El magistrado al frente del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha dado un paso al frente y ha pedido al Tribunal Supremo que investigue si el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, cometió delito de denuncia falsa y daños informáticos tras comparecer en marzo de 2019 en la Audiencia Nacional para denunciar el robo del teléfono móvil de su exasesora Dina Bousselham. El magistrado, que también le atribuye revelación de secretos y simulación de delito, acuerda este paso tras finalizar la instrucción de la pieza décima del caso Tándem en la que se investigó la sustracción del teléfono de su exasesora y su difusión en prensa.
De este modo, deja a los acusados de esta pieza al borde del banquillo y abre una vía ante el Tribunal Supremo en la que no solo incluye a Pablo Iglesias sino también a la que fuera directora de servicios jurídicos de Podemos Gloria Elizo, los abogados de la formación morada Marta Flor Núñez y Raúl Carballedo, así como la propia Dina Bousselham y su pareja Ricardo Sa Ferreira, estos dos últimos por falso testimonio. Tras retirar a Pablo Iglesias su condición de perjudicado en la causa el pasado mes de mayo, el magistrado ya le advirtió que con su testimonio podría haber incurrido en denuncia falsa y en delito de daños informáticos si se demuestra que tiene algo que ver con el hecho de que su exasesora recuperarse el teléfono a mediados de 2016 completamente ilegible.
En su exposición razonada, el instructor apunta que hay indicios que demuestran que el líder de Podemos utilizó este procedimiento penal de forma fraudulenta y con "temerario desprecio hacia la verdad" para sacar ventaja electoral, de ahí que pida al alto tribunal que le interrogue en relación a estos hechos, teniendo en cuenta su condición de aforado. El instructor del caso Tándem responde a los magistrados de la Sala de lo Penal los cuáles devolvieron la condición de perjudicado a Iglesias y afearon al juez que le sacara del caso basándose en "hipótesis alternativas". Ahora, en su exposición, explica que dichas "hipótesis" son resultado de las diligencias practicadas en la instrucción y de las cuáles se entiende que Iglesias se presentó cómo víctima de las cloacas del Estado -lideradas por Villarejo- "pese a saber que los mensajes publicados en Ok Diario entre el 21 y 29 de julio de 2016 procedían de filtraciones del propio partido".
Por ese motivo, y en tanto la Sala dejó claro que ya no procedía investigar más sobre estos hechos, el instructor explica que ha agotado la instrucción dejando el asunto en manos del Tribunal Supremo. Igualmente aclara que, aunque el resto de personas que incluye en su exposición no están aforadas, el competente para investigarlas es el mismo órgano al apreciar una "conexión material inescindible". Se refiere al presunto concierto entre todos ellos desde el mismo momento en que Dina e Iglesias declararon como perjudicados por la sustracción del móvil en noviembre de 2015. El magistrado, que toma esta decisión tras escuchar en sede judicial al abogado despedido de la formación José Manuel Calvente, expone que se habría urdido un plan dentro de la formación morada para hacer ver que Villarejo difundió a prensa el contenido del teléfono con el fin de perjudicar al partido.
El hallazgo en casa de Villarejo de parte del contenido telefónico de Dina llevó a los investigadores a sospechar que el comisario jubilado estaba implicado en la sustracción del móvil y en la filtración del mismo a varios medios de comunicación. Las pesquisas, que arrancaron en marzo de 2019, siguieron en esa dirección hasta que el pasado mes de mayo declaró Bousselham en sede judicial. En esa testifical confesó que los pantallazos difundidos en prensa los hizo ella misma y los pudo haber enviado a terceros. También dijo que Iglesias recibió en enero de 2016 la tarjeta SD de manos de Antonio Asensio (Grupo Zeta) y se la devolvió medio año después siendo ésta irrecuperable. Esta confesión llevó al juez a abrir el abanico de posibilidades acerca de quien pudo revelar estas conversaciones; una tesis que corroboró Calvente al decir que el equipo jurídico sabía que las mismas las filtraron sectores críticos con Iglesias desde dentro de Podemos.
"Pese al conocimiento de su falsedad y puestos de común acuerdo, el aforado secretario general de Podemos, la señora Elizo y la letrada del partido Marta Flor como ejecutora material, simulan que la publicación de las imágenes en el semanario Ok Diario fue el resultado de un encargo realizado por Villarejo para perjudicar a Pablo Iglesias", reza el escrito que ya se ha enviado al Tribunal Supremo y el cual concluye que no se ha podido acreditar el tiempo que retuvo el líder de Podemos la tarjeta de su exasesora. No obstante, el magistrado considera que uno de los motivos por los que se la guardó en su poder sería porque éste, tras visualizar la tarjeta, habría visto que almacenaba conversaciones en las que intervenía él directamente.
"Planificada actuación falsaria"
Tanto es así que el escrito concluye que en ese tiempo en que Iglesias tuvo la tarjeta en su poder y "con ánimo de dejarla inservible" procedió a inutilizarla. Igualmente descarta que Dina provocara daños en la SD y ampara esta tesis en el hecho de que su marido intentó recuperarla recurriendo a una empresa de Reino Unido, tal y como adelantó este diario. Precisamente el juez hace hincapié en la Orden Europea de Investigación remitida a Gales por estos hechos y en la pericial realizada por la empresa Recuperación Express. "Los peritos afirman que la micro tarjeta presenta unos llamativos signos externos, es decir, se ve claramente que hay una zona en la que parece que la tarjeta haya sido sometida a un proceso de lijado", explica, sin descartar que esos desperfectos los haya podido cometer la propia empresa.
En lo que respecta a la acusación por denuncia falsa precisa el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que la publicación del teléfono de Dina en prensa llevó a Iglesias, Elizo y varios letrados de la formación a reunirse para acordar una ampliación de denuncia pese a que, según recalca, ya sabían que venía de una filtración interna. "La simulación y el uso torticero del proceso penal se refiere, no al hecho de haber acudido a los tribunales, sino al haber procedido por la vía penal", reza el escrito el cual añade que Iglesias "no pretendía esclarecer ni un delito ni un hurto ni una revelación de secretos sino solo actuar contra Ok Diario" de ahí que les atribuya una "planificada actuación falsaria" desplegada en los juzgados de Alcorcón, donde se denunció el robo del móvil.
En otro auto separado el magistrado acuerda continuar el procedimiento contra los que ya figuraban como acusados en esta pieza décima del caso Tándem. De este modo y tal como hiciera con las investigaciones de 'Iron', 'Land' o 'Pintor', el instructor deja a los pies del banquillo a Villarejo, al exdirector de la revista Interviú Alberto Pozas, y al periodista Luis Rendueles por delito de descubrimiento y revelación de secretos. El magistrado les implica en la trama al apuntar que Villarejo contactó con Rendueles para pedirle una copia de la tarjeta la cual se le facilitó a sabiendas de que contenía "información personal" ajena al comisario jubilado.
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