Solo queda cerrar la noche y extender las restricciones. Las comunidades autónomas, a la que el fin del estado de alarma el pasado mes de junio devolvió toda la gestión de la pandemia de la Covid, asumen que le falta lo más importante: el amparo legal para prohibir el movimiento de sus habitantes. De ahí que necesitan que haya un estado de alarma en todo el territorio nacional y por eso el Gobierno central reunirá este domingo a sus ministros para dar el paso. Ya no hay tiempo para más dudas y, por si no hubiera miles de razones en forma de nuevos contagios y cientos de fallecidos a lo largo de la semana, hasta ocho autonomías -Cataluña, País Vasco, Galicia, Murcia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Asturias y Aragón, han informado este sábado de datos históricos en positivos.
Por un lado, la Conselleria de Salud de la Generalitat ha notificado más de 6.000 nuevos contagios. En concreto, a través de su página web ha registrado hasta este sábado 225.901 casos confirmados acumulados de coronavirus -198.368 con una prueba PCR-, 6.073 más que en el recuento del viernes. A ello se suman 48 fallecidos en las últimas 24 horas y un riesgo de rebrote siete veces por encima del límite que ya se considera extremo.
En paralelo, varios dirigentes catalanes han tomado las radios esta mañana de sábado y han insistido en que necesitan el estado de alarma. Su consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, incluso ha ido más allá y ha dicho que un nuevo confinamiento domiciliario implicaría "con mucha probabilidad" el cierre de las escuelas y que aplicarían el toque de queda de manera automática en cuanto el Gobierno de Sánchez acuerde el estado de alarma.
Otra de las autonomías que salió el viernes a pedir el estado de alarma, el País Vasco, también ha superado marcas anteriores ha detectado este pasado viernes 1.212 nuevos casos positivos en Covid-19, lo que supone cinco contagios más que en la jornada anterior y marca un nuevo máximo desde el inicio de la pandemia. También se ha incrementado la tasa de positividad hasta el 8,7% sobre el total de 13.895 pruebas PCR y de antígenos realizadas. Según los datos hechos públicos por el Departamento vasco de Salud, este pasado viernes se han efectuado 13.895 pruebas PCR y de antígenos, por debajo de las 14.440 pruebas realizadas el día antes y el porcentaje de positivos respecto a las pruebas realizadas ha ascendido del 8,5% al 8,72%.
La Región de Murcia, a su vez, ha registrado 924 nuevos casos, lo que supone otro registro máximo desde que comenzó la pandemia, con cuatro fallecidos más, y el Ejecutivo autonómico ha advertido de que estudia implantar medidas "mucho más restrictivas" la próxima semana. Con los datos facilitados este sábado Murcia ha superado los 10.000 casos activos (10.138) y tiene 427 pacientes por coronavirus ingresados en centros hospitalarios, de los que 77 están en las unidades de cuidados intensivos. Además, Castilla y León, con 2.015 positivos (que la hace rozar los 79.000 totales) y 27 fallecidos, y Asturias, con otros 381 en una jornada, se han sumado a las cotas máximas diarias. Aragón, que a la tarde reportó 1.345, se sumó a la lista de nuevas cumbres.
Por su parte, y en el extremo occidental de la península, los positivos detectados en Galicia han crecido hasta los 687 en 24 horas, lo que supone el récord de toda la pandemia, ya que el anterior máximo estaba fijado en 516 el 29 de marzo. Además, los casos activos, es decir, las personas que todavía padecen la enfermedad, han superado los 6.000.
Sin embargo, Galicia es una de las pocas autonomías que no ha pedido de manera oficial que se decrete el estado de alarma. Sí lo han hecho otras once: todas las gobernadas por el PSOE (Asturias, Extremadura, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha, Baleares y Comunidad Valenciana) así como País Vasco, Cataluña y Cantabria y la Ciudad Autónoma de Melilla. Las últimas han sido la castellano-manchega, que lo ha solicitado de manera formal esta mañana de sábado y con el respaldo de PSOE, PP y Ciudadanos, y Baleares, ya en la tarde noche del sábado.
Con todo, faltarían por sumarse Canarias, Ceuta y las presididas por el Partido Popular, que por su parte están adoptando medidas similares al toque de queda como ha anunciado Madrid o Castilla y León. En Andalucía, la medida extrema noctuna se ha aplicado de momento solo sobre el área de influencia de Granada pero el Gobierno regional tampoco descarta extenderlo en breve.
En cualquier caso, el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos no necesita el visto bueno del Congreso para aprobar el estado de alarma, pero sí para prorrogarlo más allá de los 15 días de vigencia inicial. Por ello, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, volvió a hacer este viernes un claro llamamiento al PP para que garantice su apoyo para prorrogar este instrumento y poder garantizar así una cobertura jurídica apropiada para medidas como el toque de queda. De momento, el Ejecutivo ya se ha asegurado el apoyo de Ciudadanos y, con las reclamaciones de País Vasco y Cataluña se da por hecho que las formaciones nacionalistas en el Parlamento se sumarían.
La situación no es solo preocupante en España. Los principales países europeos no dejan de pulverizar las cifras máximas de la pasada primavera en cuanto a incidencia. Francia, Alemania, Italia... Ningún gran país del viejo continente ha podido esquivar la segunda ola y Europa se acerca como zona más afectada del mundo a la América donde Estados Unidos y Brasil todavía son el primer y tercer país más golpeado.
El Gobierno y las comunidades ya aprobaron este jueves en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) un plan de respuesta coordinada que incluye cuatro niveles de riesgo, con sus correspondientes medidas. En el nivel de alerta máxima se contempla expresamente la posibilidad de recurrir al estado de alarma para dar cobertura a medidas "excepcionales", tal y como ha recordado Sánchez en su comparecencia. Tras superarse la primera ola del coronavirus, y decaer el estado de alarma iniciado en marzo por la progresiva pérdida de apoyos, Sánchez adoptó en verano una estrategia de "cogobernanza" con las comunidades, para que fueran ellas las que, en coordinación con Sanidad, se encargaran de gestionar la pandemia, recuerda Ep.
En esta línea, a finales de agosto puso a su disposición la posibilidad de solicitar la aprobación de un estado de alarma "territorializado" que sirviera como cobertura jurídica para aplicar medidas de movilidad más estrictas, si así lo consideraban necesario. En ese momento, Sánchez, ofreció a los presidentes autonómicos la posibilidad de acudir al Congreso a defender ellos mismos su petición. El Gobierno ya recurrió hace dos semanas a la declaración de un estado de alarma "territorializado" para aplicar en la Comunidad de Madrid los confinamientos perimetrales en la capital y otros ocho municipios, ante la "preocupante" situación en la región, y la negativa del gobierno de Isabel Díaz Ayuso de atender las indicaciones del Ministerio de Sanidad.
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