La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está provocando roces en el Gobierno de coalición. Por la cuantía y por los tiempos. Dos ministerios, Economía y Trabajo, mantienen posiciones diferentes y así lo han demostrado. El gabinete del presidente tercia y se encuentra al tanto de todo. Pero las últimas horas se han producido varios movimientos que han enrarecido el ambiente y la desconfianza entre unos y otros. Entre medias se encuentra el nuevo secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, que se acaba de estrenar como número dos de Nadia Calviño cambiando su versión, en cuestión de horas, en un medida considerada central tanto para el PSOE como, especialmente, para Unidas Podemos.
La batalla interna en el Gobierno por el SMI se remonta al pasado mes de diciembre. Entonces el Ministerio de Asuntos Económicos, apoyado por Moncloa, impuso su criterio a Trabajo ante la crisis provocada por la Covid. "Estamos discutiendo por 30 céntimos al día", un 0,9%, afirmó entonces la hoy vicepresidenta tercera en referencia a los costes que podría suponer para las empresas un alza similar al aprobado para los pensionistas o para los funcionarios. Pero hoy el escenario económico y laboral es muy diferente y la parte de Unidas Podemos en el Gobierno ya ha comenzado a moverse para abordar esta negociación pendiente coincidiendo con el inicio de la recuperación económica.
Lo primero será conocer cuál será el informe que está elaborando el comité de expertos y aquí también ha habido polémica. En este grupo se sientan reputados profesionales académicos profesionales como la catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco, Sara de la Rica (por citar un ejemplo). Además, por parte de los agentes sociales forman parte de este grupo de expertos María Jesús Cedrún (UGT) y Carlos Martín (CCOO), toda vez que CEOE y Cepyme declinaron participar, mientras que en representación del Gobierno se encuentran Manuel Lago (Ministerio de Trabajo), César Veloso (Hacienda) y Carlos Cuerpo Caballero (Economía).
El ambiente se ha complicado en los últimos días, como decimos, por una sucesión de hechos. En primer lugar, es importante destacar que Moncloa había exigido discreción a todas las partes implicadas en la negociación. Así lo había convenido especialmente con Trabajo, ya que Sánchez y Díaz habían acordado retomar el debate sobre la subida del SMI a mediados de año, una vez concluido el estado de alarma y encarada la recuperación.
Moncloa había exigido discreción a todas las partes implicadas en la negociación, una discreción que se ha truncado
En efecto, el mensaje que llegó a los ministerios desde Presidencia fue el de mantener todas estas conversaciones en el ámbito privado para evitar filtraciones que pusieran el riesgo un acuerdo en el que se cuenta con que participen los empresarios, como ha ocurrido hasta ahora en nueve ocasiones (seis de ERTE, riders, teletrabajo y el primero del SMI). Había, por tanto, un pacto no escrito, tanto entre Presidencia y la Vicepresidencia Tercera como con el resto de departamentos implicados.
Este compromiso de discreción, sin embargo, ha quedado incumplido cuando se ha conocido el contenido provisional del informe de los expertos. En él se recoge, parcialmente, elevar el salario mínimo hasta una horquilla de entre 1.012 y 1.047 euros en 14 pagas en 2023, lo que supone un incremento de entre el 6,5% y el 10,2% sobre los 950 euros que se abonan ahora. Pero estas cifras no son las finales sino provisionales. Podrían sufrir, por tanto, alguna modificación en próximas fechas.
Las costuras de la coalición también se han resentido tras la rectificación que ha protagonizado el nuevo número dos de Calviño en cuestión de horas. García afirmaba el pasado fin de semana en una entrevista con ‘El Confidencial’ que no era momento de lanzar las campanas al vuelo y que había que ser cautos con el SMI. "Estamos todavía aproximadamente un millón de empleos por debajo de la situación prepandemia (…) Lo más prudente nos parece esperar a que tengamos más claridad sobre la recuperación y poder reanudar ese avance hacia el objetivo de final de la legislatura", afirmaba Gonzalo García.
Unas horas después el mismo secretario de Estado se posicionaba en un sentido contrario, avalando la subida y calificándola como alcanzable. Lo hacía, además, en sede parlamentaria, en su estreno en la Comisión de Economía. ¿Qué ocurrió entre unas y otras palabras? Alguna fuente apunta que pudo existir alguna directriz para lanzar un mensaje contundente y despejar las dudas en público de una posible doble visión del Gobierno en una medida que, como decimos, es un compromiso de la coalición. Otras fuentes indican que García modificó levemente su versión para poner el foco en el incremento a largo plazo, mirando a 2023, manteniendo la prudencia respecto a una subida inmediata este mismo año.
Entre medias de la polémica también se encuentra el Banco de España y su polémico informe de la semana pasada. Polémico porque varios miembros de Unidas Podemos salieron en tromba a criticarlo. La propia Yolanda Díaz comparecía ese martes en Moncloa y afirmó que el documento en cuestión no habla de destrucción de empleo en "ninguna de sus páginas". En la misma línea se manifestó Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales. En el PSOE han marcado distancias con estas críticas.
