Miércoles, 08.04.2020 - 10:54 h
De existir delito dice que estaría prescrito

Asenjo pide el cierre del caso Iberdrola al no ver cohecho en los encargos a Villarejo

El exdirector de Seguridad afirma que los negocios privados del comisario "contaron con el beneplácito y la aquiescencia" de la cúpula policial. 

García Castellón frena en el 'caso Iberdrola' y revisa las últimas facturas de Villarejo
Los investigadores tratan de dilucidar la cadena de mando de los encargos a Cenyt. 

Nuevo escrito del exdirector de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo a la Audiencia Nacional. El policía, investigado en el caso Tándem por la contratación de la eléctrica con las empresas de José Manuel Villarejo, pide ahora que se dé carpetazo a esta pieza decimoséptima del procedimiento al considerar que la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán no ha cometido delito de cohecho al contratar con el agente encubierto. Añade que, de haberlo hecho, estaría prescrito desde mediados de 2019, es decir, meses antes de que la Audiencia abriera en octubre esta pieza separada sobre los trabajos del agente. 

En esta nueva comunicación remitida al Juzgado Central de Instrucción número 6 y a la que ha tenido acceso La Información, la defensa alega que para poder acreditar la existencia de este tipo penal deberían entenderse los pagos efectuados a Cenyt como dádivas por los trabajos hechos, al tratarse Villarejo de un policía en activo el cual, por tanto, no puede compatibilizar su actividad de funcionario con negocios privados. La defensa de Asenjo no comparte este criterio, mantenido por la Fiscalía Anticorrupción, y asegura que todos los trabajos que llevó a cabo Cenyt (la cual realizó encargos también para entes como Repsol, Caixabank o Iberdrola, entre otros) "contaron con el beneplácito y la aquiescencia" de la cúpula policial.

Al respecto, se ampara en las cartas firmadas por los últimos jefes policiales desde 1986 (Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado y Eugenio Pino) las cuáles vendrían a demostrar "el conocimiento y consentimiento" de la cúpula de la Policía a los negocios privados de Villarejo. Con todo, Asenjo, que está imputado en esta pieza por los delitos de cohecho y revelación de secretos, asegura que, en caso de acreditarse este tipo penal, "los pagos que se barajan como posibles dádivas en el sentido de cohecho pasivo se habrían realizado durante los años 2004, 2005, 2006, 2009 y 2012. No puede más que concluirse que los supuestos delitos derivados de ellos deben considerarse a todas luces prescritos", reza el escrito. 

Condición de funcionario

Asenjo, que vuelve a exponer que el hecho de que se mantenga el secreto de sumario esta investigación le produce indefensión, tira de jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional para asegurar que el artículo 419 del Código Penal (relativo al delito de cohecho) implica una pena de cárcel de entre dos a seis años. Ello conllevaría que los encargos por los que se le investiga habrían prescritos entre octubre de 2016 y abril de 2019. Se refiere el policía a las contrataciones que la bilbaína cerró con Cenyt desde el año 2004, con la bautizada como 'operación Arrow' para investigar un movimiento vecinal contrario a la instalación de una central en Arcos de la Frontera, hasta el año 2012. En ese ejercicio se solicitó un informe sobre la empresa rumana Eólica Dobrogea, la cual mantenía una deuda con Iberdrola. 

Con todo, la eléctrica volvió a contratar a las empresas privadas del comisario en 2016 para pedir una investigación patrimonial de dicha compañía rumana y de su socio Christopher Kapp. En relación a este encargo, asegura Asenjo que "no podría ser nunca constitutivo de cohecho" por el hecho de que Villarejo se jubiló unos meses antes de la firma de este último contrato. "Este encargo, lo que más viene a corroborar, es que la contratación de Cenyt no deriva de la condición de funcionario de Villarejo, sino por el contrario, de los servicios de investigación privada que la mercantil venía prestando de forma satisfactoria", explica el escrito. 

Recusación del magistrado

El policía también recuerda en este último documento que "no detendrá el curso" del escrito de recusación contra el magistrado instructor, Manuel García Castellón, en el que pide que se aparte de esta investigación por presunta pérdida de imparcialidad. Al respecto, asegura que lo ocurrido en su última declaración judicial del pasado miércoles se alcanzó una "situación alarmantemente insostenible" en lo relativo a una pérdida de respeto hacia su persona. En esta última citación judicial Asenjo descartó pronunciarse sobre las conversaciones que mantuvo con Villarejo y que éste grabó a escondidas, al considerar que están manipuladas y que, de hacerlo, le otorgaría la validez de la prueba de cargo que, según explica, no tiene. 

Los investigadores, por su parte, sostienen que todos los contratos que cerró Cenyt son constitutivos de delito de cohecho puesto que Villarejo los llevó a cabo mientras estaba en activo en la Policía Nacional (tan solo estuvo de excedencia la década comprendida entre 1983 y 1993). De las diligencias practicadas mantienen que el policía se apoyó para sus pesquisas privadas en una red parapolicial empleando además determinados medios de la Policía Nacional. Es por ello que la línea de investigación se centra ahora en la cadena de mando dentro de Iberdrola que habría ordenado contratar con el entramado de Villarejo y su socio, el abogado Rafael Redondo si bien, sobre este aspecto, Asenjo explicó que los contratos se gestionaron desde el departamento de Seguridad y que solo despachó con Galán algunos aspectos determinados. 

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