Pedro Sánchez llega a Bruselas con una carpeta mucho menos ambiciosa que la que portaba cuando comenzó su 'roadshow' energética por Europa. El Gobierno da por asumido que el Consejo Europeo no aceptará desacoplar el gas del precio de la electricidad y se centra ahora por conseguir una medida de menor calado pero que tendría efecto inmediato en la situación de emergencia que se vive en el país. En concreto, el presidente ha acordado con su colega Antonio Costa conformar un tándem para conseguir un tope ibérico a los precios gasistas, según explican fuentes gubernamentales. Es decir, conseguir que los países con más reticencias, esencialmente Alemania y Países Bajos, acepten una excepción y permitan a España y Portugal acotar estos precios de forma temporal.
Amarrar un tope ibérico para el gas sería un premio de consolación teniendo en cuenta las expectativas con las que el presidente arrancó su gira por Europa. En Moncloa, sin embargo, no lo consideran así: "Para nosotros el Consejo Europeo habrá ido bien si nos permiten el tope", expone en este momento una fuente gubernamental. La solución no es descabellada y sería apoyada, siempre que no sea indefinida, por aliados como Francia e Italia, que reman junto a España por una medida de este tipo. También es defendida por las grandes del sector eléctrico español, como Iberdrola y Endesa.
El argumento que Sánchez pretende exponer, junto a Costa, en el Consejo Europeo es que la Península Ibérica siempre ha sido un mercado eléctrico perjudicado en relación al del resto del continente. Por cuestiones geografías, las interconexiones eléctricas han supuestos rémoras para los dos países ibéricos y ese debería ser un motivo de peso, siempre según Moncloa, para que el resto de países europeos cedieran ante las pretensiones de Madrid y Lisboa. "No vamos a aventurar nada hasta que no acabe el Consejo, que será largo", añade otra fuente gubernamental. Se espera que las discusiones sobre la emergencia energética se produzcan el viernes y se prolonguen hasta el sábado. Prevén jornadas maratonianas.
Moncloa defiende también que esa intervención inmediata, y acotada en el tiempo, del mercado eléctrico obligaría a compensar a las centrales de ciclo combinado. Es un mecanismo en el que ya ha pensado Sánchez, a modo de ayuda 'ex post' para estas compañías, explica el Gobierno. La ministra para la Transición Ecológica ya tiene echados los números, afirman. Una compensación que, según el Ejecutivo, la podría "asumir el propio sistema a través de un pequeño ajuste a los consumidores".
El fantasma del déficit de tarifa
La falta de explicaciones concretas sobre cómo va a funcionar ese precio máximo del gas que los países del sur de Europa defenderán en el Consejo Europeo no ha despejado la incertidumbre que pesa sobre las grandes empresas del sector, tanto en lo que respecta a generación como a comercialización de la luz. Un tope al precio del gas supone que las centrales españolas de ciclo combinado tendrán que generar energía a pérdidas en los momentos, como el actual, en que el precio mayorista del gas esté por encima. O lo que es lo mismo, se generará un déficit de tarifa que habrá que compensar de alguna manera para evitar que vaya directamente a engrosar el déficit público, un efecto que incluso está prohibido por ley, recuerdan las fuentes técnicas consultadas.
Sólo hay dos maneras de compensar ese desequilibrio, que se generará a las grandes eléctricas que utilizan el gas y que meten en el ‘pool’ de cada día en torno al 15% del total de la energía que se produce en España: por un lado, se puede introducir una parte en la factura que pagan los consumidores -algo contrario al efecto recorte del recibo que se quiere lograr-; por otro lado, se puede utilizar la opción que da la Comisión Europea de actuar sobre los ‘windfall profits’ (beneficios caídos del cielo) que reciben las compañías por vender al marginal máximo todo tipo de energía, no solo la derivada del gas. Esta opción es contemplada por Moncloa, que asegura que fue pionera en Europa a la hora de introducirla. Se debatirá también en el Consejo Europeo.
En cualquiera de los dos casos, la cuestión no pinta fácil para la delegación española, que ha puesto a los servicios de estudios y análisis de las principales compañías, con las que se reunió el martes pasado, a calcular cómo sería esa compensación a partir de unos precios del gas que se mueven cada día y que dependen más del conflicto de Ucrania que de lo que ocurra en el mercado. Es más, esa solución necesitaría que la Administración conociera con exactitud los costes que cada eléctrica tiene en la generación de electricidad a partir de gas, a sabiendas de que la mayor parte viene de Argel, pero hay un monto cada vez mayor que viene a través barcos metaneros y cuyo precio negocian las compañías por separado.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya lanzó -y retiró- el globo sonda de topar el precio de la luz en 180 euros el megavatio hora, lo que supondría que el gas que la produce en el mercado no debería pasar de 85 euros, un precio que, a pesar de que ahora parezca menor dadas las tensiones que se acumulan, está muy por encima de los 15 y 20 euros que se pagaban hace un año, antes de que se iniciara el calentamiento del mercado en el verano pasado. Las fuentes empresariales y técnicas conocedoras del mercado, tanto en los combustibles fósiles como en las renovables, aseguran que la clave de todo ese modelo que se quiere establecer es dónde poner el límite, dado que de ello dependerá la compensación a buscar para paliar el déficit que genere y el impacto que tenga en las compañías. Lo ideal es que todos esos términos se aclaren tras una cumbre a la que Sánchez no entra con buen pie tras fracasar en su ronda previa con los principales socios de la UE.
Scholz y Rutte, los escollos
El problema, en cualquier caso, vuelve a ser Olaf Scholz y el escollo que ya surgió en el Consejo Europeo que acordó el Plan de Recuperación: el holandés Mark Rutte. Una fuente del Ejecutivo define al primer ministro de Países Bajos como "un talibán del liberalismo", por lo que el equipo de Sánchez va a tener que emplearse a fondo para conseguir la excepción ibérica para topar el gas. El presidente estará acompañado en Bruselas por sus dos 'sherpas' monclovitas: Manuel de la Rocha, director del Departamento de Asuntos Económicos y pieza clave en el Consejo que arranca este jueves, y Emma Aparici, la responsable de Internacional.
"Para España lo prioritario es el problema de los precios", explica un portavoz del Gobierno. Son conscientes de que no va a ser un Consejo Europeo sencillo, como no lo es el mercado eléctrico europeo. "Cada vez que tocas algo tiene sus consecuencias y poner de acuerdo a todos es complicado", añade. "Nosotros defendemos que no hacer no es una opción" en un momento en que la Comisión Europea ha defendido la "unidad" y el europeísmo frente a la agresión de Putin en Ucrania.
España está de acuerdo en apoyar poner en marcha de forma inmediata una política de almacenamiento energético a nivel europeo, donde Sánchez está dispuesto a dar un paso al frente. "Tenemos suministro [de Argelia, pese a la crisis por el giro con Marruecos], regasificadoras y estaremos encantados de ayudar a otros países", añaden desde el Gobierno. Pero para poder "ayudar" a otros países europeos hay que completar la conexión con Europa a través del MidCat, un gaseoducto que ahora se ha convertido en prioritario para el Ejecutivo tras años en los que había caído en un cierto ostracismo.
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