Fueron de los primeros en echarse a la calle en enero de 2018 y hoy, más de dos años y medio después, cuando el movimiento de jubilados y pensionistas ha perdido fuerza en el conjunto de España, los jubilados vascos continúan en las trincheras pese a ser los más ‘ricos’ de España y cobrar de media 241 euros más. Ahora, a pocas semanas de que el Pacto de Toledo haga sus recomendaciones respecto al futuro de las pensiones, han intensificado incluso sus reivindicaciones -entre las que destacan la exigencia de la subida de la pensión mínima a 1.080 euros y del SMI a 1.200-, y han añadido su protesta por la situación de los usuarios de residencias de mayores en el País Vasco en plena pandemia.
Y es que en Euskadi han fallecido por la Covid-19 un total de 716 usuarios de residencias desde el inicio de la pandemia, lo que supone el 36,6% del total de muertos por coronavirus en Euskadi. De ellos, 105 se han contabilizado en esta segunda oleada desde mediados del pasado agosto. A finales de septiembre las residencias vascas tenían 16.962 usuarios y 332 casos positivos. "Es un drama", asegura uno de los portavoces del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (MPB), Jon Fano, antes de exigir que "el Pacto de Toledo nos escuche, adopte nuestras reivindicaciones y no haga, una vez más, una reforma a espaldas de los pensionistas y en contra de los mismos".
Este viernes 9 de octubre precisamente, en Bilbao, delante del ayuntamiento de la capital vizcaína, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria volvía a exigir a las instituciones medidas para "garantizar el sistema público de pensiones y pensiones públicas dignas, justas y suficientes", entre ellas, "la subida hasta los 1.080 euros de la pensión mínima, como exige la Carta Social Europea".
Ione, guipuzcoana de 78 años, no estuvo este viernes en Bilbao, pero sí acude todos los lunes a la concentración en San Sebastián. "Los jubilados vascos no somos los más ricos de España, como se está diciendo por ahí, hasta UGT y CCOO lo reconocen en la carta que hace unos días han enviado al Gobierno vasco: hay 200.000 pensionistas vascos que cobramos menos que el SMI. Por ejemplo, yo. Y hasta que no tengamos una pensión digna y que nos permita vivir con dignidad no pararemos y no aceptaremos que en esta nueva oportunidad el Pacto de Toledo vuelva a recortar las pensiones".
Esta pensionista expone su caso: "Soy viuda y cobro una pensión que no llega a los 700 euros. Una de mis hijas está en paro y tengo que ayudarle. Paga luego gas, luz, agua, la comunidad de la casa donde vivo... ¿Soy rica, yo? Solo pido dignidad. Poder vivir con dignidad y con 700 euros al mes eso no es posible". En este sentido, según datos de 2018, la diferencia de pensiones entre los hombres y las mujeres pensionistas en el País vasco era de casi 600 euros, por lo que los jubilados vascos exigen a la Administración "eliminar la brecha de género en salarios y pensiones, reconociendo el derecho subjetivo de las mujeres a una pensión digna, estableciendo la pensión mínima en 1.080 euros y mejorando sustancialmente las pensiones no contributivas y la pensión de viudedad, especialmente cuando sea la única pensión que se perciba y elevar del 60% al 100% de la base reguladora".
Ángel Huito, una de las cabezas visibles del movimiento de pensionistas del País Vasco decía tras el acto de Bilbao, y después de que desde algunos ámbitos se acuse a dicho movimiento de ‘violento’: "¡¡¡Violencia es no llegar a fin de mes!!!. Así de contundente lo gritamos, una y mil veces, en nuestras quedadas de la indignación pensionista. Sería muy difícil abarcar todas y cada una de las violencias institucionales, cuyas consecuencias nos toca padecer, pero tampoco es necesario, en este caso, bajar a la numerosa casuística en la que se transgrede nuestra actitud pacífica, del consenso, de los acuerdos... para tomar atajos labrados desde la violencia. Violencia es que, algunos alcaldes vivan como virreyes y muchos políticos como reyes y muchos miles de ancianos de este país vivan por debajo del umbral de la pobreza. En todos los ámbitos sociales, pero especialmente las personas mayores, somos víctimas de los abusos institucionales que no respetan nuestra dignidad, en el ámbito político, social, laboral, cultural, sanitario, habitacional, alimenticio... Violencia es que muchos pensionistas deban elegir entre comer o medicarse".
Para poner en contexto la protesta de los jubilados y pensionistas vascos, hay que apuntar que, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá, el número de pensiones en Euskadi asciende a 560.000 y la pensión media se sitúa 1.233,41 euros, la más alta de España. En el conjunto de España el número de pensiones es de 9.800.000 y la nómina mensual alcanza los 10.000 millones de euros al mes. Las prestaciones en Euskadi representan el 5,7% del total de España y los pensionistas vascos cobran 241,06 euros más de media más que los españoles, que reciben una promedio de 992,35 euros. Asturias es la siguiente región en la lista, con 1.170,52 euros; Madrid con 1.167,15 euros, y Navarra 1.140,10 euros.
Por tipo de pensiones, en el País Vasco hay un total de 363.100 jubilados, que reciben de media 1.403,65 euros; 135.492 personas reciben una pensión de viudedad (867,51 euros); y 43.042 beneficiarios reciben una incapacidad permanente e ingresan una media de 1.250 euros. Además hay 15.623 perceptores de una pensión de orfandad (482,76 euros) y 2.312 beneficiarios de pensiones a favor de familiares, que perciben una media de 716,43 euros.
Pese a estos números, que parecen indicar que los pensionistas vascos son unos ‘privilegiados’ dentro del conjunto de jubilados españoles, este viernes reclamaban en Bilbao que sus reivindicaciones sean tenidas en cuenta en las negociaciones del Pacto de Toledo y que la reforma que se acuerde en el mismo que sirva para mejorar el sistema y "no para recortarlo una vez más". Pero denuncian que según su percepción, se va a plantear "una nueva reforma de pensiones donde no tendrían cabida nuestras reivindicaciones fundamentales y con el agravante, una vez más, de la ausencia total de nuestra intervención" por lo que esta "no puede ser, una vez más, una ocasión perdida para garantizar pensiones públicas dignas, justas y suficientes".
Por todo ello, reivindican que "hay que garantizar normativa y financieramente el sistema público de pensiones y no es suficiente la externalización de gastos impropios si no van acompañados de políticas de creación de empleo en cantidad y de calidad y, si aun así fuera necesario, garantizar también las aportaciones directas permanentes de los Presupuestos Generales, plenamente justificadas por la deuda histórica reconocida incluso por el Tribunal de Cuentas de la Seguridad Social".
Los pensionistas vascos, pese a la crisis, el paro galopante y la pandemia, insisten en que el de las pensiones "no es un problema de falta de recursos porque el sistema público de pensiones es viable, sino que es un problema de prioridades políticas y un problema de reparto equitativo de la riqueza y una fiscalidad que prima las rentas de capital, el fraude y los paraísos fiscales". El colectivo también ha exigido derogar "los aspectos regresivos" de las reformas de pensiones de 2011 y 2013, entre ellas, el Factor de Sostenibilidad, el aumento de la edad de jubilación a 67 años, o el aumento de los años de cotización para el cálculo de la pensión. En este sentido, han advertido de que "no es suficiente derogar, si es que finalmente se hace, la reforma del 2013" porque la que "hoy está reduciendo las pensiones" es la de 2011. Asimismo, ha reclamado la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, y ha pedido que se garantice "la revalorización automática de las pensiones en función, como mínimo, del incremento del coste de la vida, sin otros índices que la rebajen". A su juicio, son "inaceptables" propuestas como la de incrementar las penalizaciones de la jubilación anticipada o incentivar el retraso voluntario de la edad de jubilación, así como la implantación efectiva de los planes privados de pensiones con recursos públicos.
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