El juez rechaza sacar a Villar Mir y López Madrid del 'caso Lezo' por las escuchas

Ni Juan Miguel Villar Mir ni su yerno Javier López Madrid consiguen que se anulen las escuchas que obran en el sumario del caso Lezo. El magistrado que indaga las presuntas irregularidades cometidas con los negocios del Canal de Isabel II, Manuel García Castellón, ha declinado admitir los recursos que sus defensas han planteado contra un auto del instructor. Los empresarios insisten en apuntar a la nulidad de las grabaciones que obran en el sumario de esta causa en el marco de la cual se investiga si desde OHL se pagó una mordida de 2,5 millones de euros al gobierno madrileño para adjudicarse la construcción del tren de Navalcarnero. 

El magistrado explica en un auto del pasado 3 de marzo al que ha tenido acceso La Información, que en octubre de 2018 puso a disposición de un conjunto de acusados todas las grabaciones intervenidas para que señalaran los fragmentos que querían que se excluyeran de la causa por considerar que atentaban contra su intimidad. De esta manera, se dio traslado de la citación no solo a Villar Mir y Javier López Madrid sino también al expresidente madrileño Ignacio González y, además,a Felicísimo Ramos (exdirector de control de gestión de OHL), Rafael Martín de Nicolás (exdirector general de la compañía) y a Tomás García Madrid (exconsejero delegado de OHL). 

Estos tres últimos (a quienes se les investiga en el marco de otra pieza diferente sobre presuntos sobornos de la constructora a cambio de adjudicación de obras públicas) respondieron renunciando a excluir parte alguna de las conversaciones interceptadas por la Policía Judicial. Sin embargo, las defensas de Villar Mir y López Madrid no se pronunciaron al respecto y tampoco acudieron a la Audiencia Nacional el pasado mes de noviembre para recoger todos los dispositivos de almacenaje, puesto que consideran que se vulneraron sus derechos en todo el proceso de volcado de la documentación incautada.

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Tras todos estos meses de diligencias para decidir qué parte se expurga y cual no, García Castellón reprende al expresidente de OHL y a su yerno por no haber actuado en el plazo de tiempo estipulado para ello. "Los interesados han tenido oportunidad real y efectiva de ejercitar con plenas garantías su derecho de defensa al haberse puesto a su disposición los dispositivos de almacenamiento en que se hallaban contenidas las conversaciones intervenidas que les afectaban", reza el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.

De este modo, el juez da un paso más en esta parte de la investigación y elimina de la misma un total de 397 conversaciones interceptadas al teléfono móvil de Martín de Nicolás. El instructor advierte además de que se mantendrán todos los archivos restantes que guardan relación con la investigación aunque estén mezclados con conversaciones de carácter personal. El objetivo es esclarecer los pormenores de la presunta comisión de 2,5 millones de euros que se habría realizado desde cuentas vinculadas al grupo en México que tendrían como destinatario Ignacio González, si bien el receptor de esta cuantía, el empresario Adrián de la Joya, se quedó el dinero asegurando que la constructora se lo debía por un trabajo que hizo en África. 

El enredo con el asunto de las escuchas viene de lejos. De hecho, la defensa de Juan Miguel Villar Mir consideró que con la incorporación a la causa de una conversación mantenida entre ambos se estaba vulnerando el derecho del letrado-cliente al secreto profesional. Ello le llevó a presentar una querella contra García Castellón ante el Tribunal Supremo por los delitos de prevaricación judicial, intercepción ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso en la administración de justicia y falsedad e infidelidad en la custodia de documentos. 

La Sala de lo Penal, sin embargo, decidió no admitirla a trámite porque entendió que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 no había cometido delito alguno al no expurgar estas conversaciones telefónicas. Tras estudio de las mismas los investigadores sospecharon que el expresidente de OHL podría haber falseado un volante médico para sortear un requerimiento judicial que consistía en que se le tomaran las huellas en una comisaria de la Guardia Civil. Por ese motivo envió parte de la causa a los juzgados de Plaza Castilla para que investigara al médico personal del empresario, si bien Villar Mir pidió que acabara siendo archivada.