Nuevo archivo en el conocido como 'caso Villarejo'. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decidido dejar fuera de la investigación abierta por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo a Iberdrola Renovables Energía por la prescripción del delito. La filial del grupo eléctrico que dirige Ignacio Sánchez Galán llevaba un año imputada como persona jurídica en esta macrocausa por el pago de una factura de 29.500 euros a las empresas del agente encubierto en relación a unos supuestos servicios que éste habría realizado para espiar a la sociedad suiza Eólica Dobrogea, y sus representantes, con la que la multinacional vasca se habría aliado para desarrollar un proyecto en Rumanía.
Esta decisión llega justo un día después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordara también exonerar al que fuera jefe de Control Corporativo de Iberdrola, José Antonio del Olmo, al archivar la querella que presentó en su contra la propia compañía al entender que el delito de falsedad atribuido ha prescrito. Asimismo, hace poco más de un mes, el pasado 23 de junio, el magistrado instructor también archivó la investigación sobre los negocios de Villarejo al presidente del primer grupo eléctrico a nivel nacional, Ignacio Sánchez Galán, debido a que los delitos de cohecho activo continuado, delito contra la intimidad y delito continuado de falsedad en documento mercantil por los que se le investigaba también se encuentran prescritos.
Ahora, el juez García Castellón ha analizado la prescripción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en relación con el delito de cohecho investigado y, tras constatar que la pena máxima que podría corresponder a Iberdrola Renovables Energía sería de dos años, concluye que el plazo de prescripción es de cinco años, lo cual ya ha superado. Por ello, en un auto con fecha de este 26 de julio, el magistrado instructor acuerda el sobreseimiento libre de la causa para Iberdrola Renovables Energía.
Según explica el juez instructor, la fecha "inequívoca" que permite "concretar" el día en el que comienza a computar la prescripción es el 22 de junio de 2016, cuando Villarejo accedió a la jubilación voluntaria. En este momento, indica el magistrado, "ya no podría imputarse el delito de cohecho activo, toda vez que Villarejo ya no tendría la consideración de autoridad o funcionario público en los términos delimitados en el Código Penal". Así, teniendo en cuenta que los hechos imputados están relacionados con una factura de 2012, "asumiendo la posibilidad que los hechos se hubieran mantenido hasta el año 2016", y que la imputación tuvo lugar el 9 de julio de 2021, los cinco años de la prescripción han transcurrido.
"Puede concluirse conforme a los argumentos transcritos, que los delitos imputados a Iberdrola Renovables Energía estarían prescritos cuando se dictó el auto de 9 de julio de 2021, por lo que no cabría otra opción más que declarar la presencia de esta circunstancia extintiva de la responsabilidad, y con ello decretar el sobreseimiento libre”, afirma el juez.
'Proyecto Wind'
La empresa filial de Iberdrola fue imputada en la decimoséptima línea de investigación abierta en la macrocausa 'Tándem', a petición de la Fiscalía Anticorrupción, por el abono en febrero de 2012 de los gastos que generó lo que Villarejo bautizó como 'proyecto Wind', un trabajo que data del año anterior relacionado con el espionaje a la sociedad helvética, a su accionista mayoritario Chrisopher Kaap y su apoderado Corneliu Dica, con quienes surgieron diferentes conflictos. Según consta en el sumario, en 2016 se volvió a contratar al agente encubierto para la localización de bienes de los anteriores objetivos para poder ejecutar el laudo arbitral que había sido favorable para Iberdrola, si bien este segundo encargo no es objeto de la investigación del juez García Castellón, ya que en dichas fechas el comisario ya se habría retirado.
El pasado 20 de enero fue el turno de declaración ante el juez del representante de la compañía filial, quien indicó que este pago no correspondía a ningún servicio concreto, sino a los gastos que generó una "oferta de un plan de acción y un presupuesto" que hizo Villarejo, la cual nunca se llegó a contratar. Y en ello insistió el equipo jurídico de la compañía en un reciente escrito dirigido al juzgado, en el que reiteró que no tuvo ninguna participación en los supuestos encargos realizados al Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por el agente encubierto.
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