El curso judicial comienza con la mirada puesta en la renovación del CGPJ y el TC

El próximo 7 de septiembre comienza el nuevo curso. La Apertura de Año Judicial se celebrará en la sede de la máxima instancia judicial, el Tribunal Supremo, con la presencia del Rey Felipe VI y encabezado por Carlos Lesmes que, por cuarto año consecutivo, dará inicio a la actividad de los juzgados y tribunales españoles como presidente de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones. De hecho, este solemne acto será el preludio de unas semanas intensas en las que todas las miradas se centrarán en el órgano de gobierno de los jueces por la falta de su renovación y en el Tribunal Constitucional (TC).

Como es habitual, el acto tendrá lugar en el Salón del Plenos del Alto Tribunal, donde precisamente dos días antes tendrá lugar la toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en sustitución de Dolores Delgado, que presentó su dimisión el pasado 19 de julio por motivos de salud. Antes del parón estival, el nuevo máximo responsable del Ministerio Público ya superó los exámenes de idoneidad del CGPJ y del Congreso de los Diputados bajo las críticas de apariencia de afinidad con el PSOE y por ser la 'mano derecha' de la anterior jefa de la Fiscalía. Asimismo, el pasado 2 de agosto juró su cargo ante el Rey en el Palacio de la Almudaina de Palma de Mallorca.

Mira también

García aboga por dar más competencias a la AN contra los delitos económicos

Así, tan solo dos días después de cumplir el último trámite oficial para que García pueda ejercer tendrá lugar su primer acto público ante los representantes de los tres poderes del Estado, donde presentará la Memoria anual de la Fiscalía. Los asistentes al acto de inauguración del nuevo curso judicial escucharán con atención su discurso, pero también el que pronunciará Lesmes, que previsiblemente contendrá unas palabras dirigidas hacia PP y PSOE por la demora en nombrar a los nuevos 20 vocales del CGPJ. 

El presidente de la institución ya urgió el año pasado a los partidos negociadores a restablecer relaciones y les exigió que dejaran al CGPJ fuera "del escenario de la lucha partidista". Y ésta no era la primera vez, pues así lo ha hecho todas las veces que ha tenido que dar la bienvenida al nuevo año judicial con el mandato caducado -expiró en diciembre de 2018-. Además ha enviado diversas cartas a la Cortes para recordar que la Constitución fija un mandato de renovar la institución tras cinco años de haber sido nombrado. 

Sin embargo, los reproches públicos de Lesmes no han conseguido su objetivo, pues el CGPJ va camino de cumplir su cuarto año bloqueado y la situación de "hartazgo" ha ido en aumento en los últimos meses, después de que Congreso y Senado, a propuesta del PSOE, hayan modificado las restricciones impuestas al órgano de gobierno de los jueces para que puedan nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional y, además, en un tiempo limitado de dos meses desde que terminó la vigencia de los miembros salientes del tribunal de garantías.

Críticas a la última reforma

Así, para cumplir con esta nueva exigencia legal, el Pleno del CGPJ se reunirá un día después de la apertura del año judicial, el 8 de septiembre, para intentar proponer a los dos juristas que formarán parte del órgano máximo intérprete de la Constitución. El propio Lesmes avanzó que se tratará de llegar a un acuerdo, pero que éste será difícil, ya que se necesitan tres quintos de todos los vocales, es decir 12 de los 19 que ahora mismo componen el órgano de gobierno de los jueces. Cabe recordar que en las últimas 'discusiones', el Consejo ha estado dividido en dos, situación que ahora podría repetirse y complicar la elección de dos magistrados antes del 12 de septiembre, que es cuando concluye el plazo de elección. 

La reforma legislativa para modificar las competencias del CGPJ solo para nombrar a los magistrados del TC y no para cubrir las más de 60 vacantes que hay en la cúpula judicial ha sido muy criticada. Y es que estos dos futuros magistrados del órgano de garantías componen el tercio del tribunal que se completa con otros dos magistrados que son de elección del Gobierno y que, en este caso, garantizan la mayoría progresista en la institución. 

Así, ante la posibilidad de que el órgano que preside Lesmes no cumpla con su parte en el tiempo estimado, el Ejecutivo ya ha advertido que él sí presentará sus propuestas de nombramiento. Un hecho que abrirá otro debate ya que, según recuerdan fuentes del propio Constitucional, los nuevos miembros tienen que recibir el plácet de los que serán sus compañeros, lo que puede generar una discusión jurídica sobre la procedencia de nombrar a estos sin esperar al CGPJ.

Negociaciones en el aire

Pero este no es el único nombramiento que queda pendiente en el TC, pues el Senado tiene que encontrar un sustituto de Alfredo Montoya, que presentó su renuncia a finales de julio tras llevar un año de baja médica. En concreto, este magistrado fue propuesto por el PP, lo que significa que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo tiene que reiniciar el diálogo con los socialistas para pactar el nombre del quinto nuevo jurista que entrará en el tribunal de garantías. En este caso también son necesario tres quintos de la Cámara Alta para realizar el nombramiento. De este modo, los 'populares' conseguirían recortar la minoría en la que se va a encontrar el bloque conservador del órgano que vela por los derechos fundamentales.

Bajo todo este contexto, en el calendario hay marcado otra fecha en rojo. La Abogacía del Estado tiene que presentar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sus alegaciones sobre la denuncia que presentaron en octubre de 2021 seis magistrados de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) por la "inactividad de las Cortes Generales en el proceso de renovación" del Consejo General del Poder Judicial "por razones e intereses meramente políticos". Así, Estrasburgo ha emplazado al Gobierno español a que antes de mediados de septiembre -aunque el plazo puede prorrogarse, según advierten fuentes jurídicas- presente "una exposición de hechos junto con sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de las denuncias presentadas".