La pobreza y la falta de recursos que ya están sufriendo miles de hogares tras la pandemia de coronavirus es uno de los grandes problemas que afrontará el país en los próximos meses. Algo con lo que tendrán que lidiar las administraciones más cercanas a esas personas, que estaban en una situación límite antes de la crisis sanitaria o han visto como el confinamiento les ha sumido en la 'nueva pobreza' por dejar de tener los pocos ingresos con los que contaban. Por ese motivo, el PSOE quiere que se cree una nueva hucha para autonomías y ayuntamientos que sea exclusivamente para atender necesidades de carácter social de la ciudadanía. La fórmula que ponen sobre la mesa es la de un fondo no reembolsable que sirva para poner remedio a cuestiones como la pobreza energética, la alimentación de los menores o la vivienda. Con el fin de que el acceso a los recursos públicos no lo marquen ni el empadronamiento ni el código postal.
Los socialistas han hecho esta reclamación en una Proposición No de Ley (PNL) registrada en el Congreso, y a la que ha tenido acceso La Información. El primer asunto que ponen sobre la mesa es el de "reforzar el rol de los Servicios Sociales municipales" para que puedan interlocutar directamente con el Ejecutivo central sobre las consecuencias que ha dejado el virus en los pueblos. Una tarea que ya desempeñan las comunidades y las entidades del Tercer Sector, pero que el PSOE considera que también debe darse en los ayuntamientos por el mayor conocimiento que tienen de la realidad de los vecinos. Para ello, instan a que se llegue a acuerdos con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con las propias CCAA para concretar esas medidas que "refuercen el sistema público de Servicios Sociales".
La petición más ambiciosa es la de que los recursos económicos para llevar a cabo ese rescate a los ciudadanos en dificultades salgan de un fondo no reembolsable para administraciones autonómicas y locales. Es decir, una reserva a fondo perdido de la que se pueda tirar para ayudas a colectivos o familias. Sobre todo, por el panorama que deja la Covid-19. "Tendría que destinarse a la dependencia y a todo lo vinculado con la dignidad de las personas, como la vivienda, la alimentación o el material escolar de los menores", explica en conversación con este diario la diputada del PSC Sonia Guerra, que es quien firma la PNL.
Para la parlamentaria, lo más importante es que haya una "cartera de servicios fija" para todos y que "deje de haber territorios donde se tiene acceso a determinadas ayudas y en otro, que puede ser hasta limítrofe, no". "Esto pasa por dar más competencias a la administración local, con la que deben trabajar en red Gobierno central y autonomías", resalta. "No puede ser que sigamos con pueblos que sí cubran los suministros energéticos en las etapas de frío y que haya otros, de la misma zona o comunidad, que no", advierte la diputada, que considera que ese fondo y las obligaciones que implicaría servirían para dar la vuelta a esta situación. Un planteamiento que llega en un momento en el que el número de pobres en España puede sumar a 700.000 personas más, según el último informe de Oxfam Intermón.
Mismos servicios para todos
Las otras dos peticiones que recoge el texto registrado en la cámara baja tienen que ver con esa revisión de la cartera de servicios sociales. La primera es la "definir y configurar" un nuevo sistema que sea universal, y de la que se pueda beneficiar todo aquel que viva en un municipio. La otra tiene que ver con los ámbitos que se cubrirían con esta nueva fórmula, para lo que el PSOE pide que se establezca una "cartera mínima de servicios sociales comunes en todas las comunidades". Para lo que habría que diseñar una "nueva normativa estatal" dentro de este este campo. Todo para dar una respuesta homogénea a los ciudadanos y ciudadanas que, tanto con la crisis de 2008 como por la generada por el coronavirus, "han pasado a depender de las ayudas asistenciales de los servicios sociales municipales".
Como señala Guerra, la idea es que se lleve a cabo esa "universalización de los servicios sociales" y que se convierta en un derecho subjetivo al mismo nivel que la atención sanitaria. Es decir, que se dé forma al cuarto pilar del Estado del Bienestar. Lo que podría mitigar esas problemáticas de municipios con un gran apoyo asistencial frente a otros que no lo hacen por "priorización política", como denuncia la diputada socialista. Además, defiende que esta idea serviría de complemento al Ingreso Mínimo Vital aprobado recientemente, ya que ayudaría mientras va implementándose en todo el territorio nacional.
El asunto de los niños de familias con pocos recursos, que en muchos casos han perdido la única comida caliente del día por el cierre de los comedores escolares, es otro de los que les ha llevado a impulsar la propuesta. "Los menores deben tener alimentación todos los días del año, no solo en el curso. Hay que elaborar un servicio que cubra las necesidades de esos niños", destaca la socialista, que recuerda que el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos ya recogía la redacción de una ley estatal que estableciera un marco general sobre qué necesidades se consideraban básicas para la gente. Y que, por tanto, debían ser cubiertas a nivel autonómico o municipal.
La esencia de la PNL es la de impulsar el conocido como cuarto pilar del Estado del Bienestar, que es el que aglutina derechos sociales como la asistencia a la dependencia, al cual se quiere poner a la altura de la educación, la sanidad y el sistema de pensiones. Una cuestión que el Gobierno de coalición ha elevado a categoría de ministerio, al cual del frente está el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Circunstancia que, junto al contexto de la Covid-19, el PSOE no quiere desaprovechar para impulsar su agenda social. Por lo que ha acelerado la presentación de esta propuesta para que sea tenida en cuenta lo antes posible y pueda acabar en la mesa del Consejo de Ministros.
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