El Gobierno está a punto de retomar las negociaciones de la Ley de Vivienda y lo hará con dos posiciones muy distanciadas en varios de los puntos más importantes de la nueva norma. PSOE y Unidas Podemos vienen manteniendo un pulso interno interrumpido temporalmente por las elecciones catalanas y es ahora cuando los dos coproponentes del proyecto de ley van a poner sus propuestas en común. Una de ellas tiene que ver con el papel de las inmobiliarias y la comisión que cobran por las gestiones que realizan en el caso de una compra-venta o del alquiler de una vivienda. En este momento ese 'fee' lo suele pagar el comprador o el inquilino.
Las negociaciones de la Ley de Vivienda se retoman esta semana entre el Ministerio de Transportes y la Vicepresidencia segunda del Gobierno y una de las claves es saber si, finalmente, en la normativa se incluirán algunas de las medidas que desde la sociedad civil se vienen demandando desde hace años a los poderes políticos. De hecho, es el equipo de Ione Belarra quien ha planteado al de David Lucas incorporar a la futura legislación un artículo sobre el papel de las citadas inmobiliarias tanto en los procesos de compra-venta como en el caso de los alquileres. En concreto, según el texto en discusión al que ha tenido acceso La Información, Unidas Podemos plantea que esa comisión que cobran las inmobiliarias y que normalmente se corresponde con las gestiones que realizan este tipo de empresas la abone obligatoriamente el propietario de la vivienda o el arrendador.
Es decir, la propuesta que se encuentra sobre la mesa de negociación recoge que no sea el comprador o el inquilino quien satisfaga ese importe. Se trata de una medida que viene insistiéndose desde los colectivos sociales desde hace varios años. Al igual que la regulación de los alquileres o la eliminación de los privilegios fiscales de las socimi, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, así como las organizaciones de consumidores, llevan desde 2017 haciendo ver a los representantes del poder legislativo y ejecutivo que estos honorarios sólo benefician a quien vende o alquila. Se trata de cantidades que varían y, aunque se negocian, suelen corresponder con una mensualidad o con el 10% de una anualidad, en el caso de los alquileres. En las operaciones de compra-venta estas comisiones varían dependiendo del tipo de vivienda.
Existen numerosos casos recientes en los que esa comisión se repercute sobre el arrendatario o el comprador. Es el caso reciente, por ejemplo, de Carme Arcarazo, que cuenta cómo los propietarios le pretendían cobrar a ella estos honorarios de la inmobiliaria, pese a que se trataba de una persona jurídica. Estuvo buscando piso entre septiembre y diciembre y en la mayoría de las negociaciones que mantuvo se repetía este patrón.
Juan, nombre ficticio, también ofrece su experiencia. En este caso, él es propietario y decidió publicar un anuncio en un conocido portal inmobiliario ofreciendo su vivienda en alquiler a un precio de 750 euros. En dos días, cuenta, acumuló más de 60 peticiones de interesados. Tres de ellos eran inmobiliarias, incluso de una de fuera de su comunidad autónoma. Le ofrecieron subir el precio del alquiler, a entre 900 y 1.000 euros y un mensaje común: "A ti no te vamos a cobrar nada". Denuncia que estas operaciones se han convertido en una especie de subasta, más si cabe en las grandes ciudades o en las zonas de mercado tensionadas.
Más visiones sobre esta situación en las que las inmobiliarias cargan sus honorarios sobre el inquilino. “Las personas que buscan casa, la demanda, se han convertido en un mercado cautivo de manual en muchas ciudades, porque no tienen ninguna capacidad de elección. Los supuestos intermediarios se organizan para controlar la oferta, y chantajean a la demanda: si no pagas por los servicios que en realidad le damos al dueño, y no te comes este contrato abusivo, te quedas sin casa. Fuera del mercado", explica Jaime Palomera, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona y portavoz del Sindicato de Inquilinos. "En los países europeos avanzados esto es impensable; por defecto, los honorarios de la inmobiliaria los paga siempre quien comercializa la vivienda, que es el propietario. Inglaterra, que era uno de esos países raros donde hasta hace poco se cobraban al inquilino lo prohibió el año pasado. Y también se ha prohibido en países como Argentina, que se encontraban también en ese grupo de países anómalos hasta ahora", añade.
La Ley de Vivienda tensiona a la coalición
El pulso por cargar a vendedores o arrendatarios los honorarios de las inmobiliarias supone, en definitiva, un punto más de tensión en las negociaciones de la Ley de Vivienda. Fuentes de las conversaciones recuerdan que en el decreto de vivienda publicado en el BOE el 1 de marzo de 2019 ya se negoció este asunto. Entonces la norma solo afectó a empresas, no a particulares: "Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del arrendador, cuando este sea persona jurídica", se recoge en la citada normativa.
La negociación entre PSOE y Unidas Podemos se tiene que desarrollar en tiempo límite. Sólo quedaría el Consejo de Ministros de la próxima semana para que la normativa se aprobara antes de finalizar febrero. El compromiso sellado junto a los Presupuestos era tenerla en enero pero ya se ha incumplido. Un compromiso, por cierto, en el que se recoge el término "bajar los precios" del alquiler. Nunca se había llegado tan lejos a nivel estatal en un pacto que, por cierto, cerró Moncloa y no Transportes. Como comentaba un ministro de Unidas Podemos la noche de marras, el pasado 31 de octubre: "De todo lo que hemos arrancado al PSOE es lo más importante".
Son dos visiones muy diferentes de abordar el reto de esta ley. El Ministerio de Transportes se agarra en sus propuestas a revisar la exención del 60% en el IRPF a la que pueden acogerse los propietarios de una vivienda en alquiler calculado en base a los ingresos que se hayan obtenido del piso en un año, menos los gastos también adquiridos. El PSOE apuesta, por tanto, por la vía de los incentivos o los beneficios fiscales, un modelo similar al que se aplica en Portugal, tal y como se adelantó en estas páginas. Pero Unidas Podemos discrepa de este modelo y lo tilda de "fracaso" en base a un informe de la Vicepresidencia segunda que analiza el modelo luso.
Desde Transportes explican que el equipo liderado por David Lucas, y en el que también ocupa un papel esencial en la negociación Javier Martín, director general de Vivienda, está trabajando en el citado borrador de la ley. Añaden que cuando tengan una posición concreta la compartirán con sus socios. Ese día es este jueves. "Hay un compromiso político", dijo Ábalos en el Congreso. El PSOE añade que va a cumplirlo, pero el tiempo se agota.
La posición del equipo de Iglesias se encuentra en las antípodas a la del PSOE. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 identifican cuatro puntos de fricción con sus socios. En primer lugar, Unidas Podemos propone "obligar a los grandes tenedores a que dediquen el 30% de sus viviendas al alquiler social". Esta medida es similar a la que ya se aplica en algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, en País Vasco, que fue pionera, la vivienda protegida que se construye sólo puede salir en régimen de alquiler. Es obligatorio. O en Cataluña, con una normativa mucho más reciente, donde los promotores tienen que dedicar entre el 40% y el 50% de sus viviendas a VPO. Son espejos en los que se quiere fijar el equipo morado. La diferencia es que UP propone a nivel estatal reservar ese 30% al parque de vivienda de grandes tenedores ya construida, no a la nueva.
Más medidas que plantea Unidas Podemos para incluir en la nueva Ley de Vivienda y que el PSOE no ve. O, al menos, en las que no se ha manifestado con sus socios, de momento: la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables, la puesta en marcha de medidas efectivas que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler -Belarra planteó en La Información la posibilidad de aprobar un impuesto a la vivienda vacía que en el PSOE no ven por posibles "problemas de constitucionalidad"-, y una regulación que rebaje los precios del alquiler.
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