El enfrentamiento entre los ministros del PSOE y de Unidas Podemos en el seno del Gobierno de coalición y la amenaza de una crisis interna para el mes de enero, cuando Sánchez tenga ya en la mano la llave de los Presupuestos Generales del Estado, mantiene en vilo a la mayor parte de los gabinetes ministeriales y paralizada su actividad hasta saber cómo va a quedar la nueva configuración del Ejecutivo. Los avisos a navegantes se lanzan incluso desde las propias filas socialistas, a la vista de que la situación no mejora entre la parte económica del Consejo de Ministros, liderada por la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda y Portavoz, María Jesús Montero, y los departamentos que llevan el sello del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.
El encontronazo entre estos dos últimos en el Congreso, en el que Montero pidió a Iglesias que no fuera "cabezón", ha sido un acicate más para generar incertidumbre con lo que pasará en Moncloa cuando, a finales de este mes, se aprueben las cuentas públicas. Pero el "recado" de que es mejor ir preparándose para una crisis de Gobierno y que en el mes de enero no pille desprevenidos a ninguno de los ministerios implicados se viene mascullando desde hace más de un mes y toma cuerpo cada día que pasa. Junto a la necesidad de tener listas cuanto antes las cuentas públicas, solo la evolución de la pandemia y la posibilidad de limitar aún más la movilidad para estas navidades, si los datos no siguen cediendo, es lo que aplaza un movimiento más claro desde Moncloa.
Fuentes cercanas al Gobierno advierten que la clave va a estar en saber si el cambio será solo de peones, o se hará caso a quienes critican la "amplitud" de un Ejecutivo con 22 carteras. Algunas de ellas de escaso poder de gestión y administración, como Universidades o Consumo, que siempre han estado ubicadas en secretarías de Estado o direcciones generales como máximo nivel jerárquico estatal. Ese exceso de ministerios no está bien visto por Europa, que vigila con celo la necesidad que España va a tener de recortar su déficit de cara a obtener la máxima eficacia de las ayudas europeas de cara a reanimar la actividad.
Los condicionantes
Mientras los acontecimientos se desarrollan con el debate presupuestario en el Senado, a pocos días de que entren en vigor, los frentes se van abriendo entre ambos bandos en el seno del Gobierno. La última salida de tono del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con un informe sobre la ampliación el plazo para calcular las pensiones y su consiguiente rebaja, al margen de las recomendaciones del Pacto de Toledo y en contra del planteamiento de Unidas Podemos, se añade a la bronca. Una refriega en la que ya hay cuestiones como la prohibición de los desahucios, la subida del Salario Mínimo Profesional, la reordenación del sector energético con las renovables o las tasas a las tecnológicas o a los bancos.
Pero hay varios condicionantes que pueden entorpecer la sustitución de algunos nombres o la supresión de ciertos departamentos. Para empezar, el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos impediría a Pedro Sánchez tomar una decisión sobre las carteras de la parte morada sin consensuarlo con Pablo Iglesias. Aunque el presidente del Gobierno estaría habilitado legalmente para hacerlo, el pacto contemplaba que cada uno decidiría sobre sus altos cargos. Es decir, Sánchez solo podría prescindir de los ministros socialistas e Iglesias haría lo mismo con los de UP. Otra de las limitaciones está en el equilibro de fuerzas. Si se reducen los ministerios del PSOE, se pueden reducir en la misma medida los de Podemos. El fin es no descompensar el pacto. Aunque el presidente tiene todo el aval de la Constitución para llevar a cabo modificaciones de ese tipo.
Desde el ámbito económico y financiero se ha advertido a Moncloa que el año 2021 va a ser todavía muy duro. Por más que la vacuna frene o estabilice la situación sanitaria, las ayudas o las inversiones que se puedan generar a partir de los fondos europeos van a tardar más de un año en surtir su efecto. Por lo que habrá que soportar todavía una factura muy amplia por el escudo social que se ha puesto en marcha a base de ERTE, ayudas a sectores azotados como el turismo y otras medidas sociales. En Moncloa son conscientes de que todo eso será un hándicap para las cuentas públicas. ya que mantendrá alto el déficit público aunque el crecimiento se dispare poco a poco.
Una "discusión entre colegas"
La posibilidad de que este movimiento vaya a producirse coincide con el aumento de las grietas entre socios que se ha producido en las últimas semanas. El colofón ha sido esa escena protagonizada por Pablo Iglesias y María Jesús Montero. Que miembros del Gobierno mostraran sus discrepancias en público es algo que ha ocurrido habitualmente. Pero que se pueda ver e incluso escuchar una conversación en los pasillos del Congreso es lo que no había sucedido hasta ahora. Fuentes del Ejecutivo han insistido en restar importancia a lo ocurrido, al asegurar que "no ha habido bronca" y que lo ocurrido en uno de los salones de la cámara baja fue "una discusión sobre los temas pendientes que hay sobre la mesa".
Y es que las medidas sociales que el lado socialista quiere impulsar en las próximas semanas no convencen al socio morado. El último episodio lo ha provocado el anuncio de un plan para impedir el corte de la luz en pandemia que había trazado la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera. Esta prohibición resulta insuficiente para los de Pablo Iglesias, que reclaman que esto se amplíe a otros suministros básicos, como el gas o el agua. Una lucha abierta a la que se puede sumar en unas semanas otra cuestión pendiente: la ley de vivienda. El pacto que alcanzaron los partidos de coalición era que estuviera lista en enero. Lo que está por ver es que el contenido de la misma satisfaga a Iglesias y los suyos.
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