La Asociación contra la Gestión del Coronavirus (AGC), liderada por el denunciante del 8-M, ha pedido a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que se abstenga de intervenir de modo directo o indirecto en la causa que se dirige contra un político del PSOE, partido con el cual ejerció como ministra de Justicia. La plataforma de afectados ha remitido un escrito a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel en el que solicita que el procedimiento contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, se quede en manos exclusivamente de la Fiscalía de este territorio.
El escrito, presentado el pasado 3 de junio, se conoce después de que el Ministerio Público haya instado a la instructora a archivar esta causa al considerar que Franco no cometió delito de prevaricación autorizando las marchas en la capital a principios de marzo. Se trata de un criterio muy similar al mantenido por la Abogacía del Estado ya que ambos órganos han recurrido el auto de la magistrada por el cual incoó diligencias previas contra el delegado del Gobierno. Ahora, la asociación de víctimas expone en su escrito recogido por La Información que Delgado tiene una cercanía clara con Pedro Sánchez, contra el cual se querelló en el Tribunal Supremo en marzo por la gestión de la crisis del coronavirus.
"El Ministerio Fiscal no es poder judicial ni poder ejecutivo y en ningún caso representa los intereses del Estado ni puede recibir órdenes del Gobierno, debiéndose ocupar de ser garante de la legalidad y de defender los derechos de los más vulnerables", expone laasociación. La misma concluye existe una "incompatiblidad" contemplada legalmente para la intervención de la fiscal general del Estado por su anterior cargo como ministra de Justicia, por lo que pide que sea sustituida por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas.
"Sin injerencias"
El abogado Víctor Valladares basa su petición en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y asegura, a tenor de lo establecido en el artículo 28, que los miembros del Ministerio Público no pueden ser recusados aunque tienen que apartarse "cuando les afecte alguna de las causas de abstención", teniendo que acudir a su superior jerárquico. En el caso de la fiscal general, el asunto lo tiene que resolver la Junta de Fiscales de Sala que preside el teniente fiscal del Tribunal Supremo. "Resulta evidente que a tenor del cargo político que ha ostentado Dolores Delgado entre los años 2018 y 2020 como ministra de Justicia de un Gobierno bajo la tutela del PSOE, partido político al que pertenece el investigado, ha de abstenerse de intervenir bien de modo directo o bien de modo indirecto en la presente causa", explica.
Se refiere el abogado a las pesquisas acordadas en este procedimiento y que apuntan no solo a la cúpula de la Delegación del Gobierno en Madrid por permitir las concentraciones entre esos días sino también al Ejecutivo central. Los agentes de la Guardia Civil encargados de esta investigación expusieron en su atestado aportado al juzgado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez alentó unas manifestaciones, como la relativa al Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo mientras que prohibió otros actos como el convocado por la Iglesia Evangélica en Madrid donde iba a celebrar a mediados de marzo su congreso anual. Un criterio que choca con el de Abogacía y Fiscalía, desde donde no ven indicios para mantener la causa.
Suspensión de la declaración de Franco
La asociación reitera su intención de figurar como acusación popular en un caso que nació a tenor de la denuncia presentada por el letrado. En otro escrito separado explican que han presentado el poder para pleitos necesario y que también han abonado los 1.000 euros de fianza que se les requirió para figurar como acusación. Por ese motivo reclaman a la juez que suspenda el interrogatorio previsto para mañana de Franco en aras a tener más tiempo de acceder formalmente a la causa y prepararse la citación. Con todo, no es la única asociación que aboga por más tiempo; Manos Limpias también ha solicitado que se aplace la citación después de que su letrado pudiera presentar síntomas de haber contraído el coronavirus.
No obstante, Rodríguez Medel ya aplazó la citación inicial prevista para el pasado 5 de junio a petición de la Abogacía General del Estado que dijo que necesitaba tiempo para estudiarse el sumario de esta causa. Ahora la asociación pide más plazo porque según asegura está en un "limbo judicial" al no haber recibido luz verde para figurar como acusación popular pese a haber sido la primera asociación en haber cumplido con todos los requisitos formales, según exponen en su escrito. Además de Franco, la magistrada tiene previsto escuchar en calidad de testigos entre este miércoles y el jueves a empleados de la Delegación del Gobierno además de manifestantes que tenían actos convocados entre los días 5 y 14 de marzo.
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