José Manuel Villarejo aprovechó una de sus últimas comparecencias en la Audiencia Nacional en marzo de este año para alardear ante los investigadores del caso Tándem sobre las "excelentes relaciones" que tuvo con el PSOE durante su época de comisario de la Policía Nacional. En su interrogatorio por los encargos que gestionó para Iberdrola desde su entramado empresarial hizo alusión específica a colaboraciones anteriores con la actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para dar muestra de su cercanía con el partido en cuyo seno, según explicó, había una pugna por la construcción en Arcos de la Frontera (Cádiz) de una central térmica de la multinacional vasca.
De acuerdo con los audios de su declaración a los que ha tenido acceso este diario, Villarejo relató los pormenores del primer encargo que realizó la eléctrica de Ignacio Sánchez Galán en el año 2004. El proyecto, bautizado como 'Arrow', tenía como objetivo salvaguardar los intereses de la compañía ante la oposición de algunos movimientos vecinales y del consistorio del municipio gaditano de que la central saliera adelante. Preguntado por este asunto concreto, el comisario jubilado admitió su realización y dijo que lo que se vendió como un boicot de plataformas ecologistas no fue más que una batalla interna dentro del PSOE andaluz enfrentado entre sí por la instalación de esta planta de ciclo combinado.
Proyecto árabe Almansur
"Lo de todas estas organizaciones entre comillas ecologistas era mentira. Les pagaban bocadillos y el bus e iban allí a montar ruido porque en realidad lo que querían era una compensación económica. Este trabajo era de inteligencia y de intentar solventar que en el partido del Gobierno el tema no tuviera más trascendencia", expuso Villarejo en su declaración del pasado 11 de marzo. El comisario relató que cuando comenzó a trabajar en este asunto -por el que cobró 469.301 euros- le dijeron que tuviera "cuidado" porque "había pugna" entre Carmen Calvo y Magdalena Álvarez (ambas exconsejeras de la Junta de Andalucía) e incluso hizo mención a una "colaboración" años antes con la actual vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez.
Aunque no ofreció muchos más detalles al respecto, dijo que el trabajo se debió a la construcción de un "parque temático" en Córdoba. Se refirió Villarejo al proyecto turístico que se planteó a finales de los noventa cerca del complejo arqueológico de Medina Azahara y que él mismo controló a través de la sociedad Al Mansur. La firma, en la que figuraban como administradores su mujer Gemma Alcalá, y su socio Rafael Redondo, no consiguió el objetivo debido en parte a la negativa de Carmen Calvo, entonces consejera de Cultura, que rechazó que se construyera este complejo en los alrededores de la antigua ciudad árabe.
Pese a sus explicaciones, el fiscal Anticorrupción Miguel Serrano volvió a centrar el asunto en el proyecto encargado por Iberdrola intentando averiguar si existió una oposición real de los ecologistas. Villarejo negó el extremo y dijo que el problema era político, que la alcaldesa del municipio Arantxa Azcúnaga (IU) era un "títere" del PSOE y que detrás de todo esto estaba el secretario general del partido socialista en Cádiz, Francisco González Cabaña. "Tenía establecido un tinglado. El grupo ecologista no era tal, era un conjunto de gente que ya que el tal Cabaña manejaba para obtener réditos", sentenció. Con todo, negó que facilitara a Iberdrola el tráfico de llamadas de los protagonistas de esta historia pese a que los investigadores sostienen que entre el material incautado en su domicilio hay evidencias de control telefónico como parte del trabajo que realizó a la compañía vasca.
Las facturas a Casesa
Villarejo, que se sometió al interrogatorio cuando esta pieza decimoséptima estaba bajo secreto de sumario, negó cualquier irregularidad en los pagos de todos los proyectos que ordenó Iberdrola a Cenyt entre los años 2004 y 2017 y por los que desembolsó poco más de un millón de euros. No obstante, el Ministerio Público sostiene, apoyándose en información de la Agencia Tributaria, que Iberdrola habría utilizado a Casesa (empresa proveedora de servicios de seguridad) para abonar los servicios del entramado del agente encubierto, tal y como consta en el sumario. Mientras la eléctrica niega este extremo -que plasmó ante notario el exdirectivo José Antonio del Olmo- Villarejo dijo no recordar si desde Cenyt facturaron servicios a Castellana de Seguridad y quitó hierro al tema asegurando que en el ámbito de los servicios de inteligencia es habitual subcontratar a empresas del sector.
La insistencia de uno de los fiscales Anticorrupción acerca de qué personas se encargaban de la facturación desde Cenyt provocó el enfado de Villarejo y la intervención del magistrado Manuel García Castellón, el cual amagó con cortar la conexión. "Le he llamado muchas veces la atención. Tengo muchísima paciencia con usted pero su falta de respeto continua ofende no solo a las personas que estamos aquí temporalmente sino también a la institución", respondió el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 después de que los investigadores se interesaran por el presunto espionaje a Manuel Pizarro. El motivo de las advertencias del juez se debe a que, al ser preguntado por si empleaba las siglas BB para referirse al expresidente de Endesa, éste dijo que era una denominación que correspondía a la actriz francesa Brigitte Bardot.
Niega espionajes a Pizarro o Florentino
Misma sorna empleó cuando se le preguntó por el informe 'Gipsy' según el cual se habría recopilado información personal y familiar del presidente de ACS, Florentino Pérez, para Iberdrola. "No hice ningún trabajo remunerado sobre el señor Florentino Pérez", respondió el comisario en sintonía con lo manifestado por la eléctrica que siempre ha negado que entre los encargos efectuados al Grupo Cenyt hubiera alguno relacionado con la figura del presidente del Real Madrid. No obstante, tanto Pérez como Manuel Pizarro están personados en esta causa y han declarado ante el magistrado instructor sobre estos hechos.
Así, mientras Pizarro reconoció que Endesa era "competidora" de Iberdrola y desmintió el contenido de los informes de Villarejo, Florentino Pérez dio a entender ante el magistrado que en el año en que se produjeron estos hechos ACS tenía un paquete muy importante de acciones de Iberdrola y que no contaba con el beneplácito del presidente Sánchez Galán. De hecho, tal y como consta en estos audios recogidos por La Información, el empresario habló de una campaña mediática contra su persona y admitió que se enteró de los informes de Villarejo porque dos periodistas, cuya identidad no reveló, le contaron que un digital poseía material suyo y que le pedirían un millón de euros a cambio de no publicarlo. De hecho, apuntó que comentó la cuestión con el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán y que éste le dijo que no hiciera nada y que no se preocupara en exceso porque se trataba de dossieres inventados. "Noté la extorsión claramente", sentenció.
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