El área gubernamental del PSOE ha blindado toda la información sobre el conjunto de medidas urgentes que se prevén aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes para intentar abaratar la factura de la luz y no está compartiendo, al menos hasta ahora, ningún detalle con sus socios de Unidas Podemos. La configuración de este paquete especial, que se ha acelerado ante el incremento incesante del precio de la electricidad, la está dirigiendo la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, que ha llegado a acusar a los dirigentes morados de hacer "demagogia barata" con sus propuestas.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pactaron en su acuerdo de coalición que la política energética sería competencia exclusiva del PSOE y los socialistas lo están aplicando a rajatabla. Toda la información sobre las primeras medidas que aprobará el Gobierno en apenas cuatro días para llevarlas al Boletín Oficial del Estado (BOE) están siendo cocinadas entre varios ministerios bajo la responsabilidad del presidente. Ribera coordina pero el departamento de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con José Luis Escrivá al frente, está trabajando en la configuración del conocido como "consumo mínimo vital". María Jesús Montero, por su parte, también ha participado en los planes fiscales que el Gobierno sigue pergeñando.
En la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, la reunión donde se preparan los temas que se aprobarán en Consejo de Ministros, de este jueves los números dos de los ministerios hablaron de este paquete urgente para abaratar el recibo de la luz, pero, según ha sabido La Información, los responsables de los ministerios implicados no aportaron más detalles de los ya conocidos en público: que se está trabajando con el calendario del próximo martes y que, de momento, las medidas que se podrían poner encima de la mesa no están cerradas. viernes es el turno de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).
Unidas Podemos, por su parte, se está enterando prácticamente por la prensa de las decisiones que van a aprobarse en un Consejo de Ministros, el del próximo martes, en el que Ribera será la protagonista destacada. El plan de Moncloa es que la vicepresidenta tercera sea quien ponga sobre la mesa las medidas y que lo haga, además, a lo largo de varias entregas. Y es que la previsión de Transición Ecológica es ir aprobando este "plan de choque" en varios cónclaves del Gobierno.
Ante este situación, los dirigentes morados se están teniendo que limitar a exponer sus soluciones a través de cauces diferentes a los internos. La semana pasada presentaron la ley para crear una empresa pública de energía e Ione Belarra viene defendiendo en público desde hace meses la necesidad de reformar el bono social, o el conocido como "consumo mínimo vital" para atajar el daño de los incrementos en las factura para los más vulnerables. Ese término, precisamente, fue acuñado por primera vez por la ministra de Derechos Sociales en un documento interno del Ejecutivo fechado en marzo donde ya planteaba medidas para abaratar la luz. Las propuestas moradas, por tanto, han sido y siguen siendo descartadas por sus socios de coalición, salvo esa reforma de las ayudas a los más necesitados que el PSOE está cerrando.
Hay que recordar que el área socialista del Gobierno ya aprobó la configuración de la nueva factura de la luz, el pasado mes de junio, de forma unilateral, sin debatirlo con sus socios de Unidas Podemos. La decisión se adoptó en "la Delegada", nombre común con el que se conoce a la citada CDGAE, que aborda los asuntos económicos del Gobierno, y los morados se quejaron. El PSOE les respondió que en esa reunión también se sentaron la entonces vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Gazón, y que no se oposieron a la medida.
El contenido del "plan de choque" para bajar la factura de la luz
El objetivo es cumplir con el compromiso fijado por Sánchez: que a finales de 2021 los consumidores hayan pagado por la luz lo mismo que en 2018, ajustando el importe a la inflación. De esta forma, Ribera y su equipo trabajan en medidas como la creación de nuevos mecanismos de subasta para obligar a las grandes eléctricas a vender una parte de su producción a pequeñas comercializadoras o clientes industriales "a un precio fijado". O en cambios en la tarifa regulada para intentar rebajar el montante final y en el citado "consumo mínimo vital".
En el apartado fiscal, el paquete autorizado por Hacienda bascula desde prolongar la rebaja del IVA en la factura al 10% y la suspensión del impuesto de generación eléctrica del 7% más allá del 31 de diciembre. Y también se contempla una rebaja del impuesto especial sobre la luz, que se encuentra en este momento en el 5%. El Gobierno también se guarda el as de bajar el IVA al 4%, algo que en Hacienda admiten que está sobre la mesa.
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