El presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, tendrá que rendir cuentas este viernes ante los accionistas de la compañía con la incertidumbre de saber si el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, le cita a declarar en el caso 'Tándem' para explicar el grado de conocimiento que tuvo sobre la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2017 para salvaguardar los intereses de la compañía.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 lleva semanas estudiando si Sánchez Galán y otros de sus exdirectivos, como Fernando Becker o Francisco Martínez Córcoles, deben comparecer en la macrocausa, al igual que ya lo han hecho los máximos representantes de otras grandes empresas investigadas como Antonio Brufau, presidente de Repsol, e Isidro Fainé, entonces de La Caixa, imputados en la pieza 21 por los presuntos encargos a Villarejo de proteger los intereses de ambas empresas en una pugna entre accionistas.
Para tomar la decisión sobre la posible imputación, el magistrado espera a que la Fiscalía Anticorrupción presente un escrito solicitando su declaración como investigado, para poder analizar con detalle si hay y cuáles son los indicios obrantes en la causa contra el presidente de Iberdrola, tal y como adelantó este diario. Fuentes jurídicas consultadas por La Información aseguran que la citación no se dará a conocer esta semana, entre otros motivos, porque el Ministerio Público todavía no ha realizado dicho trámite. En cualquier caso, la sospecha supone un duro golpe para la cúpula directiva que tiene que afrontar la Junta General de Accionistas -que se celebrará de manera virtual- con la posibilidad de tener que responder a preguntas relacionadas con el papel que jugó el presidente en la contratación de Villarejo.
El propio Sánchez Galán ya se ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional para despejar todas las dudas que haya sobre su presunta intervención en los encargos al agente encubierto en la época en la que él era vicepresidente de Iberdrola. La Comisión Ejecutiva Delegada del Consejo de Administración de Iberdrola destacó el pasado 25 de mayo en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el juez puede contar con la colaboración de los administradores y empleados de la sociedad para aclarar cualquier incógnita en relación a este caso que, según señala, está causando desde años atrás "un significativo desgaste reputacional".
Los intentos de Villarejo de implicar a Sánchez Galán
Desde la empresa se ha insistido en todo momento en que no hay pruebas directas que apunten al presidente de Iberdrola como la persona que dio instrucciones para contratar al Grupo Cenyt, empresa de Villarejo. Todo lo contrario, intentos del comisario jubilado de involucrar a Sánchez Galán como conocedor de los abonos de sus servicios, afirman.
El pasado 12 de mayo, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional entregó al juez instructor un informe en el que se transcriben varios archivos de audios en los que Villarejo trata de indagar sobre la valoración que hacían en la cúpula de la compañía de sus trabajos de espionaje para el desbloqueo de la instalación de una central térmica ('proyecto Arrow'). Así, en una conversación con el que fuera responsable de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo -investigado-, dentro de su objetivo de conseguir más dinero y de implicar más a la dirección de la eléctrica, hace alusiones a Sánchez Galán refiriéndose a él como "señorito", "el jefe" o "don Ignacio".
En el hecho relevante, Iberdrola asegura que "desde el primer momento y de manera continua hasta ahora, el Consejo de Administración y sus Comisiones han actuado de conformidad con el Sistema de gobernanza y sostenibilidad, impulsando todas las actuaciones necesarias para el total esclarecimiento de los hechos con la información que ha sido conocida en cada momento y dando traslado de dichas actuaciones a las autoridades judiciales".
Requerimiento de información y 'forensic'
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó abrir la decimoséptima pieza separada del caso ‘Tándem’ en octubre de 2019 tras el análisis de toda la documentación intervenida durante la operación policial por la que Villarejo fue detenido y enviado a prisión provisional durante más de tres años. Un mes más tarde, requirió a la compañía eléctrica que aportara toda la documentación relacionada con la contratación, la contabilización y el pago de los servicios prestados por Cenyt a Iberdrola desde 2004 a 2009 y los correspondientes a la filial Iberdrola Renovables Energía en los ejercicios 2012 y 2017. Un requerimiento que, según subraya el hecho relevante, se cumplió en el plazo de 48 horas.
De forma paralela, para aclarar hasta dónde llegaron las relaciones de la multinacional con la empresa del expolicía, se encargó un informe 'forensic' independiente a PWC, que revisó un "número muy importante de documentos, la realización de numerosas entrevistas, el análisis de ordenadores y dispositivos móviles". La conclusión a la que llegó fue que no se ha obtenido "evidencia de ninguna relación del señor Villarejo con sociedades del Grupo Iberdrola distinta de la documentada en las diecisiete facturas referidas, ni tampoco de que en la contratación, contabilización y pago de las mismas se hayan infringido los procedimientos de control establecidos, ni, finalmente, indicios que permitan vincular a terceras personas ajenas a las Direcciones de Seguridad y Administración y Control con las contrataciones investigadas", indica el hecho relevante.
En noviembre de 2019, el juez imputó al exjefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo por ser el intermediario entre la mutinacional y Villarejo, si bien en su declaración desvinculó por completo a Sánchez Galán de los encargos realizados a Cenyt por los que se pagaron alrededor de un millón de euros por presuntas labores de espionaje a otras empresas como ACS o Endesa o a grupos ecologistas, según consta en las diligencias.
Otros directivos investigados
El magistrado reactivó la investigación casi un año después imputando a otros directivos de Iberdrola, como el director de Riesgos y Aseguramiento Interno del grupo, Juan Carlos Rebollo; el director de Administración y Control, Pablo Insunza; y José Luis San Pedro, ex ‘número dos’ de Iberdrola y colaborador del actual presidente. En sus declaraciones, aseguraron que no tenían conocimiento de estos trabajos.
Asimismo, el juez García Castellón también decidió imputar al ex ‘controller’ de Iberdrola José Antonio del Olmo, cuyo informe hecho público en diciembre de 2019 señalaba que Sánchez Galán, vicepresidente de la compañía en la época de los presuntos encargos a Villarejo, y su equipo estaban al tanto de los pagos por los trabajos de espionaje. Por estas afirmaciones, tanto Iberdrola, que no reconoce dicho documento al no encontrarse registrado dentro de la compañía, como Insunza han presentado acciones legales contra el que fuera responsable de Control Corporativo de la multinacional.
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