La macrocausa 'Tándem', abierta hace poco más de cuatro años por las presuntas irregularidades en los negocios privados del comisario jubilado José Manuel Villarejo, mientras seguía en servicio activo en la Policía Nacional, continuará en 2022 con algunas de las piezas separadas más importantes aún en curso. Ello hará que el Ibex 35 inicie el año con la mirada puesta en la Audiencia Nacional para ver cómo avanzan y se resuelven estas líneas de investigación, en especial las centradas en las contrataciones del agente encubierto que hicieron BBVA, cuya investigación ha cogido recientemente un gran impulso; Iberdrola, pendiente de la declaración de su presidente, Ignacio Sánchez Galán; o Repsol y CaixaBank, cuya desimputación está pendiente de confirmarse o revocarse por la Sala de lo Penal.
Villarejo comenzó a ser juzgado el pasado mes de octubre en un macrojuicio en el que se analizan los hechos que se han analizado en tres piezas separadas, ninguna de ellas relacionada con compañías de referencia a nivel nacional, pero sí con grandes empresarios. Por eso mismo, todas las partes personadas en la treintena de procedimientos que conforman el caso 'Tándem' están pendientes del desarrollo de esta vista oral y de la sentencia que de ella pueda resultar. En concreto, de si el tribunal considera que los encargos que se realizaron al Grupo Cenyt, el entramado empresarial del expolicía, encajan en un delito de cohecho, así como de las ilegalidades que pudo cometer el agente encubierto para llevar a cabo sus trabajos de espionaje a empresarios, políticos o periodistas, entre otros, para salvaguardar los intereses de quienes le contrataban.
En los primeros días de enero, el foco se pondrá en la reanudación del juicio -suspendido durante las fiestas navideñas- para escuchar la declaración de Villarejo, que se enfrenta a más de 100 años de cárcel, en la que tratará de convencer al tribunal de que su entramado empresarial no era una organización criminal, sino que daba "cobertura" al Estado. Asimismo, el comisario defenderá que tenía autorización y compatibilidad para trabajar en el sector privado, incluso para muchas grandes compañías que no se han visto salpicadas por la investigación judicial. A esto último se agarran ya los jefes de Seguridad de las empresas imputadas en la macrocausa, que aseguran que no tenían motivos para sospechar que el dueño de Cenyt continuaba trabajando para la Policía, pues su 'base de operaciones' era pública y conocida por todo el mundo, ya que la sede de sus empresas se encontraba en la emblemática Torre Picasso de Madrid.
La responsabilidad de los jefes de Seguridad
De acuerdo con las piezas separadas cuya instrucciones ya se han declarado finalizadas, la presunta responsabilidad de la contratación de Villarejo se ha otorgado principalmente a los que fueran responsables del área de Seguridad de las empresas, muchos de los cuales conocían al agente encubierto por haber coincidido con él en sus anteriores etapas profesionales en la Policía. Así ha ocurrido por ejemplo en el caso de las investigaciones sobre Grupo Planeta, Mutua Madrileña o Repsol y CaixaBank.
En el caso de la aseguradora, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya ha confirmado el procesamiento de su exdirector de Seguridad Benjamín García Cañón por encargar a Cenyt la confección de un informe de solvencia patrimonial sobre un expresidente de la entidad ante el riesgo de que reclamara el pago de una indemnización. En cuanto al grupo editorial, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal tienen aún pendiente los recursos presentados contra el auto del juez instructor por el que propuso juzgar al exdirector de la asesoría jurídica y exsecretario del Consejo de Administración de Planeta Luis Elías Viñeta, y al que fuera responsable de seguridad del Grupo Antonio López López, si bien ha dado carpetazo a la posibilidad de imputar como persona jurídica a la empresa.
Repsol y CaixaBank también están a la espera de que se resuelva la batería de recursos de apelación que se han presentado contra las últimas resoluciones del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón. Por un lado, la Sala de lo Penal debe decidir si confirma la decisión del magistrado instructor de cerrar la investigación sobre la contratación de Villarejo en 2011 para evitar que Sacyr Vallehermoso y Pemex se hicieran con el control de la petrolera española; o por el contrario devuelve las actuaciones al juez, ordenándole a recabar más pruebas, como solicitó la Fiscalía Anticorrupción, antes de mandar esta pieza a juicio. Por otro lado, la Sección Tercera también debe ratificar o rechazar el procesamiento de los jefes de Seguridad de la petrolera y del banco, Rafael Araujo y Miguel Ángel Fernández Rancaño, respectivamente; así como el archivo del caso 'Tándem' para ambas empresas contratantes -que estuvieron 20 días imputadas como personas jurídicas- y para el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y para el máximo responsable de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé.
Iberdrola y BBVA, aún en curso
La situación de Iberdrola y BBVA es distinta en estos momentos, pues las pesquisas relacionadas con la contratación de Villarejo que hicieron ambas empresas entre 2004 y 2017 aún continúan en marcha. Para la eléctrica, el inicio del año 2022 es importante, pues su presidente Ignacio Sánchez Galán y la cúpula directiva en el momento de los encargos al comisario jubilado tienen cita en la Audiencia Nacional los próximos 17 y 18 de enero para declarar como imputados. Además, cabe recordar que la Sala de lo Penal recientemente devolvió a la multinacional vasca la condición de perjudicada, lo que le permite ejercer como acusación particular contra el que fuera responsable de Control Corporativa de la compañía, José Antonio del Olmo, por un delito de falsedad documental en relación a la redacción de un informe que ha servido al juez de 'Tándem' para fundamentar la imputación de Sánchez Galán. En dicho documento se afirma que la alta dirección de Iberdrola conocía que los pagos al comisario jubilado se hacían fuera del cauce legal.
Por último, la investigación sobre BBVA, que supone una causa en sí misma debido a los cerca de 10.000 folios que componen el sumario, acaba de coger un nuevo impulso con los interrogatorios de los exdirectivos que en 2019 se negaron a declarar al no conocer en qué se basaban su imputaciones, ya que por entonces las actuaciones se encontraban secretas. El exconsejero delegado Ángel Cano y el exjefe de Seguridad Julio Corrochano tuvieron el pasado 21 de diciembre su oportunidad de aclarar su participación en la relación comercial con las empresas de Villarejo y ambos apuntaron directamente hacia el expresidente del banco Francisco González. El exCEO aseguró que siempre estuvo al margen de este asunto y que fue el otro directivo y el máximo responsable de la entidad financiera quienes lo trataron de manera directa y bilateral.
Corrochano, que actuó como interlocutor entre Villarejo y BBVA, confirmó que seleccionó el Grupo Cenyt para frenar el intento de asalto de Sacyr Vallehermoso al consejo de administración del banco en 2004, después de que González le ordenara contratar una empresa para ello. Pero estas no son las únicas declaraciones que quedan pendientes, pues muchos de los responsables de la entidad que llevan guardando silencio dos años han solicitado poder declarar antes de que la instrucción de este procedimiento finalice. Así, el magistrado debe poner fecha para escuchar, de momento, a Eduardo Arbizu, exresponsable de Regulación y Control Interno de BBVA; Eduardo Ortega, exjefe de los servicios jurídicos del banco; Ricardo Gómez Barredo, quien fuera director del Departamento de Contabilidad y Supervisión; José María García Crespo, entonces encargado de los servicios jurídicos del banco en España y Portugal entre 2006 y 2013; y Javier Malagón, exdirector de Finanzas.
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