La negociación de la nueva Ley de Vivienda está provocando un nuevo choque de trenes en la coalición. El Consejo de Ministros tiene que tener aprobada antes del 28 de febrero la norma, tal y como pactaron PSOE y Unidas Podemos en su acuerdo de Presupuestos, y para ese límite quedan tres cónclaves más. Pero las diferencias en este momento son "abismales", según explican a La Información fuentes implicadas en las mismas. Socialistas y morados mantienen fuertes discrepancias sobre la respuesta que tienen que dar los grandes propietarios, bancos y fondos de inversión, con sus inmuebles vacíos, sobre la posibilidad de aprobar un nuevo impuesto o sobre la prohibición permanente de los desahucios, entre otro asuntos.
La última propuesta de Unidas Podemos es la de obligar a los grandes tenedores de vivienda, bancos y fondos de inversión, principalmente, a destinar el 30% de sus propiedades al alquiler social. Con esa medida, según los cálculos de la Vicepresidencia segunda, se podría aumentar en unos meses el parque público en unos 140.000 o 150.000 inmuebles, según ha concretado la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, este martes en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Según la número dos de Pablo Iglesias, una decisión así podría ayudar "a poner fin a la emergencia habitacional que vive nuestro país de una vez por todas"
"Necesitamos una ley de vivienda que corresponsabilice al sector privado en la garantía del derecho a la vivienda y le comprometa a cumplir con la función social que la vivienda debe tener", ha afirmado Belarra. "Para ello es imprescindible que los grandes tenedores de vivienda, por ejemplo, pongan a disposición de las Administraciones Públicas un porcentaje de su parque para destinarlo a vivienda social. Es así, y no tanto apostando de nuevo por la construcción, como vamos a lograr ampliar sustancialmente el parque público de vivienda en alquiler", ha añadido. Las diferencias con sus socios el PSOE y, en concreto, con el Ministerio de Transportes son abismales.
Los morados también ha puesto encima de la mesa la aprobación de un impuesto a la vivienda vacía, pero el PSOE ha rechazado en el primer tanteo la propuesta. La figura fiscal iría dirigida también a los grandes tenedores.
La Vicepresidencia segunda también apuesta por incluir en la nueva norma la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables. Y, por último, la Vicepresidencia segunda propone una regulación ambiciosa de los precios del alquiler en las grandes ciudades o zonas de mercado tensionadas. Así está recogido en su pacto de PGE: "Bajar los precios". Los de Iglesias enviaron una propuesta al PSOE pero el socio de la coalición no ha respondido a la misma.
Fuentes del Ministerio dirigido por José Luis Ábalos aseguran, por su parte, que la Ley de Vivienda "es una oportunidad histórica" para el país. "Este Gobierno ha puesto la vivienda en el centro de sus políticas. Nuestro objetivo es claro: garantizar la función social de la vivienda y el derecho a una digna y adecuada. Seguimos trabajando y perseverando en un acuerdo", añaden.
La apuesta de Transportes para rebajar los precios del alquiler es el modelo portugués, una fórmula en la que se ofrecen incentivos fiscales a los propietarios de vivienda que de forma voluntaria decidan reducir el precio de sus arrendamientos. Se llama Programa de Arrendamiento Accesible (PAA) y en él el Gobierno de Antonio Costa ofrece exenciones en el pago del IRPF o la reducción del IBI a los propietarios que alquilen sus viviendas a un precio reducido en un 20 % por debajo del valor de referencia del arrendamiento. Dicho valor se calcula en base a diversos factores como la ubicación el inmuebles, los metros cuadrados, las instalaciones, la certificación energética y el precio de la zona.
En Portugal, estas viviendas con alquileres rebajados son ofrecidas a personas con ingresos que no superen los 35.000 euros anuales o los 45.000 en caso de constituir una familia. Estos inquilinos no tendrán que soportar una tasa de esfuerzo superior al 35% para poder pagar el arrendamiento, según la normativa del país vecino.
En Unidas Podemos está medida chirría. La consideran "un fracaso". Un informe de la Vicepresidencia segunda al que ha tenido acceso La Información concluye que el modelo luso "poco hace para cumplir con su objetivo de dinamizar los alquileres". Según datos del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, el homólogo al departamento de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana español que dirige José Luis Ábalos, "durante el primer año (julio 2019-julio 2020) se celebraron 242 contratos de arrendamiento para 10.417 solicitudes. Es decir, se cubre al 2,3% de las personas que demandan un alquiler asequible".
Desde UP muestran su preocupación por estas "discrepancias sustanciales" que existen con el PSOE en una norma que debería ya estar, al menos, encarada. El plazo expira a finales de mes. Los morados consideran que la falta de voluntad política del equipo de José Luis Ábalos está frenando el cumplimiento del acuerdo de Gobierno, negándose o ignorando la gran mayoría de las propuestas que han puesto UP encima de la mesa a través de la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra.
El propio vicepresidente segundo habló este fin de semana de la Ley de Vivienda en la Ejecutiva de Podemos. "En este tema quiero ser, también, muy claro: es un asunto en el que tenemos profundas discrepancias con el PSOE y llegar a un acuerdo no va a ser nada sencillo. Pero en esto también vamos a ser muy cabezones. Porque lo que está en juego es en qué medida logramos que la vivienda deje de ser un activo especulativo y pase a ser, efectivamente, un derecho social, tal y como establece la Constitución. Y no tengo ningún problema en decir, como ya hemos dicho muchas veces, que las patronales inmobiliarias no solo tienen mucho poder, sino que lo ejercen todos los días para presionar dentro del Gobierno con el objetivo de que no pongan límites a sus beneficios. Y esto a veces lo hacen directamente y otras a través de sus brazos mediáticos".
Las vicisitudes de la Ley de Vivienda
La Ley de Vivienda se presenta, por tanto, como una mina para la coalición. Ya lo fue en el momento de pactar que se aprobara en Consejo de Ministros antes de finalizar el mes de febrero. Fue una negociación in extremis horas antes de presentar los Presupuestos Generales de 2021 y que se produjo en las horas en las que Pedro Sánchez visitaba al Papa Francisco en El Vaticano. La historia es la siguiente: PSOE y Podemos llegaban a un primer acuerdo para aprobar "a principios del año que viene" la limitación de los arrendamientos en las grandes ciudades. Lo negociaron el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra. Hubo pacto pero Belarra pidió un poco más de concreción en las fechas. Ábalos hablaba del primer trimestre, cuando el calendario legislativo del Gobierno contempla la aprobación en Consejo de Ministros de la Ley de Vivienda. Belarra no consiguió convencer al también secretario de Organización del PSOE y recurrió a Irene Montero.
La ministra de Igualdad entró entonces en escena para negociar directamente con Ábalos. Presionó y le intentó hacer ver la importancia de reflejar una fecha concreta. No era fácil para Unidas Podemos, que estaba recibiendo la insistencia del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Tampoco para los socialistas, de los que estaban pendientes bancos y fondos de inversión, según explican fuentes gubernamentales. Finalmente el acuerdo lo tuvieron que desbloquear Iván Redondo y Juanma del Olmo, que volvieron a ser la argamasa de la coalición en esta negociación con un acuerdo que va más allá incluso del pacto de Gobierno. Por ejemplo se concreta que antes de terminar enero se van a aprobar medidas para contener o eventualmente "bajar los precios" -un término que costó aceptar para el PSOE- de los alquileres en zonas de mercado tensionado. Asimismo los ayuntamientos podrán bloquear las "subidas injustificadas" de los contratos.
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