El nuevo curso judicial que arrancará en septiembre se iniciará con la mirada puesta otra vez en el PP, que tendrá que encarar un nuevo juicio por la trama Gürtel, similar al que ya le condenó como partícipe a título lucrativo y por la sentencia que próximamente se dictará sobre la presunta caja ‘b’ del partido político. Asimismo, la formación política, cuya actual directiva insiste en que no tiene nada que ver con las actuaciones de la anterior cúpula, estará muy pendiente del fin de la investigación que se ha llevado a cabo en el marco del ‘caso Púnica’ sobre la presunta contabilidad paralela del PP de la Comunidad de Madrid, por la que se encuentran imputados los expresidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González o el ex secretario general de los ‘populares’ madrileños Francisco Granados.
A todas estos procedimientos penales hay que sumarle la tramitación intermedia de la séptima pieza separada del ‘caso Tándem’, el relativo a las presuntas irregularidades cometidas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, y en el que se ha analizado la denominada ‘operación Kitchen’, la operación policial urdida en 2013, y sufragada con fondos reservados, para arrebatar al extesorero del PP Luis Bárcenas la información comprometedora que guardaba sobre la formación política.
Por estos hechos, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, propuso el pasado 29 de julio llevar a juicio a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy; al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; y a la entonces cúpula de la Policía Nacional, si bien archivó el procedimiento para otras de las figuras más conocidas del PP, la que fuera su secretaria general María Dolores de Cospedal.
Tras estar más de dos años indagando sobre el motivo por el que se organizó un operativo de espionaje a Bárcenas al margen de las investigaciones judiciales que ya estaban en marcha en la Audiencia Nacional por su implicación en el caso Gürtel y por la presunta contabilidad opaca del PP, el magistrado instructor ha descartado “la existencia de una trama política ajena al Ministerio del Interior”. No obstante, tras acordar el fin de esta instrucción, ahora se inicia la fase de recursos por la cual las partes intentarán reabrir el procedimiento, como ya ha anunciado la Fiscalía Anticorrupción, al entender que aún quedan pruebas por practicar, o impugnarán los procesamientos, como previsiblemente harán los afectados por ello, como último intento de evitar ser sentados en el banquillo de los acusados.
Sin embargo, el presunto robo de esta documentación que obraba en poder de Bárcenas no solo ha salido a relucir en la investigación sobre la ‘operación Kitchen’. El exdirigente del PP ha recurrido a su condición de perjudicado para justificar la falta de pruebas que le ayudarían a demostrar las confesiones que ha hecho en otras causas penales sobre la existencia de una caja ‘b’ en el partido para el que trabajó como gerente, y después como tesorero, y por el que fue elegido senador. Y así lo expuso en la vista oral por el presunto uso de este dinero no declarado a Hacienda para pagar parte de la reforma de la sede del PP en la calle Génova de Madrid o para la adquisición de acciones de Libertad Digital.
La caja 'b' y las donaciones finalistas
Precisamente, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se encuentra deliberando los argumentos de la sentencia que se dará a conocer después del verano y en la que se determinará la veracidad de los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, las anotaciones que el extesorero del PP tomó a mano durante casi una veintena de años. Asimismo, los magistrado también
reseñarán el conocimiento que el propio partido pudo tener de este sistema de contabilidad, ya que se encuentra acusado como responsable civil subsidiario. Cabe recordar que, paralelamente, el Juzgado Central de Instrucción número 5 ha estado investigando las presuntas donaciones finalistas que empresarios entregaron al PP a cambio de adjudicaciones públicas. El juez Santiago Pedraz acordó el pasado 23 de julio no prorrogar más esta instrucción que se reabrió en 2017 con las revelaciones que hizo el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, en el juicio por la primera época de actividades de la red corrupta. Una decisión que ha adoptado tras escuchar a Bárcenas, que solicitó declarar voluntariamente en su afán de colaborar con la Justicia, si bien el magistrado instructor aún no se ha pronunciado sobre si envía a juicio a algún investigado por estos hechos.
El ‘caso Gürtel’ es otra de las causas que vuelven a poner al PP en el centro de atención, pues a partir del 22 de septiembre se volverá a sentar en el banquillo de los acusados como partícipe a título lucrativo por presuntamente haberse beneficiado de las irregularidades que habría cometido el ex alcalde ‘popular’ de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, conocido como ‘El Albondiguilla’, con la red de Francisco Correa entre 2006 y 2009. Se da la circunstancia que estas conductas ilícitas ya han sido confesadas ante la Fiscalía Anticorrupción por el líder de la Gürtel; el que fuera su ‘número dos’ y ex secretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo; y empresarios implicados en la trama.
Pendientes del fin de la 'Púnica' y 'Lezo'
Por último, también se espera que el caso ‘Púnica’ llegue del todo a su fin y se aclare qué ex altos cargos del PP regionales pueden ir a juicio junto al exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados, considerado líder de esta trama de corrupción, quien ha sido procesado por la parte de la instrucción dedicada a la organización de fiestas patronales de diversos municipios, así como el exsenador y exdiputado de la Asamblea de Madrid David Erguido y otras 13 personas, entre ellas varios ex alcaldes.
Hasta el momento, el juez Manuel García Castellón ha dado por concluidas la mitad de las líneas de investigación que se han abierto lo largo de casi siete años de instrucción de esta macrocausa. No ha hecho lo mismo con la novena pieza separada, la relativa a la supuesta financiación irregular del PP madrileño, la cual ha prorrogado, al menos, tres meses más -hasta el 29 de octubre- a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Esto significa que la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, entre otros ex altos cargos del partido, siguen investigados.
Una de las razones que expuso el magistrado instructor para ampliar esta investigación es que aún queda por unir al sumario toda la documentación procedente de la ‘operación Lezo’, otra de las causas de corrupción mediática relacionada con las presuntas irregularidades cometidas en el Canal Isabel II mientras estaba liderado por Ignacio González. El que fuera sucesor de Aguirre en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, además de estar imputado por la trama ‘Púnica’, se encuentra pendiente de ser juzgado por su actividad en el ente público de aguas.
