La batalla renovable baja a ras de suelo. Las empresas eléctricas han pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que evalúe el impacto de los planes para extender las renovables sobre los precios del suelo. La petición tiene dentro un fantasma: la burbuja especulativa que se registró en el sector fotovoltaico en los años 2007 y 2008. Y lleva también el germen del enfrentamiento: donde los grandes del sector ven un riesgo especulativo, los pequeños productores, especialmente los fotovoltaicos, ven un intento de cortar el vuelo a los pequeños competidores.
La pelea, recién iniciada, se libra en torno a la propuesta de la CNMC para aprobar la circular sobre el acceso y la conexión a la red eléctrica de las instalaciones de producción. El documento está en proceso de consulta pública hasta principios de julio y, según confirman las empresas, habrá alegaciones tanto individuales como a través de la asociación Aelec, la antigua Unesa.
La propuesta de circular de la CNMC, en su artículo 6, apartado 3D recoge que la solicitud de acceso por parte del productor debe contener, al menos "contrato de opción de compra, contrato de opción de alquiler, constitución de derecho de usufructo o cualquier otra figura jurídica que otorgue el derecho a usar los terrenos que se prevé ocupará la instalación de producción (excluidas sus infraestructuras de evacuación), conforme al anteproyecto de la misma". En otras palabras, para pedir el permiso habría que tener apalabrado el suelo del proyecto. A las eléctricas, según las fuentes consultadas, no les gusta. Consideran que con tales exigencias, los dueños de los terrenos elevarán inmediatamente los precios. Un efecto rebote. Y quieren que Competencia evalúe ese posible impacto.
Riesgo de burbuja
El nudo del debate está en el riesgo de burbuja que ya se observa en el sector de las renovables. Red Eléctrica de España (REE) recibe solicitudes de conexión a las redes a un ritmo de 300 MW al día. Suma ya 147.300 MW y eso es prácticamente el triple de lo que prevén los planes del Gobierno para aumentar la potencia renovable hasta 2030 (67.500 MW). Tanto el Ministerio de Transición Ecológica -que tiene pendiente la aprobación del decreto de acceso y conexión-, como la propia Red Eléctrica (REE) son conscientes de que tienen sobre la mesa un problema que crece de forma incontrolada.
El sistema de concesión de permisos no es el ideal. Hasta la fecha, el sistema, gratuito, consiste en presentar un aval vinculado a la potencia del proyecto a desarrollar. Los permisos, gratuitos, acaban por cotizar a precio de oro. Guardar la vez en la cola para acceder a las líneas eléctricas se ha convertido en un activo. La burbuja no ha alcanzado el tamaño de 2007 pero sí el peso suficiente para dificultar el control de los precios eléctricos a medio plazo, según señalan expertos y asociaciones del sector.
A las empresas, la propuesta de la CNMC les parece mejorable. "Nos interesa poner límites a la especulación", precisan fuentes de una de las cinco grandes. Pero quieren algo más. Un paso de la CNMC para que la circular de la Comisión tenga en cuenta el impacto de los planes renovables en los precios de los terrenos. En opinión de los pequeños productores, la posición -y la petición- de las grandes compañías no es inocente. Aunque están de acuerdo con la idea de que la Administración sea más exigente con los requisitos de quienes solicitan puntos de evacuación, temen que las eléctricas acaben por imponer la promoción de grandes proyectos, megacentrales que pueden afectar -como sucede en Murcia- a terrenos agrícolas.
Un puñado de empresas
Los productores fotovoltaicos de Anpier sostienen que el negocio fotovoltaico está cada vez más en manos de un puñado de empresas y fondos de inversión. Según sus datos, el 90% de los 3.000 MW fotovoltaicos que se adjudicaron en la última subasta de 2017 se repartieron entre menos de 30 empresas y un 25% está ya en manos de fondos internacionales. Además, de los más de 8.000 MW proyectados o en construcción fuera de subasta, un porcentaje superior al 60% pertenece ya a grandes compañías.
Es una tendencia que choca con la habitual en los países punteros de la UE. Alemania, Italia, y Francia apuestan por instalaciones de renovables de pequeño tamaño, vinculadas al autoconsumo. En Alemania, más de la mitad de la potencia fotovoltaica corresponde a proyectos de menos de 40 kW . También en Francia el 98% de estas instalaciones tienen potencias inferiores a 100 kW. En Reino Unido, solo en los últimos tiempos ha empezado a cambiar la dinámica a favor de grandes proyectos fotovoltaicos.
El decreto de puntos de acceso y conexión, pendiente de aprobación, es fundamental para el despliegue de las renovables y para el desarrollo del autoconsumo. Los productores se quejan de que sin esa nueva regulación, se mantendrán las barreras en la tramitación de proyectos que en España pueden durar hasta nueve meses mientras que en países como México llevan apenas semanas.
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