El toque de queda impuesto en París por el presidente Emmanuel Macron no ha pasado desapercibido en España. Varios líderes autonómicos han comenzado a barajar la medida para sus localidades, pero la distribución de competencias entre el Gobierno y las CCAA dificulta su puesta en marcha. El Ejecutivo de Pedro Sánchez señala que la única forma de implementarlo es decretar un estado de alarma nacional. Sin embargo, las autoridades regionales han decidido no esperar al Ministerio de Sanidad para actuar y ya han arrancado procedimientos judiciales para establecer los confinamientos nocturnos.
Los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León trabajan en estos momentos para buscar un encaje legal al establecimiento de un toque de queda nocturno en su territorio, que se iniciaría "a las 9 o las 10 de la noche", porque la indefinición vivida en el Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde es "inaceptable". Así lo ha anunciado esta noche, en una entrevista en Castilla y León Televisión, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien ha afirmado que el Gobierno está practicando "un juego indignante".
Sobre la fórmula que estudia la Junta para ordenar el toque de queda, Igea ha indicado que analizan si puede ser un "decreto ley", aunque ha insistido en que sea cual sea el mecanismo lo importante es tomar medidas que "son necesarias", como el toque de queda, y que deberán ser ratificadas por la Justicia al restringir derechos fundamentales, aunque ha adelantado que esperarán el pronunciamiento jurídico a posteriori.
La Conselleria de Sanidad y Abogacía de la Generalitat valenciana estudian ya una resolución que permita restringir la movilidad nocturna en toda la Comunitat Valenciana desde la medianoche a las seis de la mañana hasta el próximo 9 de diciembre, con medidas adicionales que "no afectarán a la economía". Así lo ha anunciado el president de la Generalitat, Ximo Puig, tras reunirse con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y después de que el Consejo Interterritorial haya finalizado este jueves sin una decisión "armonizada" para todas las comunidades Autónomas de toque de queda, como había planteado la Comunitat Valenciana.
En rueda de prensa, Puig ha adelantado que el Gobierno valenciano remitirá esa resolución al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat para que la valide en las próximas 48 horas y se pueda hacer efectiva "los primeros días de la próxima semana" porque ante el aumento de la pandemia "hay que reaccionar con determinación". El político ha asegurado que hay "indicios claros" de que existe suficiente argumentación jurídica para poder plantear el toque de queda nocturno, pero en caso de no ser así, estudiarán pedir que se decrete el estado de alarma en la Comunitat Valenciana "sin ningún tipo de duda".
La consellera de Salud catalana, Alba Vergés, ha pedido este juevs al Gobierno central, durante la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad, que habilite "herramientas jurídicas" para que la Generalitat pueda decretar el toque de queda cuando el Govern lo decida, siempre en función de criterios científicos. Según han informado fuentes de Salud, dada la situación epidemiológica, el gobierno catalán ha expresado que valora "todas las opciones" para reducir los contagios, pero quiere ser él quien lo decida, no a instancias de otras instituciones o gobiernos.
El presidente del Gobierno de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), ha pedido la declaración del estado de alarma en la ciudad autónoma para aplicar el confinamiento nocturno que ha defendido hoy en el Consejo Interterritorial de Salud. En su perfil de Twitter, De Castro, poco antes de la medianoche, ha anunciado que ha presentado esta solicitud por escrito y ha argumentado que es "crucial" adoptar medidas más restrictivas que las actuales "antes del colapso sanitario en Melilla" por el importante aumento de contagios que lleva sufriendo en las últimas semanas.
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