Las intensas conversaciones para cerrar el borrador de Presupuestos Generales de 2021 están abriendo algunas heridas en el Gobierno de coalición. Ha habido sintonía entre PSOE y Unidas Podemos en muchos aspectos ya cerrados, como una inversión de 600 millones en Dependencia, pero al llegar a la reforma fiscal, esencialmente, la situación se ha complicado. El punto caliente está en el Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo que el Ministerio de Hacienda se está resistiendo a subir, según explican fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero. Tienen sus razones, pero estas explicaciones chocan con las posturas que defiende su socio de coalición que hace unos meses llegó a poner encima la mesa una tasa a la riqueza dirigida a quienes más tienen.
Hacienda justifica su posición en que Patrimonio es un impuesto transferido a las comunidades autónomas y, por tanto, dependerá del gobierno de turno la decisión de aplicar una subida o no. La efectividad de un cambio al alza en la tributación, por tanto, podría ser desigual si Madrid, por ejemplo, decide no elevar el impuesto y otra autonomía sí. Además, el Ministerio de María Jesús Montero tiene demostrado que el impacto real de la decisión en los ingresos públicos sería escaso o nulo. Sería, eso sí, una decisión de impacto político en el votante de PSOE y UP.
De hecho, Hacienda tiene en cuenta que la Airef, con el hoy ministro José Luis Escrivá al frente, ya tumbó las estimaciones que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez en 2018 sobre el Impuesto de Patrimonio. En el primer plan presupuestario que Montero remitió a Bruselas incluyó una subida de este tributo para los contribuyentes que declarasen bienes y derechos por encima de los 10 millones de euros, medida que luego fue incluida en los Presupuestos que tumbó ERC y que llevaron a la convocatoria de elecciones. La autoridad independiente calculó que la medida reportaría entre cero y ocho millones, cuando Hacienda había calculado ingresar 339 millones.
Subir el Impuesto sobre el Patrimonio no está contemplado específicamente en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos de diciembre. Solo hay una mención genérica a estudiar "la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo". Y es en ese escenario en el que continúa instalado el Ministerio de Hacienda. Su compromiso es activar a lo largo de la legislatura una reforma fiscal más ambiciosa, incluida la patrimonial, para que quienes más tienen aporten más, como ha recomendado esta semana el FMI. Pero la propia Montero ya ha avisado que no es momento de subir los impuestos y que los cambios que preparan para el próximo año serán 'light'. Quiere darse, por tanto, un mayor periodo de reflexión una vez superada la crisis del Covid.
¿Y el impuesto a los ricos de Podemos?
Hacienda también ha descartado, al menos de momento, el llamado "impuesto a los ricos" que lanzó Unidas Podemos el pasado mes de mayo para gravar patrimonios por encima del millón de euros. Esta tasa, ajena a los Presupuestos ya que sería de nueva creación, permitiría aumentar la recaudación en torno a un 1% del PIB (unos 11.000 millones de euros), según los cálculos de UP, y sustituiría al actual Impuesto de Patrimonio. La medida, por tanto, no tiene por ahora recorrido.
El Ministerio de Hacienda, en definitiva, tiene serias dudas de replicar en los Presupuestos del próximo año la subida de Patrimonio a partir de 10 millones que sí contemplaban las cuentas públicas de 2019. En este momento el escenario es que 'no' se incluirá aunque aún queda negociación por delante. Resta, por ejemplo, la guinda al borrador de Presupuestos que pondrán Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en una negociación cara a cara y que podría cambiar algunas cuestiones negociadas en los niveles inferiores de la coalición. La decisión, por tanto, no está del todo cerrada a día de hoy.
La guinda al borrador de Presupuestos la pondrán Sánchez e Iglesias en una negociación cara a cara
La reforma fiscal que negocian PSOE y Unidas Podemos, y que encara ya su fase final, se centra, por tanto, en una alza del IRPF a las rentas más altas. Es ahí donde está el debate, según reconocen en Hacienda, y que, tal y como ocurrió en las conversaciones para alumbrar el acuerdo de coalición, se está afinando la cuantía. En el documento que dio paso a la investidura se recogía que se incrementarían "dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros". La partida está abierta también.
El borrador de PGE está prácticamente listo a la espera de que Sánchez e Iglesias lo cierren. Las reuniones se sucedieron ayer jueves en Hacienda en diferentes salas. Por un lado el equipo de Montero recibió la visita de varios ministerios para ultimar sus partidas correspondientes. Por otro lado se estaba ultimando el Plan presupuestario que se envió a última hora a Bruselas. El acto de presentación del borrador de cuentas públicas está previsto para finales de la próxima semana o principios de la siguiente a cargo del presidente y del vicepresidente segundo en Moncloa.
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