El magistrado del caso Banco Popular, José Luis Calama Teixeira, ha emplazado a todos los minoristas que intentaron litigar por separado en la causa penal a que se agrupen en una de las doce personaciones fijadas de manera definitiva por la Audiencia Nacional para poder seguir ejerciendo la acusación en este procedimiento. De este modo, el instructor da un plazo de siete días a todos los inversores perjudicados por la debacle de la entidad para que, de manera voluntaria, escojan la acusación bajo la cual quieren ser representados.
Así consta en una diligencia de ordenación recogida por este diario en la que recuerdan a estos inversores las resoluciones que ha ido dictando la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal al respecto. Los magistrados de la misma denegaron la pretensión del centenar de afectados de seguir actuando por separado en un procedimiento penal que encara su tercer año de investigación y mantuvieron el mismo criterio del juez instructor en aras de agilizar las pesquisas y evitar que la macrocausa se eternice en el juzgado.
Los minoristas expusieron que tener que integrar parte de otras direcciones letradas suponía un clarísimo menoscabo para su defensa. También apelaron a motivos económicos asegurando que, aunque los grandes fondos son los principales perjudicados de la ampliación de capital que hizo el banco en 2016, el dinero que perdieron todas estas víctimas a título individual puede equipararse al perjuicio causado a los grandes fondos. El magistrado al frente del caso en un primer lugar y posteriormente la Sala se pronunciaron en la misma dirección: estos límites deben mantenerse para que no se convierta en un caso "ingobernable".
De esta manera, aunque en un primer momento se redujo a un total de diez acusaciones, el magistrado amplía el foco hasta un total de doce direcciones letradas. Así, mantiene a los fondos de inversión Pimco, Algebris, Anchorage Capital y Cainr Capital y, en segundo lugar, a la gestora Ronit. Tras ellos el magistrado Calama Teixeira prioriza a agrupaciones de perjudicados. De este modo, otorga representación propia a la Mutualidad General de la Abogacía por representar a más de 200.000 mutualistas y a la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec).
Le siguen Aeris Invest SL (Grupo Luksic), Cerquia Gestión y la representación de Ali Taefi por la inversión de 100 millones, 3 milones y 2,4, respectivamente. El Grupo Luksic, de hecho, han sido uno de los más beligerantes en este procedimiento que se sigue contra los expresidentes y consejeros del Banco Popular y llegó a recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para actuar contra la Junta Única de Resolución (JUR) por no publicar un informe de valoración definitivo sobre la resolución de la entidad que acabó en manos del Banco Santander. Con todo, también tienen dirección letrada despachos de letrados que representan a particulares como es el caso de Unive abogados.
Ron y Saracho, ante el juez en octubre
La ordenación de acusaciones se produce semanas antes de que arranque el ambicioso calendario de citaciones acordado por el magistrado instructor. El primero en desfilar por la Audiencia Nacional será paradójicamente el último presidente del banco, Emilio Saracho, el cual está citado por el magistrado para los días 3 y 4 de octubre. Le seguirá el exvicepresidente del banco Roberto Higuera, citado para los días 8 y 9 de octubre y Ángel Ron los días 30 y 31 de ese mismo mes.
Ya en noviembre serán interrogados el exvicepresidente de la entidad José María Arias Mosquera, el exsecretario del Consejo de Administración Francisco Aparicio Valls y exconsejeros tales como José Ramón Estevez Puerto y Reyes Calderón, Ana María Molins, Jorge Oroviogoicoechea, Vicente Pérez y Helena Revoredo; esta última presidenta de Prosegur.
Se trata de unos interrogatorios clave puesto que se producen dos años después del arranque de la causa, en octubre de 2017, bajo el control del entonces instructor, el magistrado Fernando Andreu. Desde entonces los investigadores han estado centrados en el avance de las pesquisas que se centran en presuntas irregularidades en la ampliación de capital y en posible falsedad de mercado, ya en la última etapa del banco, por la presunta difusión de noticias falsas. La incorporación a la causa del dictamen pericial del Banco de España encargado por el juzgado también es crucial. El mismo determinó que la muerte del banco se produjo por una intensa fuga de depósitos en sus últimos meses de vida de hasta 16.000 millones de euros.
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