Nuevo giro en el caso 'Tándem'. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado la decisión del juez Manuel García Castellón adoptada a finales del pasado mes de julio de archivar la investigación abierta contra Repsol y CaixaBank por contratar a las empresas del agente encubierto en 2011, así como a sus máximos dirigentes, Antonio Brufau, en el caso de la petrolera, e Isidro Fainé, en el caso de la Fundación de la entidad financiera, con el fin de practicar más diligencias tendentes a esclarecer la presunta comisión de delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.
Así lo ha acordado la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, en un auto con fecha de este lunes en el que ha estimado los recursos presentados por la Fiscalía Anticorrupción, la acusación popular ejercida por Podemos y la acusación particular del expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero, personado como perjudicado de los espionajes realizados por el agente encubierto por encargo presuntamente de Repsol y CaixaBank. Aunque los magistrados aún tienen que dictar otra resolución para pronunciarse sobre al fin de la instrucción de la pieza separada número 21 de la macrocausa 'Tándem' -algo que llegó en septiembre-, la decisión volver a imputar a ambas firmas y sus líderes supone en la práctica la reapertura de la investigación.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó apenas 20 días después de interrogar como personas jurídicas a Repsol y CaixaBank la desimputación de ambas empresas, extendiendo la decisión a Brufau y Fainé, quienes acudieron a declarar como investigados en mayo de 2021. Todo ello relacionado con el pago de algo más de 413.000 euros al Grupo Cenyt, el entramado empresarial de Villarejo, por tratar de frenar el pacto sindicado que Sacyr alcanzó con la mexicana Pemex para intentar hacerse con el control de la compañía petrolera española. Un trabajo que el agente encubierto denominó como 'proyecto Wine' y que se sirvió de tráfico de llamadas telefónicas de Del Rivero y su entorno más cercano, así como el acceso a datos confidenciales.
Según el magistrado instructor explicó en su auto de sobreseimiento que, en el momento de los hechos, ambas firmas tenían implantado "un sistema de prevención y cumplimiento eficaz" de las normas internas y destacó que la "supervisión y vigilancia" de la relación comercial entablada con Cenyt recaía en verdad en los directores de Seguridad y no en los presidentes, por lo que apostó por exonerarles de cualquier tipo de responsabilidad y evitar poder seguir creando un "daño reputacional" tanto a los dirigentes como a las cotizadas. Sin embargo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal -una instancia superior- corrige al juez instructor y asume el criterio de las acusaciones que llegaron a tachar de "prematuro", en palabras del Ministerio Público, el archivo de las actuaciones.
El tribunal, en línea con los argumentos de las acusaciones, considera que la instrucción no está agotada, ya que aún no se ha tomado declaración al autor de un informe de KPMG, aportado por Repsol, sobre el modelo de prevención. En este sentido, la Sala considera que hay base indiciaria suficiente para contemplar una posible exigencia de responsabilidad penal de ambas compañías, por lo que procede realizar determinadas diligencias antes de decidir la conclusión de su investigación como personas jurídicas.
El conocimiento de Brufau y Fainé
Asimismo, sobre la Sala indica que existen indicios de Brufau y Fainé tenían conocimiento del encargo que se hizo a Villarejo relativo al análisis de riesgos que podían existir en el pacto entre Sacyr y Pemex. En concreto, en el auto de 45 páginas, los magistrados afirman que, aunque no consta ningún documento o grabación que acredite indiciariamente que el presidente de Repsol tuviera algún tipo de participación en la contratación de Cenyt, sí que hay sospechas de que "la iniciativa de llevar a cabo dicha contratación, así como de otras dirigidas a reaccionar contra el pacto Sacyr-Pemex, partió del señor Brufau". Añade que además, éste fue informado con detalle de los resultados de las gestiones que iba realizando el Grupo Cenyt, "alguno de los cuales conllevaba información difícilmente obtenido de no haber mediado la intervención de funcionarios públicos".
Los magistrados apoyan esta afirmación en la propia declaración de Brufau ante el juez instructor y en las manifestaciones judiciales del que fuera responsable de Seguridad de Repsol, Rafael Araujo, cuyo procesamiento además también está pendiente de que la Sala lo ratifique o lo revoque. El presidente de Repsol admitió durante su interrogatorio que avisó a su entonces homólogo en CaixaBank, Isidro Fainé, de que iba a encargar a los departamentos de inteligencia corporativa de ambas empresas que investigaran el acuerdo entre Sacyr y Pemex, si bien apuntó que delegó todas las decisiones al respecto en Araujo y que no conoció los detalles de las presuntas labores de espionaje que realizó el comisario jubilado.
En relación a Fainé, el tribunal entiende que, al igual que en el caso de Brufau, las diligencias practicadas obligan a continuar el procedimiento contra él. La resolución también recuerda su declaración, en la que explicó que, como principal empresa accionista de la petrolera, estuvo de acuerdo con Brufau en que los departamentos de seguridad de sus empresas se reuniesen con las empresas de Villarejo para tratar dicho asunto, al tiempo que reconoció haber recibido información al respecto directamente del su exresponsable de dicha área, Miguel Ángel Fernández Rancaño, también procesado.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios