La investigación que mantiene abierta la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre el fiscal del caso Villarejo, Ignacio Stampa, que analiza si incurrió en una posible revelación de secretos con los abogados de Podemos, es un serio problema que puede bloquear que se le adjudique una plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción. En apenas una semana se decide en un Consejo Fiscal quiénes ocuparán las plazas libres que han quedado en esa institución, a las que optan con serias opciones, y entre otros muchos fiscales, los ocho componentes actuales del equipo que están en comisión de servicios. Entre los que se encuentra Ignacio Stampa, que lleva el caso Tándem junto a su compañero Miguel Serrano.
Fuentes cercanas a la Fiscalía advierten de que con un proceso de investigación interna (expediente disciplinario) abierto y toda la polémica que se ha generado en torno al caso Dina y a la posible investigación en el Tribunal Supremo al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, "sería muy difícil que el Consejo Fiscal de la semana que viene le diera la plaza a Stampa". Otra cosa es que antes de esa fecha se decidiese archivar o cerrar la investigación, o se publicase un dictamen favorable a las actuaciones del fiscal. De forma que podría quedar liberado para optar a las plazas que quedan abiertas en igualdad de condiciones que el resto de los candidatos.
La Fiscalía General que controla Dolores Delgado ordenó que se investigara a Stampa después de la declaración del abogado despedido de Podemos, José Manuel Calvente, ante el juez del caso, Manuel García Castellón. El fin es dilucidar si de la supuesta relación estrecha a la que aludió entre el fiscal y una de las abogadas de la formación, Marta Flor, se podría haber producido algún tipo de revelación de datos o de información relativa al caso que pudiera influir en la estrategia jurídica que desde el partido se estaba llevando a cabo.
El abogado reveló en su declaración una serie de chats de Telegram filtrados en prensa que pondrían de manifiesto que existía una relación personal entre ella y Stampa, de la cual el partido se habría beneficiado para conocer actuaciones del juez que, en ese momento, estaban secretas. De acuerdo con los mensajes enviados a compañeros del partido, Marta Flor se llegó a reunir en la Fiscalía Anticorrupción para trazar la estrategia de acusación a seguir en la pieza décima del caso un mes antes de que se abriera, en marzo del año pasado. Esa pieza tenía como finalidad indagar el presunto robo del teléfono de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias.
Nuevo interrogatorio a Calvente
Fuentes cercanas a la investigación a Stampa aseguran que la Fiscalía Superior de Madrid, cuyo teniente fiscal es quien lleva el caso, había dado por terminadas las pesquisas de esta investigación tras el interrogatorio que se hizo a Gloria Elizo, entonces responsable jurídica de Podemos y actual vicepresidenta tercera del Congreso. También se interrogó a la abogada Marta Flor y al otro fiscal del caso, Miguel Serrano. Pero una vez enviado el expediente para su cierre a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, se les devolvió para que lo reabrieran e interrogaran, al menos, al abogado despedido, José Manuel Calvente. Aunque solo fuera porque de su declaración se derivaron todas las actuaciones.
Se contactó con Calvente en el mes de julio, pero se frenó su comparecencia poco después y, según ha podido saber La Información, se le ha convocado casi de urgencia ahora para que declare esta misma semana por videoconferencia desde Barcelona, que es su lugar de residencia. Una vez que se tenga esa declaración, los fiscales que llevan el caso deben añadirla a su análisis y conclusiones y volver a enviar todo el archivo a la Secretaría Técnica de Dolores Delgado, que es siempre quien tiene la última palabra.
Desde la Fiscalía Anticorrupción siempre han cerrado filas en torno a la actuación de su 'compañero' Ignacio Stampa, tras asegurar que las reuniones con las partes personadas en una causa tan complicada como la de Villarejo son habituales. El propio fiscal jefe, Alejandro Luzón, hizo ante el juez una defensa a ultranza de la actuación de sus fiscales en el interrogatorio que el juez realizó al propio Calvente este verano. También puso en valor los informes en contra de las posturas de Podemos que ambos juristas han realizado a lo largo de la causa, frente a los mensajes de los móviles que se aducen para dudar de su trabajo.
La causa se complica ahora con la petición hecha por parte del juez del caso, Manuel García Castellón, de que se investigue a Pablo Iglesias en el Tribunal Supremo por entender que intentó manipular el caso Dina en beneficio propio y de su partido. Para que la Sala Segunda de lo Penal que preside Manuel Marchena decida si asume o no el caso, la Fiscalía del alto Tribunal debe emitir previamente un informe, en el que también se analizará la actuación de los fiscales. El fiscal encargado, Luis Navajas, tuvo un fuerte enfrentamiento con Stampa del que después se retractó y hasta la Fiscalía Anticorrupción publicó una nota en contra de que se investigue a Iglesias, algo poco usual en este tipo de cuestiones, hasta el punto de que hay quien sospecha que se está dentro de una especie de operación de salvación para su fiscal.
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