El Banco Santander está jugando cada vez un papel más relevante dentro de la causa penal por el Popular. Los investigadores quieren saber si la entidad que preside Ana Botín era conocedora de cómo estaba el banco ya en los últimos meses de vida y si contó con algún tipo de información ventajosa que le hiciera declinar la oferta de compra en mayo de 2017 pese a acudir a su rescate toda vez fue resuelto por la JUR. Precisamente sobre este punto se explicó la banquera este jueves en la Audiencia Nacional aportando unas explicaciones que sorprendieron a algunos abogados presentes en la declaración ya que le reprocharon que se produjo un auténtico giro de los hechos en un escaso margen de tiempo.
Entre los días 16 y 23 de mayo de ese año el Santander -que incluso llegó a figurar como imputado por ser heredero del negocio del Popular- pasó de rechazar la compra del Popular hasta acabar contemplando una "hipotética" resolución. Según explicó Botín en sede judicial, el banco visualizó la información que Popular puso en manos de terceros ante una posible operación de compra en mayo de ese año, del mismo modo que lo hicieron Bankia, BBVA y Sabadell. Fue lo que se denominó proyecto Noya. La banquera relató que no formularon oferta de compra cuando éste estaba sufriendo una verdadera fuga de depósitos en mayo de 2017 pero casi simultáneamente comenzó a valorar que podría acabar resuelto por la JUR, como finalmente ocurrió.
De acuerdo con las fuentes presentes en esta declaración, que se alargó cerca de cuatro horas, Botín quiso trazar la línea con la entidad y con su entonces director, Emilio Saracho, de quien dijo que apenas le conocía. Sin embargo, admitió unos hechos que para investigados como Ángel Ron o acusaciones como los grandes fondos, ponen en tela de juicio el conocimiento que podría tener el Santander acerca de cómo acabaría Popular en junio de 2017. Al respecto, Botín, que acudió sin papeles y según las fuentes consultadas estuvo muy tranquila durante su intervención, sí reconoció que se valoró ya en un consejo de administración de mayo que Popular acabaría en manos de la autoridad de la Unión Bancaria Europea.
Sin embargo, ello dio pie a que la defensa de Ron, que ejerce José Antonio Choclán, pusiera el foco en los motivos que le hicieron pensar que ese sería el desenlace del Popular en tan poco margen de tiempo. La banquera respondió que era un panorama fácil de vislumbrar por la intensa fuga de depósitos que se estaba produciendo entonces, además de por los informes que tenían entre manos y también por la experiencia con el portugués Banif. De hecho, ella misma admitió a preguntas de las partes que la fuga de hasta 16.000 millones en depósitos se debió a la falta de confianza de los inversores puesto que el banco no presentaba problemas de solvencia sino de liquidez. Por ello, intentó desmarcarse de la gestión de Emilio Saracho ya en la última etapa de vida del banco y apuntó que no le conocía pese a que un abogado le recordó que había trabajado en el Santander.
Igualmente se desligó del capítulo de las filtraciones que se produjeron por parte de algunos miembros del consejo de administración para hacer caer en valor de la acción e intentó no entrar en ese tema. Sí que admitió que tuvo un encuentro con Luis de Guindos, entonces ministro de Economía, en el que éste le trasladó la preocupación de las autoridades bancarias por la situación del Popular. Ahora bien, negó que en esas conversaciones se produjera algún tipo de presión para comprar el banco. De hecho, el motivo por el cual aseguró que no hubo proposición oficial es porque estaba a un nivel de provisiones muy por debajo de la media del mercado y que, con esas condiciones, no veían factible actuar.
No obstante, Botín quiso dejar claro que ella no se encargó de este asunto de manera directa sino que delegó en sus subordinados, entre los que se encuentra Rodrigo Echenique. Precisamente el expresidente de Santander España es el próximo en la lista de testigos estrella en la causa. El banquero está citado para el próximo jueves en aras a seguir desgranando el papel que jugó Santander en el fin del Popular así como el grado de conocimiento que tenían de la situación. De hecho, en las últimas semanas el magistrado José Luis Calama Teixeira, a petición de Anticorrupción, ha librado una serie de requerimientos al banco para que aporte los informes de compra y se identifiquen a sus autores. "Es lo cierto que, los vaivenes valorativos del Banco Popular son cuando menos, llamativos y necesitados de una explicación convincente", llegó a decir el instructor.
"Convidados de piedra"
El Santander, por su parte, ha denunciado en diversas ocasiones a lo largo de la causa que se le quiera hacer responsable por la actuación de los anteriores gestores y ha mostrado su malestar ante el instructor por el hecho de no poder defenderse de las peticiones de las partes. Hace apenas unos meses, los grandes fondos de inversión pidieron al juez que acordara una batería de testificales de altos cargos del supervisor y del Banco Central Europeo (BCE) además de cinco imputaciones de exempleados del Popular. La defensa de la entidad respondió negándose a las pretensiones pero el juez le advirtió que desde ese momento no admitiría a trámite ningún escrito que no se ciñera a su condición como responsable civil subsidiario.
Ello llevó a la entidad a denunciar indefensión y hasta a asegurar que se habían quedado como meros "convidados de piedra" en el procedimiento. El instructor del caso llegó a imputar a la entidad en enero de 2019 al considerar que debía responder penalmente como heredera del negocio del Popular. Sin embargo, la Sala de lo Penal admitió a trámite su recurso y ordenó al juez retirar la condición de investigada aunque también comparte el criterio del instructor acerca de que su papel en este caso se tiene que ceñir a una posible responsabilidad subsidiaria. Mientras tanto, y a la espera de escuchar en sede judicial a Echenique, el juzgado sigue reclamando información clave sobre la compra del Popular por un euro.
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