una parte representativa de los más de 22.000 millones de euros que las arcas públicas insuflaron a la entidad financiera a principios de la década, pues supone apenas un 24%. 

Esta idea no casa con las palabras que el lunes pronunciaba Calviño cuando decía que el Gobierno está decidido a priorizar "la defensa del interés público", recogiendo la necesidad de garantizar "la estabilidad del sector financiero" en su conjunto y "en segundo lugar el interés de los contribuyentes españoles". Estos serán, de acuerdo con su discurso "los criterios que guien nuestras decisiones en los próximos meses", por lo que parece que una nueva prórroga será la solución. 

Mientras tanto, el FROB, el organismo que ostenta dicha participación, prorrogó el contrato de asesoría que tenía con Nomura. Ya en pleno verano, el organismo que preside Jaime Ponce relanzó la contratación de un nuevo banco de inversión que haga las veces de asesor financiero y, si se diese el caso, colocador de la participación "con el objetivo de maximizar la recuperación de ayudas públicas". La finalidad de la última ampliación era, de acuerdo con el comunicado oficial que se emitió entonces, "favorecer la utilización más eficiente de los recursos públicos maximizando la recuperación de ayudas", pero la tortilla se ha dado la vuelta y la participación no ha hecho más que perder valor. 

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