El exdirectivo de BBVA Eduardo Arbizu ha cargado contra la Fiscalía Anticorrupción en su último escrito presentado en el 'caso Villarejo'. El que fuera director de Servicios Jurídicos, Asesoría Fiscal, Auditoría y Cumplimiento, destituido del cargo en julio de 2019 tras su imputación, ha advertido de que el Ministerio Público no ha interpretado correctamente sus respuestas y las utiliza para recabar más pruebas contra la entidad bancaria, imputada como persona jurídica. En este sentido, asegura que en su declaración como investigado, el pasado 14 de febrero, no negó la existencia de una auditoría sobre contrataciones con proveedores externos, entre los que podría estar el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
De este modo, la defensa de Arbizu responde así a una de las manifestaciones contempladas por Anticorrupción en el informe del pasado 12 de julio, por el que solicitó al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón prorrogar seis meses más la instrucción de la novena pieza separada de la macrocausa 'Tándem', la centrada en la contratación que hizo BBVA de las empresas del agente encubierto durante más de una década. En dicho documento, los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro instaron al magistrado instructor a requerir más documentación al banco presidido por Carlos Torres para comprobar si existió dicha auditoría interna.
Para poner en antecedentes, Anticorrupción -y posteriormente el juez lo recoge en su resolución- detalla que el exresponsable de la red comercial de BBVA España, Ignacio Pérez Caballero, que declaró ante el juez como investigado el pasado 5 de mayo, afirmó que el banco "había realizado una auditoría de compras a proveedores externos". Este hecho resultó un dato novedoso para los fiscales, ya que, según indican en su escrito, se trata de un "extremo este que, salvo error del Ministerio Fiscal, fue negado por el responsable de auditoria y cumplimiento" unos meses antes en sede judicial.
Tras conocer este planteamiento de la acusación pública y la orden del juez García Castellón de que BBVA certifique si existió dicho 'examen' y, en caso de ser así, remita copia de la documentación, Arbizu presentó un nuevo escrito el pasado 29 de julio, al que ha tenido acceso La Información, para hacer una puntualización. El abogado del que fuera jefe del departamento de Auditoría asegura que "no es cierto" que su cliente "negara la existencia de tal auditoría" durante la declaración que prestó, a petición propia, después de haber estado guardando silencio los dos años que llevaba imputado -al igual que hicieron la mayoría de exdirectivos del banco imputados-.
"Es más, es que nada en su respuesta hacía referencia a la existencia, o no, de informes concretos de ninguna naturaleza puesto que se limitó a describir el modo en el que opera Auditoría interna y las revisiones que esta unidad realiza sobre procedimientos, unidades o países, pero en ningún momento afirmó que entre esas revisiones se encontrara, o no, la auditoría interna a la que se refirió dos meses después el señor Pérez Caballero", indica la defensa de Arbizu en el documento presentado antes del 'parón' estival -el mes de agosto es inhábil en los tribunales-.
Un plan anual de auditoría
Así, para despejar cualquier tipo de duda, el abogado explica que la única manifestación que realizó el exjefe de los servicios jurídicos de BBVA en relación a las funciones de Auditoría Interna fue "en respuesta a una pregunta de su propia defensa". En concreto, la pregunta fue: ¿Cuáles son las unidades que tienen encomendado el control en el proceso de contratación de proveedores", según la transcripción que aparece en el escrito. A lo largo de la contestación, Arbizu detalló los departamentos, destacando que "por último, la tercera línea de defensa es auditoría interna que, como siempre ocurre en todas las organizaciones y desde luego en todas las sociedades cotizadas, no revisa todos y cada uno de los documentos y todas y cada uno de las contrataciones".
En este sentido, el exdirectivo de BBVA -que soló contestó a la Fiscalía y a su defensa y se desligó de la contratación de Villarejo- apostilló que el Consejo de Administración de la entidad, "en virtud de factores de riesgo", aprueba un "plan anual de auditoría" y "luego revisa algunas unidades, algunos procedimientos, algunos países y, cuando lo revisa, lo revisa en virtud de muestreos". "Ese es el modelo general del banco y es el modelo que en materia de contratación reflejan las normativas a las que me he referido", añadió, de acuerdo a lo transcrito.
Con todo ello, el magistrado instructor García Castellón ha aceptado la petición de Anticorrupción de solicitar al banco que informe sobre la existencia de dicha auditoría al entender que tiene "especial relevancia". El objetivo, señala el juez, es "determinar el grado de conocimiento y cumplimiento de la normativa interna del banco" y si la normativa de compras que fue aportada hasta la fecha por el BBVA "era la que servía de aplicación" en relación a los encargos a proveedores externos. Así, da 'luz verde' a una de las diligencias que ha justificado la ampliación del tiempo de instrucción, al menos, durante medio año más. Por su parte, aun haciendo la matización a la Fiscalía, Arbizu destaca que no se opone a que la entidad financiera aclare este punto concreto.
Más documentación de BBVA
No es la primera vez que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 pone en cuestión si la entidad financiera siguió las reglas. En estos últimos seis meses, el magistrado ha solicitado numerosa documentación y la declaración de un trabajador del banco, experto en esta materia, para esclarecer si BBVA contabilizó las facturas giradas por el grupo empresarial liderado por Villarejo conforme indican las normas internas de la entidad. De hecho, el magistrado ahora insiste en que los trabajadores del banco sabían más de lo que se dice y, por ello, sigue indagando en si el comisario jubilado Villarejo tuvo algún tipo de trato de favor.
En esta línea, en el auto de prórroga de la causa, el juez acepta otra de las peticiones formuladas por Anticorrupción y solicita a BBVA que "identifique al personal de la entidad que intervino de forma directa o indirecta en la operación vinculada a la cuenta de crédito". "La finalidad de la diligencia es constar quién sería el responsable del expediente, a efectos de aclarar quién escribió sobre el mismo, identificó a 'Pepe Villarejo', su grupo empresarial y la concesión del riesgo", explica el juez. En los últimos meses, el instructor ha centrado parte de la investigación en aclarar hasta qué punto el banco sabía que el comisario jubilado José Manuel Villarejo estaba al frente del Grupo Cenyt y si ello está relacionado con la apertura de una primera cuenta bancaria poco después de su contratación a finales de 2004.
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