La perspectiva histórica ata los cabos que la urgencia de la actualidad impide ver. También, suele ser juguetona con las casualidades. Como que el primer miembro socialista del Gobierno que contrajo la Covid-19 fuera Carolina Darias, hoy flamante ministra de Sanidad. Lo que fue menos casualidad es dónde se contagió y junto a quién: la ministra de Igualdad, Irene Montero (que fue la primera del Ejecutivo de coalición), la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; y la esposa del presidente, Begoña Gómez.
Todas ellas, compartiendo pancarta en una manifestación del 8-M en Madrid a la que ‘absolvió’ como propagadora fehaciente del coronavirus el Tribunal Supremo a mediados de diciembre. Lo hizo a la vez que inadmitía todas las querellas contra una supuesta responsabilidad penal del Gobierno como causante de muerte y devolvía a los juzgados inferiores de Madrid algunas cuestiones como la protección de sanitarios y fuerzas de seguridad o las residencias.
Darias toma el control ahora de la gestión contra una pandemia que, a fecha de viernes, 29 de enero, deja más de 2,7 millones de contagiados y casi 60.000 fallecidos. La tercera ola va camino de revolcón asistencial. Por un lado, los expertos y la estadística apuntan a la ralentización en los nuevos positivos, pero, por el lado más letal, los fallecidos podrían estar en próximos días más cerca del millar diario que de los 500. Es hacia donde señalan todos los indicadores y la experiencia de las anteriores olas no hacen sino cimentar los peores augurios.
Así que habrá miles de enfermos y centenares de muertos diarios en breve. También allá por el 14 de febrero, que es cuando Cataluña celebrará unas elecciones autonómicas que solo quería en esa fecha el actual candidato del PSC y hasta el martes pasado ministro de Sanidad, Salvador Illa. Las encuestas avalan el gambito socialista para asaltar la Generalitat y toda la oposición y casi las comunidades autónomas en bloque claman por endurecer medidas que incluyan confinamientos casi absolutos que serían justo los que anularían la opción de ir a votar. Hasta el martes pasado, quien tenía el botón rojo de permitir el bloqueo era el candidato socialista. Este fin de semana ha empezado la campaña, aupada por el respaldo definitivo del TSJC.
Durante meses de crisis absoluta se ha discutido si lo prioritario era la salud o la economía. Se elija el bando que se elija, España ha sufrido unas 100.000 muertes (si se recogen otras estadísticas oficiales del propio Gobierno y no la serie de Sanidad) y la economía ha perdido el 11% de su capacidad en nueve meses de pandemia con un millón de empleos perdidos. Nadie gana, excepto una política que se ha seguido jugando a veces a plena luz y otras entre bambalinas, dependiendo del momento. Porque la dicotomía entre salud y economía es secundaria frente al poder de la política, la verdadera maquinaria que ha movido este año de crisis total y ha decidido lo que era una alerta y lo que no.
Dos fechas, la del 8-M y la del 14-F resumen una estrategia continuada que incluye comparecencias en horario de Telediario del presidente del Gobierno (o de los autonómicos en sus televisiones regionales), publicaciones del BOE a pocos minutos de entrar en vigor de manera oficial, la obligatoriedad de las mascarillas en función de su disponibilidad, la intervención y cierre de la Comunidad de Madrid en octubre con una incidencia por debajo de 700 casos por 100.000 habitantes (la media nacional hoy ronda los 900) o las dimisiones de altos cargos de Guardia Civil o Fuerzas Armadas antes de que la polémica del momento llegara hasta Moncloa.
Salvemos el 8-M
El Tribunal Supremo ha dejado claro que el 8-M no tuvo la culpa de la propagación en España: "Nuestro sistema no conoce un tipo penal en el que se castigue a la autoridad o funcionario público que, de forma intencionada o negligente, oculte información relevante para conocer el verdadero alcance de una pandemia que amenaza con causar un grave peligro para la sanidad colectiva".
O lo dejó claro a medias, ya que no responsabilizó al Gobierno de haber matado a miles de españoles por permitir la manifestación, pero sí que sugirió con una fórmula en negativo lo que pudo ocurrir realmente: "En ausencia de un delito de riesgo que criminalice la desinformación que pone en peligro la vida o la integridad física de las personas, sólo podría ser objeto de un proceso penal la investigación de esas conductas de ocultación si existe posibilidad de demostrar que entre esa desinformación y el resultado lesivo o mortal hubo una precisa relación de causalidad".
Desinformación. Que puede leerse como información falsa o a medias… o control de la información, tal y como la Guardia Civil se puso a investigar a mediados de abril, cuando las comandancias recibieron instrucciones para buscar "campañas de desinformación" así como "bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno". Pese a que Interior achacó a un "lapsus" la confesión del portavoz de la Benemérita en las famosas ruedas de prensa del gabinete de crisis, el general José Manuel Santiago, la orden se había dado.
Aquel fue un episodio más en el que se mezcló política y gestión. Volviendo al origen, a antes de que la pandemia cerrase España, el 25 de febrero, la mitad de las redes sociales aplaudía al corresponsal de RTVE en Roma, quien rebajaba a gripe la enfermedad y aducía que "se extiende más el alarmismo que los datos". Una semana después, cierran colegios y universidades y, en paralelo (el 3 de marzo), la Comunidad Valenciana informaba en una comparecencia muy particular y casi de pasada del primer muerto por la Covid de España, un caso que se fechó el 13 de febrero.
Registrados dos nuevos casos de coronavirus en Florencia y Palermo. Lo cuenta @lorenzomila https://t.co/iixDfGhDP6 pic.twitter.com/xjWB7HRNtY
— RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 25, 2020
A media tarde del miércoles, 4 de marzo, Sanidad informa que España suma la redonda cifra de 200 contagios, 40 más en un día. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, asegura que no es que se disparen los datos, sino que las autonomías hacen ahora más controles en las zonas donde se han detectado brotes por viajes a Italia. No hay transmisión comunitaria y los focos están localizados, se dice. Calma.
No sólo el Gobierno central usaba las armas básicas de la gestión de crisis. Las autonomías también tiraban de manual en cuanto a la forma de comunicar sus positivos en aquellos días: a última hora del día, en paralelo a las ruedas de prensa de Simón (con lo que desactualizaba los datos que acababa de dar el portavoz oficial). Ocurrió primero con los contagios y pasaría durante esa primera semana con los fallecimientos. La idea era que la noticia tuviera el menor impacto posible.
A mediodía del viernes, 6 de marzo, España lamenta ya cinco muertos y 385 casos, que Simón tilda de una cifra "un poco mayor de lo habitual". Los informativos de ese mediodía abren con la propagación y las portadas del día siguiente ya otorgan al virus espacio preferente. La consigna política en cada comparecencia es que no hay que precipitar los hechos. No hay motivo de alerta. Sobre todo, hasta que amanezca el 9 de marzo. En la víspera del 8-M, a Simón le preguntan por la manifestación y contesta con una evasiva astuta: "Si mi hijo me pregunta si puede ir le diré que haga lo que quiera". Asegura que no tiene nada que ver con el Maratón de Barcelona (previsto para una semana después y recién cancelado) porque en el evento deportivo vienen “personas de muchos países”. En esos momentos, hay 441 contagios y ocho fallecidos (que subirán a diez antes de terminar el sábado).
8 de marzo. A las 11 de la mañana Salvador Illa y Fernando Simón elevan a 17 el número de fallecidos (con casi 600 contagiados) y el ministro recalca que España se encuentra "en fase de contención" con focos preocupantes derivados de velatorios o todo un barrio de Haro cercado por la Policía. Pero todo está localizado. Además, se machaca esos primeros días que todas las víctimas mortales en nuestro país son "mayores y con patologías previas". El drama de las residencias, pese a que Madrid cerró el viernes las más de 200 que dependían de la Comunidad, aún tendría que llegar y borrar esa coletilla como si fuera un atenuante.
Nada que ver con Italia, se afanaba Illa en incidir pocas horas antes de las marchas por toda España. En el país transalpino, la situación se había complicado hasta el extremo que Lombardía y otras 14 provincias del norte del país amanecieron ese domingo aisladas: el primer gran confinamiento europeo para unos 16 millones de personas. Eso sí es grave, venía a puntualizar Moncloa.
Mientras tanto, arranca en Madrid una manifestación del 8-M multitudinaria aunque con una participación muy menor a otros años. El coronavirus se da como justificación y durante unas horas domina el morado y el feminismo. Lo hace hasta bien entrada la noche, pasados los informativos y con las televisiones ya en su prime time tardío. Es entonces cuando se otorga al 70% de aumento de muertos diarios todo el espacio mediático que no había tenido en el domingo de reivindicación y el lunes, 9 de marzo, ya sólo se hablará de una enfermedad que impacta a España de lleno.
Esa semana se concatenan los acontecimientos, con cierre de colegios en Madrid, supermercados desabastecidos y la Organización Mundial de la Salud declarando oficialmente la pandemia el día 11 (aunque ya el 30 de enero la institución había declarado a la Covid emergencia de preocupación internacional). El sábado 14 de marzo, tras comunicarse que España contabiliza un total de 5.753 positivos y 136 fallecidos, se reúne el Consejo de Ministros de manera urgente y extraordinaria para decretar el estado de alarma que entraría en vigor al día siguiente y estaría vigente durante 99 días.
Elecciones sí o sí
El lunes 16 de marzo, nada más arrancar el estado de alarma, los presidentes de Galicia y País Vasco anunciaron la suspensión de las elecciones previstas para el 5 de abril. Ambos argumentaron que no se podrían celebrar hasta que no amainase la crisis sanitaria. Así de genérico lo señaló el decreto vasco, mientras que el gallego se encadenó a que no hubiera estado de alarma. De ahí que luego Núñez Feijóo fuera de los más insistentes en las conferencias de presidentes telemáticas de cada domingo durante el confinamiento para salir de la situación de bloqueo.
En cualquier caso, en la negociación de la cuarta prórroga del estado de alarma (la que fue del 9 al 24 de mayo), el PNV logró que se añadiera al decreto base que el Gobierno debería disponer "lo oportuno para que el servicio público de correos, los fedatarios públicos y demás servicios de su responsabilidad coadyuven al mejor desenvolvimiento y realización de elecciones convocadas a Parlamentos de Comunidades Autónomas". Fue la primera mención a la opción de celebrar comicios en tiempos de pandemia.
Y, para cuando los vascos y gallegos votaron el 12 de julio, España estaba sumida en lo que se llamó nueva normalidad... que sólo sería una tregua veraniega por parte del coronavirus. Ya desde finales de agosto y con la temida vuelta a clase de septiembre, los datos empezaban a lanzar señales de aviso. Los ojos mediáticos se concentraron en la evolución madrileña y Moncloa hizo lo mismo hasta el punto que el 9 de octubre decidía intervenir Madrid. La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días no llegaba a 700. Sólo dos semanas después, el 25 de octubre, el Gobierno central asumía que la segunda ola era generalizada, que había que frenar la propagación y Pedro Sánchez anunciaba un nuevo estado de alarma sin confinamiento duro de seis meses en el que las autonomías modularían una serie de medidas como los cierres perimetrales o los de los comercios.
En ese día, España tenía una incidencia media de 362, se citaba como base la cifra de 60 casos que Europa consideraba de alto riesgo y Moncloa se reservaba el derecho a incrementar la contundencia del nuevo decreto en función de los acontecimientos. Pero, en ese momento, parecía que se daba el mando a las autonomías. Algo que habían estado reclamando desde la primavera.
También en aquellos días se daba por hecho que habría elecciones en Cataluña en febrero. Sin cerrarse aún la fecha, desde la inhabilitación de Quim Torra en septiembre, la convocatoria estaba cantada e incluso se daba por hecho que serían el 14. Como esa previsión entraba de lleno en los meses de excepción blanda decretada por el Ejecutivo central, el decreto establecía en su disposición adicional única que "la vigencia del estado de alarma no impedirá el desenvolvimiento ni la realización de las actuaciones electorales precisas para la celebración de elecciones convocadas a parlamentos de comunidades autónomas".
La segunda ola siguió su curso ascendente y descendente y, según empezaban a computarse los contagios adquiridos a partir del puente de diciembre, la Navidad se oscureció y el debate político se centraba en los límites que se tomaba en cada comunidad según su color político. Madrid siguió esgrimiendo la antorcha de defender la economía mantuvo al máximo posible la actividad; la Comunidad Valenciana cerró su frontera autonómica. Ambas están a la cabeza de incidencia a finales de este enero.
España, en conjunto, roza los 900 casos (886,7, para ser exactos) a 29 de enero y sólo le supera en Europa la vecina Portugal (1.630) y República Checa (931), según datos de Sanidad. El Reino Unido se sitúa en 725, Francia y Países Bajos en torno a 400 y Alemania e Italia, por debajo de 300.Igualmente, este 29 de enero ha comenzado la campaña catalana.
Hace justo un mes, el 29 de diciembre, Salvador Illa era entrevistado en La hora de la 1, de TVE, y a la pregunta de si pensaba en clave electoral contestaba que Miquel Iceta era el candidato para la Generalitat. Tan sólo un día después, el PSC anuncia que su apuesta es Illa y el hoy ministro de Función Pública admitiría en varias entrevistas que la operación venía de lejos. Sea como sea, Illa ha sido ministro de Sanidad y candidato del PSC al mismo tiempo mientras los tribunales decidían si habría elecciones el 14 de febrero y determinasen finalmente que sólo serían suspendidas si el Ministerio de Sanidad ordenaba un confinamiento duro que impidiera el derecho al voto.
A saber lo que la historia dirá en diez meses de estos días. Lo que es seguro es que febrero arrancará con las fronteras con Portugal cerradas y muchas autonomías en el límite de su capacidad de gestión contra la pandemia y pidiendo más margen. En el otro extremo de Cataluña, donde este sábado se rebasó la barrera psicológica del medio millón de infectados, Andalucía suma ya más de 300 municipios con la clausura total de comercio y hostelería (excepto los servicios básicos), con localidades de peso como Jerez o Marbella. En total, un millar, incluidas todas las capitales, están cerradas perimetralmente y las asociaciones de padres de alumnos locales claman por el fin de las clases presenciales en muchos de esos municipios. No se puede hacer nada salvo llevar a los niños al colegio e ir a trabajar. El andaluz es sólo un ejemplo más. Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla y León... la incidencia está descontrolada en cada rincón del país y nadie espera un movimiento de Sanidad a corto plazo. Al menos, hasta el 15 de febrero.
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